Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- Varios miles de funcionarios públicos chilenos marcharon hoy para respaldar el paro indefinido de los trabajadores Registro Civil, que hoy cumple 30 días de movilización con el objetivo de exigir mejoras salariales.
La marcha de los funcionarios ha convocado a dirigentes de distintas regiones del país, quienes han llegado a Santiago para solidarizarse con sus pares que llevan un mes de paralización.
Bajo el lema «todos somos Registro Civil», unas 3.000 personas, según fuentes policiales, desfilaron por las calles de Santiago, Valparaíso y otras ciudades del país para reivindicar que «no se trata de un paro ilegal».
Entre los servicios que respaldaron el paro del Registro Civil se encuentra, entre otros, el Servicio Médico Legal, las intendencias, la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos y Gendarmería (Servicio de Prisiones).
A lo largo de las últimas cinco semanas, el Gobierno de Chile ha calificado el paro de «ilegal» e «injustificado» y se ha negado a dialogar con los movilizados, motivo por el cual, el pasado lunes, los funcionarios del servicio radicalizaron la protesta y eliminaron los turnos humanitarios (turnos éticos).
«Dicen que este paro es inconstitucional pero se respaldan en una Constitución que no tiene representatividad porque fue hecha en una dictadura», criticó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.
El ministerio de Justicia de Chile abrió la semana pasada un sumario administrativo para establecer responsabilidades por el tiempo no trabajado y la Contraloría General de la República solicitó los nombres de los funcionarios que a lo largo de este mes se han unido a la movilización.
«En vez de mostrar soluciones y propuestas, llegan las amenazas, los descuentos, despidos y ley de seguridad del Estado», afirmó de la Puente, refiriéndose a las medidas tomadas por el Gobierno.
Tras una escalada del conflicto, el Ministerio de Justicia se sentó este martes a dialogar con los dirigentes de los trabajadores y les ofreció un incentivo de satisfacción neta, un bono sujeto a una evaluación de su atención al público.
Según fuentes al tanto de las negociaciones, el acuerdo se trabó porque los funcionarios exigían un bono de un millón de pesos (1.400 dólares) a pagar durante 2016.
La presidenta de los empleados del Registro Civil, Nelly Díaz, afirmó este miércoles que la propuesta del Gobierno es «indecente».
«Somos uno de los servicios públicos que tiene sólo una asignación para mejorar nuestra remuneración. Hoy nos piden que pongamos en juego esa asignación y nos bajemos del paro», dijo Díaz.
«Esto ya no es un tema financiero, es un tema de dignidad para los funcionarios públicos. Las autoridades de gobierno lo único que han hecho es amedrentar a los funcionarios del registro civil», agregó.
La huelga ha originado la acumulación de más de un millón de trámites pendientes y ha imposibilitado la atención a cerca de 100 mil chilenos y extranjeros.
El Registro Civil es el encargado de emitir las cédulas de identidad, pasaportes y certificados de antecedentes penales, y de inscribir matrimonios y nacimientos, entre otros trámites.