Eduardo Davis
Brasilia, 21 dic (EFE).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pasó casi todo 2015 haciendo piruetas sobre el filo de una navaja, con la economía del país hundida, un colosal escándalo de corrupción en Petrobras y una aguda crisis política que finalmente la ha dejado al borde de un posible «impeachment olímpico».
Brasil esperaba recordar el 2016 por los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro, los primeros que tendrán como sede un país del hemisferio sur, pero el año próximo comenzará marcado por un proceso con miras a la destitución de Rousseff, que en Brasil se conoce por el nombre que le da el derecho anglosajón.
El inicio del trámite para un posible «impeachment» (destitución) fue decidido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un tenaz adversario de Rousseff pero que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria de la Presidencia.
La justificación para poner en marcha ese proceso, que puede demorar meses hasta llegar a una definición, fueron unas maniobras financieras que el Gobierno hizo en 2014 y continuó en 2015, con la intención de maquillar sus pésimos resultados fiscales.
Pero el inicio del proceso que puede llevar a la destitución de Rousseff no fue más que el corolario de un «annus horribilis» para la mandataria, reelegida en 2104 para un segundo cuatrienio.
La primera gran hecatombe sufrida por el Gobierno de la heredera política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue causada por la investigación policial en la estatal Petrobras, que si bien se había iniciado en 2014, comenzó a relevar su verdadera dimensión durante este año.
La Policía descubrió que durante los últimos años había operado en la petrolera, la principal empresa del país y responsable de casi el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, una red de corrupción formada por partidos políticos, en su mayoría de la base oficialista, y algunas de las mayores firmas privadas del país.
La propia empresa estatal reconoció en sus balances que, entre 2004 y 2014, esa red se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares, que fueron repartidos entre exdirectores de la compañía y los políticos y partidos que facilitaron las corruptelas.
En lo político, la investigación afecta a medio centenar de dirigentes y golpea directamente al Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff y Lula, cuyo extesorero Joao Vaccari ya fue condenado a quince años de cárcel.
También están en la mira de la justicia los presidentes de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien tras iniciar el proceso contra Rousseff puede perder su escaño por su supuesta responsabilidad en la corrupción, y del Senado, Renán Calheiros, ambos del influyente PMDB.
Esa turbia situación judicial causó una aguda crisis política y condicionó a lo largo de este año las relaciones entre el Gobierno y su base de apoyo en el Congreso, que por momentos parecieron llegar a un punto de ruptura y que ahora serán claves para el curso del proceso abierto contra Rousseff, que será decidido en las cámaras.
Ese clima animó a una oposición que ya había salido fortalecida de las urnas el año pasado, cuando su candidato, el socialdemócrata Aécio Neves, perdió la segunda vuelta de las elecciones por escasos tres puntos porcentuales de diferencia frente a Rousseff.
A la corrupción y la crisis política, se sumó durante este año un agudo deterioro de la economía, que ha entrado en barrena y cerrará este año con una contracción superior al 3 %, una tendencia que se mantendrá en 2016, para cuando se prevé que se encogerá otro 2 %.
Frente a ese panorama, Rousseff optó por un impopular plan de ajuste de corte liberal que incluyó un fuerte recorte del gasto y un alza de impuestos, que ha enfriado la economía y redujo a mínimos la inversión estatal, que había sido el motor económico de Brasil en los últimos años.
Esa combinación de diversas crisis indignó a buena parte de la población y Rousseff fue objeto este año de tres grandes protestas, en las que llegaron a tomar las calles del país unas 2,5 millones de personas.
Entre las protestas, el ajuste fiscal que en su campaña electoral del año pasado había negado y las consecuencias políticas de la investigación en Petrobras, la popularidad de Rousseff ha caído a mínimos históricos y, según las últimas encuestas, no pasa del 10 %.
Con esa base parlamentaria fragmentada, el apoyo a su gestión en mínimos históricos y una situación económica que en el mejor de los casos sólo mejorará en 2017, Rousseff enfrentará un proceso que puede acabar con su mandato y expulsar del poder al PT, que gobierna desde 2003, después de que Lula ganó sus primeras elecciones.