Eduardo Davis
Brasilia, 18 dic (EFE).- La reanudación del trámite para un eventual juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, puede quedar pendiente para el año próximo, después de que la Corte Suprema ordenó reiniciar todo el proceso en la cámara baja.
El tribunal, según informó este jueves, detectó «errores de procedimiento» en el proceso que comenzó hace diez días en la Cámara de Diputados, la cual, según confirmó hoy su presidente, Eduardo Cunha, parece inclinada a reiniciar el trámite sólo después del receso de fin de año.
Según el calendario del Parlamento, las «vacaciones» legislativas comenzarán el próximo martes y se prolongarán hasta el 2 de febrero, por lo que las únicas opciones serían suspender el receso o retomar el trámite para el juicio contra Rousseff en 2016.
«No puede haber sesiones extraordinarias durante el receso si eso no es aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado», explicó Cunha.
Aún así, dejó abierta la posibilidad de que eso sea tratado en una reunión que ha convocado para el lunes próximo con los jefes de los grupos de los partidos representados en la cámara baja, pese a que aclaró que el Senado debería respaldar cualquier iniciativa en ese sentido.
Sin embargo, el presidente del Senado, Renán Calheiros, declaró «clausurado» el «año legislativo» en esa cámara y argumentó que los cuartos de baño femeninos de la sede de ese órgano legislativo «estarán en obras» a partir del próximo lunes, por lo cual sería «imposible funcionar».
En su sentencia, el Supremo determinó que la Cámara de Diputados deberá elegir otra vez a los miembros de una comisión que analizará si existen razones jurídicas para el proceso contra Rousseff, lo cual supondrá repetir una votación realizada el pasado día 8.
Según la corte, la elección de los miembros de esa comisión, que supone el primer paso en el proceso contra Rousseff, no puede ser secreta y los candidatos a integrarla deben ser postulados por los partidos y escogidos en forma individual y no a través de listas.
De esa manera, quedó anulada la elección de los miembros de la comisión hecha hace diez días, cuando se presentaron dos listas de candidatos y se impuso la propuesta por sectores de oposición, en una votación realizada bajo secreto.
El Gobierno no comentó el fallo en forma oficial, pero hoy el ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, dio a entender que, si bien celebró la decisión, preferiría que el trámite no quedase pendiente hasta febrero y que las cámaras cancelaran el receso.
«Un proceso como ese no debería arrastrarse. Esa es la opinión de la presidenta Rousseff, que quisiera que se defina todo de la forma más rápida posible», declaró el ministro, quien, sin embargo, apuntó que se debe respetar la «soberanía» de los poderes del Estado.
Según muchos analistas políticos, el probable aplazamiento del reinicio del proceso puede ser un arma de doble filo para Rousseff.
Si por un lado le daría tiempo para articular fuerzas en el Congreso, también es posible que el malestar social por la crisis económica del país se agrave en los próximos meses y socave aún más su popularidad, situada ya en un bajísimo 10 %, según las encuestas.
A la crisis económica y su relación con el proceso político se refirió hoy el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, en una rueda de prensa en la que se negó una y otra vez a confirmar o desmentir los crecientes rumores sobre su posible salida del Gobierno, que para la prensa local es «inminente».
Según el ministro, la sola posibilidad de que la presidenta sea destituida crea «incertidumbre» en los mercados e impacta de forma negativa en la economía, por lo que la resolución de los problemas económicos pasará necesariamente por la superación de la crisis política.
«Los empresarios tienen mucha incertidumbre sobre el escenario económico, los mercados también, y nada de eso ayuda», reconoció Levy, cuya posible salida del Gobierno crearía un nuevo frente de crisis para Rousseff.