Graciela Fernández Meijide en un momento de la entrevista

Por Carmen DE CARLOS

Argentina venía de “una tradición de golpes de Estado pero aquel tuvo algunos rasgos únicos. Hasta entonces, los protagonizaba una Fuerza y colocaba un presidente pero, en 1976, se unieron las tres Armas y formaron las Juntas Militares”. Graciela Fernández Meijide, miembro de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas creada durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y madre de Pablo, el hijo que el régimen le robó cuando tenía 17 años, hace repaso a los años de plomo de la etapa más trágica de la Argentina. En el camino, condena el trato que le dieron a Videla en prisión, «una vergüenza cómo se murió», advierte; defiende el derecho de los presos del terrorismo de Estado a «estudiar una carrera» en la cárcel, como lo hacen los delincuentes comunes; reconoce «el daño» que hace Hebe de Bonafini a los movimientos de Derechos Humanos; cuestiona que se «mienta y tergiverse el número de desaparecidos» y, observa, «todos los desaparecidos» tenían algún contacto con la guerrilla.

Los militares “desde el primer minuto gobernaron de forma ilegal e ilegítima”, recuerda Meijide al analizar el gobierno de facto (1976-83) que optó por “actuar en la clandestinidad, secuestrando, torturando y haciendo desaparecer a las personas” en lugar de detenerlas y someterlas a juicio.

La idea de que la dictadura se equivocaba y capturaba a personas que eran ajenas a cualquier actividad con las guerrillas de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran las más populares, Meijide la pone entre paréntesis. “Todos los desaparecidos, de un modo u otro, estaban vinculados o tenían una ligazón con la guerrilla. No estaban con un fusil en la mano pero… Hasta mi hijo Pablo –observa- que jamás fue activista ni acudió a una reunión estaba conectado. Su novia y su hermano eran militantes y él, posiblemente, estaba de acuerdo con ellos” . Meijide, de 85 años, menciona una excepción histórica que protagonizó el ex almirante Emilio Eduardo Massera al “mandar matar al esposo de su amante”, Fernando Branca, para poder mantener su romance.

Graciela Fernández Meijide pasó de ser una profesora de francés a buscar desesperadamente a su hijo Pablo. Fue diputada, senadora y ministra. Su apego a la verdad la acompañó en todo momento.  En especial, durante los años de kirchnerismo, una etapa en la que los derechos humanos se utilizaron como arma política arrojadiza. “Hebe de Bonafini –reflexiona- resultó funcional para desviar fondos del Estado para la militancia y financiar campañas electorales”. Envuelta en una estafa monumental de construcción de viviendas por su fundación, Sueños Compartidos, Meijide interviene, “no me consta que se enriqueciera”. De lo que sí tiene constancia es de que “pedía a las madres que no fueran a hacer la denuncia a la Conadep, una consigan de cumplimiento imposible”, le decía ella. Tan imposible como mantener la unidad del movimiento y evitar que lo dañara con sus declaraciones (apología permanente del terrorismo con Farc y Eta etc) . “El daño que puede provocar un símbolo… Hebe ha hecho mucho daño”, reflexiona dolida.

Graciela Fernández Meijide diferencia entre “justicia y venganza”, valora la reapertura de los juicios contra la dictadura pero, matiza, “no se ha seguido el debido proceso en todos. Se abusó de la figura de partícipe necesario” advierte al considerar injusta “la condena a cadena a perpetua a un militar que hacía guardia en un operativo con otro que torturó y asesinó”. También censura “el circo en los juicios” al recordar “los insultos y agresiones a los familiares de los militares condenados. Aunque fueran culpables –añade-, tienen todo el derecho a dolerse y llorarles”.

Sigue sin saber qué fue de su hijo Pablo, dónde están sus restos y lamenta que no se buscara una fórmula que hubiera podido ayudarla a ella y al resto de las madres, a terminar con la incertidumbre. “Propuse reducir la condena de los militares a cambio de información sobre el paradero de los desaparecidos” pero las críticas fueron feroces. Como las que debe escuchar cuando censura que “hayan prohibido a los militares condenados que estudien una carrera universitaria en la cárcel mientras los presos comunes pueden hacerlo”.

Tampoco comparte la decisión de los jueces de “mantener en prisión a los mayores de 70 años” y considera “una vergüenza que Videla, y mira que yo he odiado a Videla, muriera en la cárcel por no tener el tratamiento médico adecuado al tener una fractura expuesta. Tenía 80 años, debía haber estado en su casa y que le cuidara su familia”. Estas situaciones, reflexiona, “me parece que están más cerca de la venganza que de la justicia”.

Por último, no escapa al revuelo que ha causado la visita del Presidente Barak Obama y que coincidió con el 40 aniversario del golpe de Estado. “Se acuerdan de los gobiernos republicanos”, comentan al advertir su connivencia con las dictaduras del cono sur en los años 70, “pero -reprocha- se olvidan de Jimmy Carter (activo detractor de aquellos regímenes) y no dicen nada de que Obama haya terminado con el embargo a Cuba y quiera cerrar Guantánamo… Tratar de impedir su visita es como prohibir al rey de España que venga porque fuimos colonia” (la entrevista fue un día antes de la visita)

En su departamento del barrio residencial de Belgrano, Graciela Fernández Meijide reconoce “el valor de los treinta mil desaparecidos como un símbolo instalado, igual que tienen los pañuelos de las madres en la cabeza –añade- pero, una cosa es la consigna, como parte de la lucha, y otra la verdad histórica”. Autora de “Historia íntima de los derechos humanos en Argentina” Meijide averiguó de dónde salió y a quién se le ocurrió la idea de poner sobre la mesa el número de 30.000 desaparecido durante la última dictadura argentina (1976/83). “Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, -recuerda- no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que pusieron ese número para poder apelar al genocidio y denunciar el terrorismo de Estado”.

Duhalde, nombrado posteriormente secretario de derechos humanos en el gobierno de Néstor Kirchner, decidió incorporar, oficialmente, la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo que escribió, por delante del de Ernesto Sábato, en el Nunca Mas, el libro que recoge, con nombres y apellidos, a todas y cada una de las víctimas del régimen militar que recopiló la Conadep.

Fernández Meijide detalla la búsqueda por toda Argentina y el exterior para localizar a familiares o gente que supiera de desaparecidos y no duda. “¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde sus familias y las denuncias?. Colocan las placas vacías porque no pueden poner un nombre”, comenta en alusión al parque de la Memoria de Buenos Aires donde hay inscripciones de personas desaparecidas durante gobiernos anteriores.