Brasilia, 17 dic (EFE).- El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, restituyó hoy como jefe de su grupo en la Cámara de Diputados a un legislador cercano a la mandataria Dilma Rousseff.
El diputado Leonardo Picciani, quien hoy volvió a ser nombrado como jefe del PMDB en ese órgano legislativo, había sido separado del cargo por los sectores opositores de ese partido debido a su «cercanía» con Rousseff y su rechazo a un posible juicio con miras a su destitución.
Sin embargo, las alas oficialistas del PMDB forzaron hoy una nueva votación y Picciani, quien había sido sustituido por Leonardo Quintao, diputado de los sectores opositores de esa formación, fue restituido en el cargo de jefe del grupo del partido en la cámara baja.
El PMDB es la mayor fuerza política del país y el principal pilar de la coalición de Gobierno de Rousseff, pero alberga en su seno diversas facciones disidentes que se han sumado a la oposición en favor de un juicio político contra Rousseff.
El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por el Tribunal Supremo debido a que el oficialismo pidió esclarecer algunos asuntos relativos a la forma en que debe ser realizado el trámite.
Uno de los puntos objetados ante la corte fue una votación que se hizo en forma secreta para elegir a los miembros de una comisión especial de diputados que determinará si existen razones jurídicas que justifiquen la apertura de un juicio político contra Rousseff.
Los miembros de esa comisión son propuestos por los partidos, por lo que el cargo recuperado por Picciani puede ser clave en caso de que la corte se pronuncie contra la votación secreta, lo cual obligaría a una nueva elección de los integrantes de ese grupo.
Rousseff puede llegar a ser procesada con base en unas maniobras irregulares con que el Gobierno maquilló sus resultados fiscales de 2014 y los parciales de este año, que para la oposición constituyen un «delito de responsabilidad», que la Constitución contempla como una de las causas para destituir a un mandatario.
Sin embargo, la mandataria no acepta que haya incurrido en irregularidades y considera que las intenciones de la oposición de llevarla a un juicio político son una «forma de golpe» y suponen un «atentado» contra la democracia.