martes, 22 de septiembre de 2015
Elevan penas a exagentes de Pinochet por asesinato de fotógrafo en dictadura

Santiago de Chile, 22 sep (EFE).- La Corte de Apelaciones de Santiago elevó hoy las penas a tres exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en el homicidio de un opositor de la dictadura el 18 de enero de 1981.
Según información proporcionadas por la CNI, Leandro Arratia Reyes, de 36 años, fotógrafo y militante del Partido Comunista de Chile, fue abatido por efectivos del organismo tras intentar oponer resistencia a su detención.
El tribunal chileno, en un fallo dividido en su Quinta sala, condenó a 10 años y un día de presidio a los exagentes Álvaro Corbalán Castilla, Roberto Schmied Zanzi y José Aravena Ruiz, en calidad de autores del delito.
En primera instancia, el pasado 14 de mayo, el juez especial Mario Carroza había sentenciado a los autores del delito a la pena de siete años de prisión.
Álvaro Corbalán, que fue jefe operativo de la CNI en Santiago, está en prisión, sentenciado a cadena perpetua y a otras penas, tras ser condenado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
En el aspecto civil, el tribunal de alzada capitalino confirmó el fallo que ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización, por daño moral, de 100.000.000 de pesos (unos 143.884 dólares) a la viuda e hijos de Leandro Arratia Reyes.
Según declaraciones de familiares de la víctima recibidas en la Comisión, en la madrugada del 14 de enero de 1981, el domicilio de Leandro Arratia, ubicado en el municipio de Conchalí, fue allanado por efectivos de seguridad que exigieron al fotógrafo reconocer antiguas amistades e informar de sus actividades.
Según esas mismas declaraciones, el día 16 de enero, el militante fue abordado por un individuo mientras esperaba la locomoción, tras lo cual no se tuvieron más noticias.
Considerando los relatos anteriores, la militancia de la víctima, el allanamiento y seguimiento de que había sido objeto y otros antecedentes reunidos, la Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, llegó a la convicción de que Arratia fue ejecutado por efectivos de la CNI.