miércoles, 2 de septiembre de 2015
Ombudsman venezolano: Colombia debe aplaudir y no acusar a Venezuela en CPI

Caracas, 2 sep (EFE).- Colombia debe pedir «un reconocimiento mundial» para Venezuela por los «6 millones de colombianos» que cuenta entre sus 30 millones de habitantes y no pretender acusarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI), dijo hoy el defensor del pueblo venezolano, Tarek Wiliam Saab.
«A Venezuela más bien hay que darle un reconocimiento mundial. Colombia debiera ir a algún organismo multilateral (…) y hacerle un reconocimiento público a Venezuela por haber sido el país del mundo que más colombianos ha acogido en su seno para garantizarle sus derechos humanos», remarcó en una rueda de prensa.
Al calor de la crisis desatada entre ambas naciones vecinas por la deportación de indocumentados tras el cierre de una faja de la frontera ordenada hace dos semanas por el presidente, Nicolás Maduro, el ombudsman pidió que Colombia «enaltezca» la bandera de Venezuela que también «es la de 6 millones de colombianos».
Maduro dictó la medida tras un ataque de supuestos contrabandistas a tres militares en el estado de Táchira y dentro de un plan gubernamental de combate al contrabando de alimentos y otros productos hacia Colombia.
Tarek Wiliam Saab pidió el reconocimiento para su país un día después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciara que la Fiscalía colombiana está «considerando seriamente» denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Maduro por presuntos «crímenes de lesa humanidad».
Esos «crímenes de lesa humanidad» se perpetraron, según Santos, con la deportación de centenares de colombianos que Maduro ha dicho fueron repatriados por ser indocumentados y habitar una zona que estaba supuestamente controlada por paramilitares colombianos.
El anuncio de Santos se basa en «mentiras y falacias» y demuestra una «aberración, una ignorancia jurídica» que esconde «mala fe contra el Estado venezolano», porque no hay «crímenes de guerra ni una política sistemática y permanente de exterminio masivo», hechos que permiten acudir a la CPI, añadió el funcionario.
«Lo que ha existido es un acto sistemático y permanente de atención» de Venezuela a ciudadanos colombianos, subrayó.
Además de los 5,6 millones de colombianos con residencia legal en Venezuela, alrededor de otros 200.000 han solicitado el estatus de refugiado político ya concedido a otros «casi 6.000», lo que, sumado a otros indocumentados, alcanza el total de 6 millones, detalló.
El defensor del pueblo venezolano criticó que nunca se haya producido «una declaración pública de un presidente colombiano, o de un canciller o de algún otro alto funcionario, desglosando» las cifras de sus compatriotas emigrados hacia Venezuela.
Más bien «lo que uno escucha son improperios y amenazas; si no es una amenaza de invadir a Venezuela ahora es la amenaza de llevarlo a una instancia internacional (…) en un acto de propaganda para lesionar la imagen democrática de Venezuela en el mundo», remarcó.
También acusó a los funcionarios colombianos de «mentir de manera descarada» al sostener, «sin ninguna prueba», que en esta crisis incluso niñas colombianas «han sido abusadas sexualmente por militares venezolanos».
«Es una afrenta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana» este tipo de señalamientos que buscan «ofender» y que evidencian una «doble moral» porque «54 niñas menores de edad fueron abusadas, agredidas sexualmente por soldados estadounidense que están en las bases militares de Colombia» y que nunca serán castigados, sostuvo.
Tampoco se hará justicia, remató, con los 120 defensores de derechos humanos «asesinados por el Estado colombiano entre 2012 y 2014», ni con las 96.000 personas «desaparecidas en 2014 según la Cruz Roja».