La Habana, 8 oct (EFE).- Los negociadores del Gobierno de Colombia rechazaron hoy la «arremetida verbal injustificada e inaceptable» de las FARC, que apelan a cumplir la «palabra empeñada» en el acuerdo sobre justicia, e insistieron en que se trata de un «documento en desarrollo» que requiere precisiones.
«Hubo un acuerdo plasmado de diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable», aclaró hoy ante la prensa en La Habana el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
De la Calle aclaró que lo que las partes acordaron fueron las «bases» del sistema integral de justicia para la paz, un documento de diez puntos; que se basó en un documento más extenso de 75 puntos, que «la delegación del Gobierno siempre sostuvo que se trataba de un documento en desarrollo que exigía ser terminado y precisado».
De la Calle indicó que la noche antes de anunciar el acuerdo, él personalmente, como jefe de la delegación dijo a los negociadores de las FARC: «al documento le falta, podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido que exige mayores desarrollos y en algunos casos, precisiones».
Insistió en el que en la mañana del 23 de septiembre -cuando se anunció en La Habana el acuerdo con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko»- se comunicó telefónicamente con el jefe negociador de la guerrilla «Iván Márquez» para advertirle de que firmaría el documento junto a la anotación «documento en desarrollo».
De la Calle aclaró los puntos del pacto de justicia en los que las partes todavía no se han puesto de acuerdo, entre los que destacó que el Gobierno rechaza que el secuestro pueda ser objeto de amnistía; el alcance y garantías frente a las ordenes de extradición y las condiciones de la restricción efectiva de la libertad para los que reconozcan sus delitos.
También indicó que el tratamiento de los agentes del Estado en la jurisdicción especial para la paz «no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia por parte de las autoridades competentes» y que la elección de los magistrados del tribunal de paz no ha sido acordada.
Para cerrar estos puntos, De la Calle señaló que el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas que diseñó el acuerdo, a lo que las «FARC se han negado».