sábado, 5 de junio de 2021
«Cuando la culpa, siempre, la tiene el otro», por Marta NERCELLAS

Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

La coherencia va ganando este incomprensible juego de ajedrez. En todos los planos: economía, política exterior, salud y hasta en las manifestaciones públicas de los diferentes funcionarios, parece existir una interesante cohesión. Todos resultan guiados por la llamativa falta de reflexión y de solidez profesional. Es difícil saber quien toma las decisiones y por qué.

Los organismos internacionales, las empresas y cada ciudadano, clamamos porque nos enseñen una hoja de ruta. Nada sofisticado, sólo un objetivo. Necesitamos saber a dónde vamos. Como si estuviéramos en un barco de cuyo timón tironean distintos capitanes que, para colmo, pretenden llegar a diferentes playas, nosotros en la cubierta, clamamos porque uno u otro consiga hacerse cargo de éste para dejar de zigzaguear con tanto tironeo.

Sin explicaciones, arrojan a la alcantarilla del despilfarro los valores esenciales del sistema republicano, agravian a otros países, insultan a quienes decidieron cuestionar la falta de rumbo y deciden elegir como compañeros de ruta a los gobiernos que renunciaron hace tiempo a la democracia.

 Devalúan la palabra (aun más que la moneda) y dejan sin respuesta todos los interrogantes que sus conductas generan.  Sólo se les escucha culpar de los males generados hoy, a los gobernantes de ayer. Agraviar a la oposición y a cualquiera que piense diferente, a los medios “hegemónicos” – complicada tarea determinar si ese calificativo lo merece los que dan voz a su propia tropa o el resto-. No importa la causa del problema, sólo es trascendente que la culpa la tenga otro.

Muchas dudas.  Pocas certezas. Pero, aunque pretendan ocultarlo con la neblina que genera la pandemia, hay un mapa que sí dibujaron con el pulso firme.  Es el plan que creen que les permitirá atravesar los oscuros laberintos judiciales cuyos ventiluces fueron tapados por las contundentes pruebas que los señalan como autores de la defraudación al Estado.  Ese gráfico que dibuja el avance sistemático, constante y desde distintos frentes contra la justicia. Les marca el camino hacia la impunidad.

Dominar a la justicia, silenciar a quienes opinan diferente, asegurar la sucesión dinástica a como de lugar, aparece como punto de llegada.  No les importa si hay que trasgredir leyes o si éstas deben ser “adecuadas” a la finalidad deseada.   Las normas que no se ajustan a su deseo, no merecen el respeto de quienes creen que los votos fueron una amnistía amplia que borra lo hecho y un cheque en blanco para seguir haciendo lo que elijan.

La población física y anímicamente agotada y económicamente quebrada tiene escasos reflejos. En algunos sectores más vulnerables apenas les alcanza para comer migajas de la mano de quien previamente les robo el alimento.   Por la impunidad del clan bien vale que se inmolen vidas-por el virus o por la tragedia económica-. Como nos enseñara Zaninni, ellos son una casta que merece que los ciudadanos los cuidemos, por eso se robaron las vacunas desamparando a quienes más las necesitaban para privilegiar con arcaicos beneficios de clase, a sus fanáticos. Borran de un plumazo al único nivelador social verdadero cerrando las escuelas durante un año y medio.

Durante décadas nuestras instituciones fueron debilitadas. Tanto que naturalizamos que se las atropelle sin siquiera sentir indignación. El presidente dicta DNU afirmando que decidió su contenido en soledad, confesando que infraccionó la norma constitucional con el propósito de aparentar que manda. La división de poderes es atacada. Se reescriben las reglas de juego decidiendo quien ganará. Los ciudadanos son ignorados, ni siquiera se les responde por qué no se contrató la vacuna Pfizer, o por qué no se arregla con el Club de Paris. Tienen el poder y pueden manejar el misterio. ¡El pueblo no tiene por qué saber ¡

Se  designan funcionarios y se crean estructuras  con el fin de  asegurar que su matriz de corrupción no será desbaratada. Se crean fronteras interiores y se acepta que fronteras internacionales se utilicen con fines electorales ( Formosa) intensificando el daño de la estructura clientelar armada.

Los intereses personales subvirtieron o suprimieron  los principios.  El senador Maryans definió el pensamiento del grupo gobernante con precisión: ” En una pandemia no hay derechos” .  Mientras lloramos a nuestros muertos, el desmonte institucional es más sencillo, tal vez por eso recitan su número sin compasión. La pandemia aceleró sus acciones.

El Departamento de Estado Americano (marzo 2021) renovó la advertencia respecto de la corrupción y de la independencia del Poder Judicial en la Argentina al dar a conocer su informe sobre DDHH.

El “profesor de derecho” afirma que la justicia es “un poder podrido”, que se encuentra en los arrabales del sistema democrático. Una vicepresidenta multiprocesada agravia a los jueces cuando declara frente a ellos. No se defiende ni explica, no rebate una sola prueba, ni siquiera dice que es inocente. Invierte los roles. Quienes la juzgan deben dar explicaciones mientras ella usa como escudo protector el “Law Fare”. Como la prueba acumulada no le permite  disimular su culpabilidad, intenta demostrar que todos son corruptos.

Discursos amenazantes, descabezamiento del ministerio de justicia, comisiones para controlar a los jueces y fiscales. Cambio de las mayorías en el Consejo de la Magistratura con la clara finalidad de domesticar a los jueces. Destratan y agreden a la Corte quizá porque creen que si logran colonizarla habrá un alineamiento vertical del Poder Judicial.  Si logran la pérdida de independencia de los jueces, los corruptos- al menos los del partido gobernante-   lograrán la impunidad.

Generan denuncias falsas contra todos los que según su lenguaje los persiguieron.  Designan jueces que  hacen gala de su parcialidad. Cambian el sistema jubilatorio obteniendo con esa modificación decena de vacantes (en abril del 2020, es decir en plena cuarentena). Reglamentan el nuevo régimen jubilatorio y ANSES  intima la renuncia  de aquellos  funcionarios que tienen su jubilación en trámite u otorgada bajo la amenaza de manotearles parte de su futuro ingreso. Son más de 200 Jueces y Fiscales los que fueron intimados, entre ellos, claro está, el Procurador Casal. 

 Procurador al que   intentan desalojar de su cargo porque su independencia agravia la búsqueda de impunidad. El Procurador puede trasladar al fiscal que “moleste “con sus investigaciones a aquellos que la política quiera proteger.  

Se apoderaron del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Les resta subordinar totalmente el poder judicial y por eso van por él sin miramientos. El proyecto que intenta modificar la Ley de Organización del Ministerio Público es la llave maestra que abre las puertas del paraíso de la impunidad. 

Los fiscales son quienes   nos representan cuando deben resolverse temas en los que estén en juego el interés público.   Debe garantizar la legalidad , el debido proceso ,  el acceso a la justicia especialmente de los más vulnerables.  Son quienes deciden si la investigación comienza o se archiva; si acusa u obliga a los jueces  a absolver sin importar la prueba acumulada.  Los fiscales deben ser la voz de la gente. Representan a la comunidad no al gobierno, por eso la reforma constitucional los arrancó de la órbita del ejecutivo y los constituyó en un poder independiente.

Tienen una estructura jerárquica.  Un” jefe”– el Procurador general- que es quien organiza, traslada , da instrucciones generales al resto de los fiscales, que deben seguirlas aun dejando a salvo su opinión personal. Por eso el proyecto de reforma quiere apoderarse de la voluntad de ese procurador, convertirlo en un instrumento de la política.  Pretenden cambiar los 2/3 de senadores presentes que la actual ley exige para designarlo por la mayoría de los presentes. Esto significará que no necesiten consensos, que puedan hacerlo conforme la voluntad de una sola fuerza política.

 Si la designación y la expulsión del cargo depende de la política como pretenden, perderán su independencia. Si los fiscales no son imparciales y guardianes de la legalidad como lo exige la Constitución pueden convertirse en los brazos ejecutores de venganzas privadas o propiciar la impunidad. Defenderán los intereses de facciones y no los de la ciudadanía en general que es lo que la ley les exige.

Para que su dependencia política sea aun mayor, se le conceden a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público facultades que la convertirá en guardiana de las investigaciones. La política será también la que guíe la tarea investigativa. El proyecto es otra embestida para cooptar la justicia  y colonizarla. 

Advertimos ahora que entendimos mal el mensaje. No quieren sacar a la política de la justicia sino que el objetivo es sacar a los políticos amigos  de las causas judiciales que se les siguen por sus actos de corrupción.

 La democracia debe ser el gobierno de la ley y no el de la voluntad de los que mandan, pero el pacto secreto firmado por Fernández para acceder a la presidencia debemos pagarlo con la pérdida de las instituciones.

 

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