Bogotá, 11 nov (EFE).- La figura del funcionario ejemplar perseguido en el conflicto armado colombiano por «pretender hacer las cosas bien» es reivindicada en un libro presentado hoy en Bogotá que cuenta las historias de doce trabajadores que pagaron con sangre o exilio el atrevimiento de no dejarse amedrentar por la violencia.
«La vida por la justicia», idea de Oxfam Intermón llevada a cabo por 12 periodistas del portal VerdadAbierta.com, recupera uno de los muchos dramas que esconde la contienda para demostrar que incluso en medio del caos no faltó quienes buscaron hacer las cosas, como dicen los colombianos, «al derecho».
La cifras dan cuenta de que muchos lo intentaron, pues solo en la rama judicial 1.280 funcionarios «perdieron sus vidas, su libertad o sus carreras por impedir que la impunidad se instalase en el país», sostienen los impulsores de este libro, que sale a la venta por Icono editorial.
«Se trata de mostrar eso, el compromiso en la Justicia, gente que hizo mucho en la Justicia y terminaron matándolos», cuenta a Efe Marta Ruiz, coordinadora del equipo de periodistas que durante más de seis meses han recorrido el país para buscar entre esa marea de casos una docena de historia representativas.
Escoger fue, reconoce, lo más difícil, pero se centraron en encontrar «gente muy emblemática en cada región».
«También tratamos de ver gente con historias sobre las que se ha escrito menos», comenta Ruiz, que destaca la complejidad de dar con personas dispuestas a hablar porque el miedo aún es fuerte en parte por la impunidad de la que gozan los asesinos y en parte por las secuelas de la violencia.
Sin embargo, consiguieron desbrozar a través de familiares, compañeros de trabajo y muchas fuentes documentales casos como el de Iván Villamizar, quien fue defensor del pueblo de la región de Norte de Santander (noreste) y el primero que alertó al país de los ríos de sangre que correrían por la región del Catatumbo.
También repasan el caso de Sergio Parra, uno de los más brillantes funcionarios judiciales del CTI de la Fiscalía acribillado por investigar la economía y logística de los paramilitares en Antioquia o la de Marta Hernández, directora del Parque Tayrona asesinada por impedir que este ecosistema se convirtiese en un enclave del narcotráfico.
Ruiz cuenta que los reportajes, que fueron publicándose periódicamente, tuvieron un fuerte impacto en las redes sociales porque permitió que muchas comunidades que conocían a los funcionarios se sintieran «reivindicadas».
Pese a que no faltaron los compañeros que tomaron el relevo de estos trabajadores «ejemplares», la periodista considera que la huella de estas acciones aún es bien visible.
«Lo que más me impresiona es el impacto de la violencia en las instituciones. Esta gente dio su vida pero la muerte de ellos atemorizó al resto, y yo creo que de alguna manera también las instituciones se dejaron acobardar», sostiene.