Brasilia, 8 oct (EFE).- El Gobierno brasileño negó hoy que la eventual reprobación por parte del Congreso de los balances públicos de 2014, como ayer recomendó el Tribunal de Cuentas, pueda conducir a un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La cuestión fue tratada hoy brevemente en una reunión ministerial encabezada por Rousseff antes de emprender su viaje a Colombia, según afirmó el titular de la cartera de Presidencia, Jaques Wagner, en la rueda de prensa posterior al encuentro.
Según el ministro, «varios constitucionalistas» rechazan que se pueda establecer una conexión entre la reprobación de las cuentas públicas y la apertura de un proceso de destitución de la mandataria.
Wagner recalcó que el Tribunal de Cuentas emitió un dictamen técnico que deberá ser votado por el Congreso, donde el oficialismo podría lograr la aprobación de los balances referentes al ejercicio fiscal de 2014.
Esta votación previsiblemente tendrá lugar en 2016, según dijo hoy el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien también es la autoridad competente para admitir a trámite o denegar las peticiones para abrir procesos de destitución del jefe del Estado.
El Tribunal de Cuentas halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014, entre ellos la omisión de deudas millonarias y la realización de maniobras para maquillar la dimensión del déficit fiscal.
El informe del Tribunal de Cuentas, que suma 2.000 páginas, señala que el Gobierno omitió de su balance el cálculo de deudas que suman 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), con la supuesta intención de impulsar una política de gasto de la que sacar réditos electorales en los comicios presidenciales de 2014.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de la oposición, consideró que el dictamen del Tribunal de Cuentas es una «prueba» de que Rousseff incurrió en un «delito de responsabilidad», que es uno de los presupuestos que la Constitución contempla como motivo para iniciar un juicio político en su contra.
No obstante, según Wagner, el hecho de que las supuestas irregularidades ocurrieron en 2014, durante el primer mandato de Rousseff, imposibilita que se puedan utilizar legalmente como base para este tipo de procesos.
Asimismo Wagner manifestó «preocupación desde el punto de vista democrático» por el hecho de que el proceso de destitución «se pueda usar como herramienta política» por parte de la oposición y porque se haya convertido en «un tema de conversación de todos los días».