Fernando Gimeno
Lima, 27 sep (EFE).- La tensión entre el Gobierno de Perú y el Congreso se ha reavivado por la decisión del presidente Ollanta Huamal de devolver al Parlamento la ley que autoriza a la empresa estatal Petroperú a explotar el lote 192, el campo petrolífero de mayor producción del país.
El mandatario se mantuvo firme en su oposición a que Petroperú vuelva de manera inmediata a la explotación de hidrocarburos y ahora se enfrenta de nuevo al Congreso, decidido a aprobar la ley tras las protestas en la región amazónica de Loreto, donde se ubica el lote 192.
Humala agotó hasta el último día el plazo para revisar la ley y mantiene así el pulso al Parlamento en un momento donde registra el nivel más alto de desaprobación de su mandato (85 %) y el segundo nivel de popularidad más bajo en ese mismo período (12 %).
Entre las condiciones planteadas por el Gobierno para aprobar la norma, está cambiar la adjudicación directa de la explotación a Petroperú a cambio de que la compañía estatal participe en una licitación cuando finalice el contrato de dos años suscrito en agosto por el Ejecutivo con la canadiense Pacific.
A pesar de la presión para que saliera adelante la norma, la postura del Gobierno es respetar el contrato con la actual operadora para evitar un denuncia que desencadenara en una indemnización del Estado a la compañía privada.
El Ejecutivo planteó además que una hipotética adjudicación del lote a Petroperú no debe implicar un aumento del gasto público, que el presidente de la compañía estatal, Germán Velásquez, cuantificó en 45 millones de dólares para los primeros tres meses.
La observación de la ley agudiza también el quiebre entre Humala y la agrupación parlamentaria del Partido Nacionalista, ya que la mayoría de los congresistas oficialistas votaron a favor de la norma.
Las condiciones planteadas por el Ejecutivo para sacar adelante la ley encontrarán una fuerte oposición en el Parlamento porque el partido fujimorista Fuerza Popular, primera fuerza parlamentaria, adelantó que votará a favor de la ley con los mismos planteamientos que en la primera ocasión.
La norma plantea modificaciones a la ley 30130, que obliga a Petroperú a dar prioridad al proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Talara, cuya inversión es de alrededor de 3.500 millones de dólares.
La observación de la ley se produjo además un día después de que una delegación gubernamental alcanzara un acuerdo con las comunidades nativas que habitan el lote 192, cuyos pozos mantenían paralizados para reclamar indemnizaciones y pagos en compensación del uso de las tierras por parte de Pacific.
La mayor preocupación de los indígenas de la zona es obtener el compromiso del Gobierno y del nuevo operador de remediar la contaminación y los pasivos ambientales dejados en el lugar por la argentina Pluspetrol, que explotó el yacimiento desde 2001 hasta agosto.
El lote 192, situado en la frontera de Perú con Ecuador, representa el 17 % del total de producción de petróleo del país, con una extracción diaria de unos 11.000 barriles de crudo.
La población de Loreto también pretende que el Congreso mantenga la disposición del ingreso inmediato de Petroperú en el campo petrolífero.
El Frente Patriótico de Loreto convocó una asamblea en los próximos días para acordar si emprende medidas para repetir las manifestaciones y el paro regional que realizó este mes como rechazo a la explotación privada del petróleo de la región.