Brasilia, 14 oct (EFE).- La oposición brasileña anunció hoy que se propone presionar por la apelación de una medida cautelar dictada por tres jueces de la Corte Suprema que dificulta el posible inicio de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
La cautelar, publicada este martes, niega la posibilidad de que si un pedido de apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff es rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la oposición pueda recurrir esa decisión en el pleno de ese órgano legislativo.
Ese procedimiento había sido acordado en la Cámara baja pero, de acuerdo con tres magistrados del Supremo, contraría una ley de 1950 que establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.
Según esa ley, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe exclusivamente al presidente de la Cámara baja y debe estar fundamentada en razones de estricto orden jurídico.
El jefe de la bancada del partido Demócratas (DEM) en la Cámara de Diputados, José Mendonça Filho, dijo que el bloque opositor le ha pedido a Cunha que se dirija al Supremo para exigir que sea restablecido el procedimiento y el pleno de los legisladores pueda decidir.
En opinión de los opositores, el Congreso tiene potestades para decidir sobre sus propias normas y la cautelar del Supremo puede suponer una «intromisión» del Poder Judicial en el Legislativo.
Según Mendonça Filho, un asunto de tal «trascendencia» debería ser juzgado por los once miembros del Supremo y no solamente por los tres magistrados que respaldaron la cautelar.
El pedido de apelación dirigido a Cunha lo firmaron los partidos Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Solidaridad (SD) y Demócratas (DEM), los principales de la oposición y que se han agrupado en un llamado «Movimiento Pro-Impeachment».
Mendonça Filho dijo a periodistas que, en caso de que Cunha se niegue a apelar, esos cuatro partidos se dirigirán directamente a la Corte Suprema con el mismo objetivo.
La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.
Cunha, aunque pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), declaró hace unos meses su posición personal de pasar a la oposición y hasta ahora ha rechazado once pedidos de juicio político contra Rousseff pues carecían de los necesarios fundamentos jurídicos.
Sin embargo, aún tiene sobre su mesa otras tres solicitudes y al menos una de ellas cumpliría con esos requisitos, según sostiene la oposición.
De acuerdo con esa solicitud, Rousseff incurrió en un «delito de responsabilidad» al promover maniobras contables para maquillar los resultados fiscales de 2014, que el Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, ha reprobado.
El asunto, aún así, se discute en la Justicia, pues abogados vinculados al Gobierno insisten en que una «falta administrativa» cometida en 2014, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero, y han pedido al Supremo que se pronuncie sobre el caso.
Frente a esa tesis, la oposición ha anunciado que anexará a sus pedidos de juicio contra Rousseff un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que sostiene que esas maniobras fiscales de 2014 se repitieron en los primeros meses de este año, con lo cual serían referidas al nuevo mandato de la presidenta.