Santiago de Chile, 26 oct (EFE).- La Justicia chilena dictó hoy condenas por homicidio, secuestro y asociación ilícita a nueve exagentes de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por el crimen del cabo del Ejército Manuel Leyton, asesinado en marzo de 1977.
Según fuentes judiciales, el ministro en visita (juez especial), Alejandro Madrid, sancionó a los miembros de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de quince años de presidio, como autores del delito de homicidio; además de tres años y un día por su responsabilidad como autores del delito de secuestro.
El juez agregó a esas condenas, una de 541 días por el delito de asociación ilícita.
Madrid también condenó al exagente Hernán Sovino Maturana, a diez de prisión por ser cómplice del delito, a tres años y un día como autor de delito de secuestro y 541 días por asociación ilícita.
En la misma línea, el juez determinó una condena de cinco años y un día de presidio por asociación ilícita para Vittorio Orvietto Tiplitzky.
Asimismo, los exagentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de cinco años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio.
Otros dos ex miembros del aparato represor, uno de los más cruentos de las dictaduras militares de suramérica, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda, fueron condenados a penas de tres años y un día de presidio también como encubridores del homicidio.
El cabo Leyton fue asesinado en un centro médico de fachada, utilizado por el organismo represor, al ser detenido luego de un incidente con funcionarios de Carabineros según detallaron fuentes judiciales.
La investigación logró determinar que el funcionario militar, que también trabajó para la Dina, fue asesinado con gas sarín al ser acusado de haber entregado información sobre detenidos desaparecidos que fueron arrestados y mantenidos en el centro de tortura «Simón Bolívar».
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestradas, torturadas y encarceladas por causas políticas.