Caracas, 28 nov (EFE).- El Gobierno venezolano citó hoy a los embajadores de países y organismos internacionales acreditados en Caracas para pedir que transmitan «la verdad» de lo que sucede en la campaña electoral de las parlamentarios de la próxima semana tras constatar «pronunciamientos de mala fe en contra de Venezuela».
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, en compañía de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, canciller y jefe de la campaña electoral oficialista, respectivamente, expuso ante los embajadores que se trata de un plan que premeditadamente busca que el presidente del país, Nicolás Maduro, sea culpado de hechos de violencia.
«Es una terrible andanada de arremetida mediática», subrayó el vicepresidente.
En tanto, la canciller dijo que «las corporaciones mediáticas mundiales» se han aprovechado de «un hecho aislado» para desatar una «campaña en contra de Venezuela» que «ha originado confusiones, tergiversaciones en el mejor de los casos, y algunos pronunciamientos de mala fe en contra de Venezuela».
Aludieron con ello a la muerte, el miércoles pasado, del opositor Luis Manuel Díaz, tiroteado durante un acto de campaña electoral de la oposición en el interior del país, y quien con posterioridad se conoció que poseía un prontuario penal.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recomendó que el Gobierno de Venezuela convocara a los embajadores y explicara el asunto, admitió Arreaza, tras sostener que el gobernante del país centroamericano pensó que Díaz era un dirigente opositor histórico.
«Me decía (Varela) que (creyó que) mataron a un dirigente histórico y cuando le explico (quien era) me dice: ‘es importante que los embajadores le transmitan a sus cancillerías esta información, porque el cerco mediático que hay al respecto es increíble. Lo que usted me está diciendo, vicepresidente, no lo he leído yo ni lo he escuchado yo en ninguna parte», relató Arreaza.
El fallecido, prosiguió Arreaza, «ordenaba asesinatos» desde la cárcel en la que cumplía pena por homicidio y tras ser excarcelado pasó a ser dirigente regional del partido opositor Acción Democrática sin dejar «la banda de extorsionadores Los Plateados».
«Los Plateados» se encuentran en pugna con otra banda delictiva cuyos integrantes ordenaron el «asesinato por encargo», insistió.
«Decenas sino centenares de comerciantes y productores», agregó el vicepresidente, identificaron al fallecido «como cobrador de vacunas» (extorsiones), pero gobiernos y organizaciones internacionales expresaron rechazo a su muerte sin esperar las investigaciones.
«¿Ha habido alguna rectificación de quienes reaccionaron a los pocos minutos, horas?», se preguntó Arreaza y recordó que junto al fallecido se encontraba Lilian Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, acusado a casi 14 años de prisión por hechos de violencia.
El Gobierno «le ha ofrecido protección a la señora que dice que el Gobierno la va a matar», pero en realidad «ella pudiera ser objetivo de esos mercenarios de la derecha, de la ultraderecha» que, según «información certera» proporcionada por organismos de inteligencia «hay mercenarios a los que se les está pagando 30.000, 40.000 dólares por crimen político», advirtió.
«Ella y otros opositores aparecen en informaciones de inteligencia como objetivos, blancos. ¿Para qué? Para generar confusión y decir que fue el Gobierno», añadió Arreaza luego de repetir que guardaba «la esperanza» de que gobiernos y otras instancias que se pronunciaron precipitadamente «puedan rectificar».
«Les rogamos, queridos embajadores, embajadoras, representantes de organismos internacionales (…) que transmitan esta información a todas luces cierta y que ustedes la pueden corroborar. Díganle la verdad a sus Cancillerías para que la verdad sea la que triunfe», sostuvo.
La canciller Rodríguez expuso a su vez que tenía «la responsabilidad» de convocar a los embajadores para requerirles «que se dé información certera y oportuna a sus gobiernos y organismos internacionales».
Atribuyó «mala fe» al respecto al Gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea y los llamó, junto a otros que acusó de persistir «en actuaciones ilícitas, ilegales e ilegítimas en contra de Venezuela» a que «encaucen las relaciones enmarcadas en las normas internacionales».