Asunción, 9 oct (EFE).- El tribunal que juzga la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, resolvió hoy suspender por octava vez el proceso al presentarse un nuevo abogado, informó a Efe Víctor Azuaga, defensor de seis de los acusados.
El nuevo abogado, Oliver Narváez, pidió la suspensión del proceso para estudiar la causa, al incorporarse este viernes al equipo de defensores en representación de Arnaldo Quintana, campesino acusado de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en relación con los hechos que provocaron la masacre de Curuguaty en junio de 2012.
Con Narváez suman seis los abogados que defienden a once acusados, quienes además de los cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal están imputados por homicidio doloso en grado de tentativa por la muerte de seis policías durante la masacre.
Otro de los acusados, Felipe Nery Urbina, imputado por un presunto delito de frustración a la persecución penal, fue apartado hoy de la causa a pedido de la defensa, y será juzgado en un procedimiento separado, explicó Azuaga.
El defensor de Urbina, el abogado Joaquín Díaz, había solicitado ya en la anterior sesión del proceso que su defendido fuera apartado, debido a una «recaída en su salud», tras los más de dos meses transcurridos desde que se iniciara el juicio en Asunción.
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió durante un violento desalojo en dichas tierras el 15 de junio de 2012, ocupadas por los campesinos de la zona para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
El terreno conocido como Marina Kué, donde se produjo la masacre, consta de unas 2.000 hectáreas de tierras en litigio desde hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Hace un mes, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de ley que declara a estas tierras «área silvestre protegida bajo dominio público, a perpetuidad, con la categoría de reserva científica de estricta protección».
El proyecto, ahora a estudio del Senado, aceptaría una supuesta donación de la finca al Estado por parte de la familia Riquelme, una iniciativa a la que se oponen varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que argumentan que el litigio sobre la titularidad de la tierra aún no ha sido resuelto.
La finca se mantiene ocupada desde hace más de tres meses por decenas de campesinos sin tierras, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre, que han instalado allí sus cultivos y sus casas.
La masacre de Curuguaty desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Mientras que los campesinos enfrentan diversos cargos dentro del proceso judicial, la Fiscalía no ha imputado a nadie por la muerte de los once labriegos durante el tiroteo.