Brasilia, 8 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, afirmó hoy que será lento el análisis de los balances públicos del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, que el miércoles fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas.
Cunha dijo en declaraciones a periodistas que la votación de las cuentas relativas al ejercicio de 2014 se realizará previsiblemente el año próximo y recalcó que «no hay plazo» máximo para concluir las deliberaciones.
La aprobación o el rechazo de las cuentas públicas es una atribución exclusiva del Legislativo, aunque el Gobierno sufrió un revés con la decisión del Tribunal de Cuentas de recomendar al Parlamento que vote en contra.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de la oposición, consideró que el rechazo a las cuentas del Gobierno «abre el camino» para impulsar un proceso de destitución de Rousseff.
Para los opositores, el dictamen del Tribunal de Cuentas prueba que Rousseff incurrió en un «delito de responsabilidad», que es uno de los presupuestos que la Constitución contempla como un motivo para iniciar un juicio político con miras a la destitución del jefe de Estado.
El Tribunal de Cuentas halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014, entre ellos la omisión de deudas millonarias y la realización de maniobras para maquillar la dimensión del déficit fiscal.
El informe del Tribunal de Cuentas, que suma 2.000 páginas, señala que el Gobierno omitió de su balance el cálculo de deudas que suman 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares).
Según el Tribunal, este cálculo equivocado le permitió al Gobierno justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
La oposición consideró que esa política de fuerte gasto público apoyada en «ilegalidades» tenía como único objetivo mejorar la imagen de Rousseff de cara a las elecciones de octubre de 2014.
Después de conocer la decisión del Tribunal de Cuentas, el Gobierno defendió por medio de un comunicado la «absoluta legalidad» de sus balances.