Por Verónica ORMACHEA, para SudAméricaHoy

El gobierno de Bolivia pondría en riesgo a los bolivianos al inocularnos la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID- 19 porque podríamos ser víctimas de efectos colaterales.

No solo vivimos atemorizados por la pandemia del coronavirus que ha matado a 2.13 millones en el mundo en un año, si no que ahora nos invaden dudas sobre la vacuna rusa.

El gobierno boliviano compró 5.2 millones de vacunas rusas -según ellos por su disponibilidad a corto plazo-  que será entregadas entre marzo y mayo de este año. También adquirió otras 5 millones de AstraZeneca de la universidad de Oxford que fueron gestionadas por el anterior gobierno.

Lo preocupante es que la Sputnik-V (por la se pagó algo menos de US 10 por dosis) no ha sido certificada por ninguna agencia reguladora médica y tampoco ha concluido los estudios de la fase III, lo cual pone en duda su efectividad.

Los rusos, sin embargo, aseguran que tiene una eficacia de 91.4%, lo que no es ninguna garantía mientras no esté certificada. 

El gobierno argentino ha adquirido la Sputnik y ya la está inoculando.

The Wall Street Journal, en un artículo reciente que fue reproducido por el diario “La Nación” de Buenos Aires, señaló que la Sputnik V, «no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias occidentales ni ha recibido la autorización de la OMS de la que dependen muchos países en desarrollo para examinar las vacunas».

También anunció que «Argentina es un campo de pruebas para la campaña mundial de vacunas de Moscú» así como que la estrategia de Rusia es avanzar sobre los mercados de los países emergentes para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Los únicos países que han registrado la vacuna rusa son Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay Argelia, Palestina, Turkmenistán, Bielorrusia y Rusia.

El doctor Octavio Aparicio escribió en su cuenta de twitter “La vacuna rusa contra COVID no tiene aun estudios clínicos de fase III completados”. También señaló: “Que publiquen un solo estudio clínico fase III randomizado en miles de voluntarios como el estudio Cove de Moderna o el de Pfiezar y no objetaremos la vacuna rusa. Mientras tanto su efectividad y efectos colaterales no están demostrados a pesar de las informaciones del Ministerio de Salud”.

El gobierno boliviano, antes de adquirirla, debió exigir al gobierno ruso que sea certificada por autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de EEUU, o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

Desgraciadamente ha sido una decisión política precipitada que podría traer serias consecuencias.

El diario estadounidense también aseguró que “la falta de documentación sobre los ensayos clínicos en Rusia con personas mayores, ha llevado al gobierno argentino a inocular solo a personas menores de 60 años”. Esto nos confirma nuestra preocupación.

El gobierno debió haber considerado las falencias de la Sputnik-V en aras de la seguridad de los bolivianos.

Es obligación de cualquier gobierno proteger y dar todas las seguridades a sus ciudadanos especialmente cuando se trata de una pandemia mortal donde vivimos en permanente amenaza.

La lucha contra el Coronavirus debería ser una prioridad para el Estado boliviano. 

Debería destinar todos sus recursos y esfuerzos para combatirla, crear un serio plan de acción porque han fallecido casi diez mil personas y muchas más han sido contagiadas y tendrán secuelas.

Aparte del tema sanitario, la pandemia hizo perder sus fuentes laborales a millones de ciudadanos y ha destruido la economía de muchos países.