Eduardo Davis
Brasilia, 13 oct (EFE).- Brasil espera la decisión del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, sobre un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, que puede llegar a precipitarse por nuevas denuncias de maniobras fiscales irregulares.
Cunha está en la lista de medio centenar de políticos sospechosos de integrar la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, pero su cargo le da la potestad de decidir sobre un posible proceso contra Rousseff, a quien la oposición pretende desalojar del poder por irregularidades en las cuentas fiscales del año pasado.
El jefe de la Cámara baja pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, pero hace meses anunció su decisión «personal» de pasar a la oposición y ha sido apoyado por otros dirigentes de esa formación, la más influyente de la coalición gobernante.
La decisión de Cunha, que mantiene en vilo al país, puede ser tomada esta misma semana, según dijeron diversas fuentes políticas, aunque el presidente de la Cámara de Diputados ha dado señales de que pretende negociar con distintos partidos antes de anunciarla.
El presidente de los Diputados tiene actualmente sobre su mesa una petición de juicio contra la jefe de Estado presentada por un grupo de reconocidos juristas, incluyendo Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y hoy disidente de la formación, que acusa a Rousseff de maquillar los balances de las cuentas públicas.
Cunha ha archivado hasta ahora la mitad de una veintena de solicitudes de juicio contra Rousseff presentadas en los últimos meses, aunque ninguna de ellas se refería a las maniobras fiscales, que la Constitución contempla como posible motivo para destituir a un mandatario.
El Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano de contraloría del Estado brasileño, reprobó la semana pasada los balances del Gobierno de Rousseff referentes a 2014, cuando fue reelegida, y pidió que el Congreso haga lo mismo, lo cual puede dar pie al proceso de destitución.
Según ese organismo, el Gobierno omitió en sus balances deudas por 106.000 millones de reales (27.894 millones de dólares), con lo cual justificó políticas expansivas insostenibles a pesar de que los números imponían contener el gasto, que en contra de lo recomendado se expandió en medio de la campaña de Rousseff a la reelección.
De acuerdo con el tribunal, el Gobierno incurrió en un «delito de responsabilidad fiscal», que la Constitución contempla como uno de los motivos suficientes para abrir un juicio político con miras de destitución de un jefe de Estado.
Abogados vinculados al gobernante PT, de Rousseff, sostienen que una «falta administrativa» cometida en el mandato anterior no puede ser esgrimida para juzgar al actual Gobierno y pidieron que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso, lo cual aún no ha ocurrido.
Sin embargo, la situación de Rousseff se ha agravado en la última semana, con la sospecha de que las maniobras fiscales realizadas por el Gobierno durante 2014, ya rechazadas por el Tribunal de Cuentas, se han mantenido en los últimos meses, con lo cual corresponden al segundo mandato que la presidenta inició el pasado 1 de enero.
Los más importantes partidos de la oposición, agrupados en un llamado «Movimiento Pro-Impeachment», han anunciado que esta semana pretenden anexar a un pedido de juicio político contra Rousseff, que aún debe analizar Cunha, las sospechas de nuevas maniobras en las cuentas de este año.
Esas denuncias fueron formuladas por el procurador Julio Marcelo de Oliveira, del Tribunal de Cuentas, pero el organismo aún no las juzgado, por lo que no tendrían el mismo peso legal que las del año anterior, según han considerado algunos analistas del área jurídica.
La misma incertidumbre que se cierne sobre el futuro de Rousseff pesa sobre Cunha, sobre todo porque en los últimos días han surgido nuevos indicios de que obtuvo al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó en Petrobras y que habría depositado en cuentas secretas en Suiza.
Con base en esas denuncias, hasta los partidos opositores que promueven un juicio contra Rousseff han exigido que Cunha renuncie a la presidencia de la Cámara Baja, temerosos de que una decisión suya en la acción contra la mandataria le reste «legitimidad» al proceso.
Cunha, sin embargo, ha alegado inocencia y declarado que no tiene planes de renunciar, así como ha asegurado que su decisión sobre un juicio contra Rousseff se basará en un «estricto análisis» desde el punto de vista jurídico.