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Discurso de Gabriel Boric
Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy
Venezuela es el peor país del mundo –113/113- en términos de Estado de derecho[1]. Sin Estado de derecho reina la corrupción y el chavismo/madurismo también ha logrado que Venezuela –166/176- sea uno de los países más corruptos[2]. Caracas, la capital, fue evaluada en 2016 como la ciudad más peligrosa del mundo con 130 muertos por cada 100 mil habitantes[3]. Cuatro de las 10 ciudades más violentas son venezolanas (Caracas, Maturín, Guayana y Valencia). En 2016 hubo 28.479 asesinatos en Venezuela frente a los 27.875 de 2015. Esto es, 91,8 homicidios por cada 100 mil habitantes[4]. Venezuela es -excluyendo a los países que tienen un conflicto armado- el segundo país más violento del mundo.
Arruinar el país cueste lo que cueste. Gasto público excesivo, administración ineficiente y corrupción desbordada. Este será el cuarto año de recesión. Más del 80% de los hogares viven hoy en la pobreza [en 1998 -antes de la llegada del chavismo- el 45% de los hogares eran pobres]. La inflación se prevé en 720%, según el FMI. Al país con más reservas de petróleo en el mundo solo le quedan 10.000 millones de dólares en reservas. La producción de petróleo está en los niveles más bajos desde 1989. «Se necesita realmente tener algún talento especial para destruir una economía de esta manera».
La degradación institucional fue progresiva desde el ascenso del chavismo. Hugo Chávez, líder carismático y oportunista, fue legitimado una y otra vez, ungido con el fervor popular. «Un itinerario inverso al de Benito Mussolini es el que ha seguido el antiguo golpista de 1992, pasando del fascismo al marxismo en una audaz pirueta cromática, cambiando la «camisa negra» por la «camisa roja». Uno y otro camino, sin embargo, son estrategias políticas de acumulación de poder sin límites, arrasando con la sociedad civil y toda expresión de pensamiento independiente. Caminos de esclavización de la persona, concentrando todas las decisiones en un poder ejecutivo omnímodo y ubicuo», advirtió Ricardo López Göttig en 2007.
¿No intuyó la ciudadanía el carácter totalitario del chavismo? ¿Hubo opción de eludir la tragedia? ¿Qué pasó con la sociedad, los medios y los intelectuales? En tiempos de bonanza económica parecería que la democracia es un accesorio prescindible. Habrá que conceder que medios de comunicación -nacionales y extranjeros- alertaron el avasallamiento de Chávez. El mandatario respondió con mecanismos sofisticados para silenciar las críticas y «democratizar la información». «Progresismo». «Democracia amplia». Orwell lo describió en 1984: «La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto». Académicos iberoamericanos teorizaron, colaboraron y facturaron por extender el ideario chavista. La revolución -que nunca fue- encendió los corazones de los electores. Los subsidios ayudaron. ¿Alternancia? Un formalismo burgués en vía de extinción. Chávez para siempre, Maduro presidente.
Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 y optó por profundizar el camino emprendido por su mentor. Al año siguiente en medio de una creciente crisis económica y de inseguridad, opositores y manifestantes se volcaron a las calles con el objetivo de presionar su salida. La represión gubernamental extinguió las protestas que se saldaron con decenas de muertos, cientos de heridos y detenidos. El régimen envío a prisión a los líderes más visibles de la movilización. Entre ellos, a Leopoldo López que acaba de ser enviado a su casa para que cumpla arresto domiciliario.
Un país gobernado a los golpes. Finalizaba 2015 cuando se celebraron elecciones parlamentarias y la oposición superó al oficialismo en más de dos millones de votos. Quedó claro, por un lado, el deseo de cambio de los venezolanos y, por el otro, la negativa del régimen a entregar el poder. El gobierno despojó y usurpó las funciones y competencias del Legislativo y renovó de manera irregular a los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No hay división de poderes. El Judicial no es más que un apéndice del Ejecutivo. Fue en el mes de octubre (2016) cuando se oficializó la dictadura -en formato moderno- con la suspensión indefinida de los procesos electorales y el derecho al voto. En febrero (2017), el TSJ asestó otro golpe al Legislativo y aunque las sentencias fueron revertidas eso no significa mayor cosa en la práctica. El 1° de abril inició una nueva etapa de resistencia y movilización social que demanda el cambio de sistema. La dictadura ha gestionado la crisis con terrorismo de Estado.
Nicolás Maduro, tan inepto como paranoico, sueña con ser derrocado. El delirio le ha servido para hacerse con más poder y suspender el orden constitucional. En mayo (2017) extendió el Estado de excepción restringiendo las garantías constitucionales en todo el territorio nacional para «asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos». Es la séptima vez que extiende el estado de excepción.
La Constitución de 1999 -promovida por el chavismo- ahora le resulta insuficiente. Insiste en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de julio pese a los resultados de la consulta popular impulsada por la oposición y al margen del Poder Electoral.
El domingo hubo 7,6 millones de venezolanos que votaron el plebiscito. El 98% se expresó en contra del cambio constitucional. Aun así, Maduro transgrede la voluntad popular y reitera que seguirá adelante con su Constituyente «por la independencia y la soberanía» respecto a Europa. Para hablar de soberanía, el mandatario tendría primero que independizarse de Cuba. A los militares, paramilitares, milicias armadas y justicia militar les sumó esta semana un plan especial -justicia militar en asocio con el TSJ, la vicefiscal Katherine Haringhton y el ministerio de Interior y Justicia- para dar «castigo ejemplar» a los «conspiradores». «Lo que no se pudo con los votos lo haremos con las armas». A la dictadura cívico-militar solo le queda el terror. La democracia -como instrumento- para sostenerse en el poder ya no le sirve. El régimen, finalmente, se quitó la máscara.
[1] World Justice Project (2016)
[2]Transparencia Internacional (2016)
[3] Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal –CCSPJP– (2016)