Santiago de Chile, 20 oct (EFE).- El subsecretario de las Fuerzas Armadas de Chile, Gabriel Gaspar, tildó hoy de «condenable» las acusaciones al Ejército chileno por la desaparición de varios millones de dólares de sus arcas a través de facturas adulteradas.
«Quisiera destacar que esta investigación fue iniciada por denuncias del propio Ejército y ratificada por el Ministerio de Defensa ante el Consejo de Defensa del Estado, vale decir esto, surge de irregularidades y presuntos delitos», señaló la autoridad militar chilena.
La información, que fue revelada la semana pasada por el semanal satírico, «The Clinic», denunció la desaparición de varios millones de dólares de sus arcas a través de facturas adulteradas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada «Ley Reservada del Cobre».
Según el semanario, los desfalcos habrían comenzado el 2010, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y continuaron hasta marzo del 2014.
Gaspar agregó que hay gente dentro del cuerpo castrense que está confesando e insistió que el Ministerio de Defensa «puso en manos de la Justicia esta materia y ahora corresponde que actúen estas instancias con la rigurosidad del caso», apostilló.
El subsecretario, que mañana deja el cargo para asumir como parte del equipo que defenderá a Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, frente a la demanda marítima de Bolivia, enfatizó en que «es condenable y por lo mismo nosotros colocamos (el caso) en manos de la Justicia».
Tras las revelaciones del «The Clinic», el defraude de los militares superaría los 2 mil millones de pesos (unos 2,9 millones de dólares).
Entre los involucrados están imputados un coronel y un cabo que cumplen prisión preventiva, y un proveedor (civil) que facilitó las facturas por compras ficticias de material bélico.
Según «The Clinic», se revela «por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el Gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas».
Esos informes están respaldados por las firmas de exautoridades chilenas, como son los exministros de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter y Felipe Larraín,y el actual ministro de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, entre otros.
Los fondos desfalcados pertenecerían al Fondo reservado del Cobre, un capital destinado (el 10 % de las ganancias de las ventas del metal rojo) a la renovación de equipos y armamentos con el que cuentan las fuerzas armadas desde 1958, y que profundizó el dictador, Augusto Pinochet.
Uno de los involucrados en el desfalco, es el oficial de la Contraloría del Ejército de Chile, Juan Carlos Cruz, que según las indagaciones gastó 140 millones de pesos (96.180 mil dólares), pertenecientes a la institución castrense, en un casino aledaño a la capital chilena.
Actualmente se llevan a cabo dos investigaciones paralelas, una de la VI Fiscalía Militar, que escudriña entre los uniformados y otra de la fiscalía centro-Norte de Santiago, que indaga a los civiles involucrados en el escándalo militar.