Río de Janeiro, 16 sep (EFE).- El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando Monteiro, criticó hoy una de las medidas del programa de ajuste propuesto esta semana por el Gobierno para superar las maltrechas cuentas públicas e impedir que otras agencias le reduzcan la nota de riesgo al país.
Monteiro, que presidía la patronal de los industriales antes de asumir como ministro, criticó en un pronunciamiento en un seminario la medida que reduce los beneficios fiscales que el Gobierno concede a los exportadores de productos industriales.
«Quiero decir, de forma muy tranquila, que me manifesté públicamente (contra la medida) y que alerté que se trata de una señal negativa, ya que genera incertidumbre sobre las reglas», dijo el expresidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
Según el ministro, la reducción de los incentivos a las exportaciones industriales le genera pérdidas al sector y perjudica las oportunidades de negocios en el exterior.
«Eso (la medida) altera las regalías y afecta los cálculos de los exportadores», dijo Monteiro, quien aclaró hacer la crítica a título personal y no como integrante del Gabinete.
«Se trata de una decisión del Gobierno y no quiero pronunciarme sobre eso porque trasciende mi visión, que es sectorial», dijo al admitir su posición como empresario.
La eliminación de los incentivos a los exportadores es la única de las 16 medidas del paquete de ajuste anunciado por el Gobierno que no depende de aprobación del Congreso, ya que puede ser adoptada mediante un decreto presidencial.
Según el Gobierno, la medida le generará un ahorro de 2.000 millones de reales (526,3 millones de dólares) al Gobierno en 2016.
El ajuste anunciado el lunes prevé recortes de gastos en el presupuesto público del próximo año por unos 26.000 millones de reales (6.842 millones de dólares) y nuevos impuestos que pueden elevar la recaudación en 40.000 millones de reales (10.526 millones de dólares).
En caso de que el Congreso lo apruebe tal como fue propuesto, pese a la resistencia ya anunciada hasta por legisladores oficialistas, el Gobierno conseguirá terminar 2016 con un superávit en las cuentas públicas equivalente al 0,7 % del Producto Interior Bruto (PIB).
En el presupuesto propuesto inicialmente estaba previsto un déficit fiscal equivalente al 0,5 % del PIB, lo que contribuyó para que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s redujera la nota de la deuda de Brasil al nivel BB+, considerado como de «bono basura», lo que supuso retirarle el «grado de inversión» que califica a los buenos pagadores y que el país ostentaba desde 2008.
El Gobierno presentó las medidas de austeridad en un intento de impedir un nuevo déficit en las cuentas públicas, que ya fue récord el año pasado; de evitar que otras agencias de calificación reduzcan sus notas; y de poner a flote una economía que entró en recesión.
La economía brasileña sólo creció un 0,1 % el año pasado y los economistas prevén que cerrará 2015 con una contracción en torno al 2,55 %, una tendencia que seguirá en 2016, para cuando se espera una caída del 0,60 %.
Según la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, el ajuste, pese a impopular, permitirá «el reequilibrio fiscal»; estimulará las inversiones y, con ello, ayudará a recuperar las tasas de empleo, que han caído con fuerza en los últimos meses.
Los empleados públicos ya anunciaron para el próximo miércoles una jornada de protestas contra las medidas de austeridad, en especial contra las que congelan los salarios de los funcionarios y suspenden los concursos para contratar personal para los organismos estatales.
El paquete de ajuste fiscal también ha sido rechazado por los empresarios, la oposición y algunos sectores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).