Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

El General Raúl Isaías Baduel de 66 años, fue uno de los más antiguos presos políticos del régimen y quizás el más emblemático, debido a su estrecha relación con Chávez y a su alto prestigio dentro de la Fuerza Armada.

Su reciente muerte (12 de octubre 2021) ocurrida bajo la custodia del gobierno, ha puesto en evidencia, una vez más y de manera trágica, la situación de los prisioneros políticos en Venezuela.

El General Baduel, a pesar de haber sido comandante del Ejército y ministro de la Defensa durante el gobierno del presidente Chávez, además de responsable de su rescate y restitución al poder luego de su aprensión durante el golpe de estado de 2002, y padrino de una de sus hijas, fue puesto en prisión en 2009 acusado de presunta corrupción, luego de convertirse en crítico del régimen y manifestarse en contra de la reforma constitucional en 2007. También se comentó que una de las razones para su encarcelamiento, fue el temor del propio presidente por el poder y el prestigio del general. En 2017 fue puesto en libertad, pero nunca salió de la cárcel, pues el nuevo presidente le imputó otros dos delitos: atentar contra la libertad y la independencia de la nación y traición a la patria. Durante ese tiempo y hasta su muerte, estuvo frecuentemente y por largos períodos, incomunicado en una pequeña celda denominada “la tumba”, a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Durante los últimos años, la familia del general estuvo insistiendo en la denuncia sobre la ilegitimidad de su detención y su sometimiento a un “limbo jurídico”, además de señalar las torturas psicológicas a las que fue sometido.

Sin duda, las causas de su muerte, aún no aclaradas, serán elementos que pondrán de relieve el talante del gobierno con relación a sus enemigos políticos; y es que el General Raúl Isaías Baduel  es solo el más reciente prisionero político de los diez que han muerto bajo custodia.

En tal sentido, creo que es un buen momento para recordar con respeto a los que han muerto en prisión antes que él, desde el 2015 hasta la fecha.

Desandando el tiempo, Gabriel Medina tenía 39 años de edad y lo acusaron en 2020 de planificar un secuestro contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Murió en agosto de 2021, según dicen, de un paro respiratorio en el hospital Manuel Núñez Tovar, de Maturín.

Salvador Franco fue detenido junto con otros 12 indígenas de la etnia pemón, en diciembre de 2019. El gobierno acusó al grupo, de haber participado en un supuesto asalto a las instalaciones del Batallón Mariano Montilla de la que, según dijeron, sustrajeron armamento militar. Salvador murió en la cárcel en enero de 2021 por falta de atención médica.

Pedro Pablo Santana, de 75 años, fue detenido en agosto de 2019 por funcionarios de la Dirección e Inteligencia Militar (DGCIM) en su casa de Caracas. El gobierno lo vinculó a un plan de acciones terroristas. Murió en agosto del 2020.

Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la Armada, murió en junio de 2019 mientras estaba bajo custodia de funcionarios de la DGCIM. Según la autopsia, falleció a causa de las torturas a que fue sometido. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio, acusado de estar involucrado, presuntamente, en un golpe de Estado que incluía el asesinato de algunos líderes del partido de gobierno.

Nelson Martínez, de 67 años, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Citgo murió en diciembre de 2018, en el hospital Militar. Fue detenido en noviembre de 2011 por presunta corrupción y estuvo casi un año en la DGCIM. Martínez padecía una enfermedad crónica, cuya evolución agravó por falta de atención médica adecuada.

Fernando Alberto Albán fue concejal del municipio Libertador, presuntamente se suicidó  en octubre de 2018 mientras permanecía en los calabozos del Sebin. Albán había sido detenido ese mismo mes. El arresto ocurrió en el aeropuerto internacional de Maiquetía y lo vinculaban con el intento de magnicidio de agosto de 2018.

Rafael Eduardo Arreaza de 28 años, teniente del Ejército fue detenido en marzo de 2017, murió en noviembre de 2017, luego de un presunto intento de fuga, junto con siete compañeros, mientras eran trasladados a los tribunales militares. Resultó herido en el abdomen y una pierna, y se comenta que no fue debidamente atendido.

Carlos Andrés García, de 44 años, concejal en el estado Apure, murió en septiembre de 2017 a consecuencia de un accidente cerebro vascular por falta de atención médica. Funcionarios del SEBIN lo detuvieron cuando llegaba a su casa, y lo acusaron de los delitos de hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor, en los saqueos que en diciembre de 2016; la detención ocurrió en diciembre de 2016 y permaneció detenido sin juicio hasta su muerte.

Rodolfo González Martínez, de 64 años, fue detenido en abril de 2014, durante un allanamiento en su vivienda, en Caracas, supuestamente por su participación en las protestas de ese año en contra del gobierno. Murió en marzo de 2015, presuntamente a causa de un suicidó en las celdas del SEBIN. 

Finalmente, sería injusto no mencionar, aunque ocurrió antes del 2015, el caso del Sr. Franklin Brito, un productor agropecuario que se declaró en huelga de hambre en defensa de las tierras que le fueron confiscadas por el gobierno, violentando todo el ordenamiento jurídico. Brito murió en agosto de 2010, en el Hospital Militar.

Todos estos casos expresan con claridad, la saña con la cual se trata a los 359 prisioneros políticos, 42 de los cuales están sufriendo de enfermedades graves y están delicados de salud; saña y negligencia que no respeta los derechos humanos y la vida, y que se extiende a los presos comunes, pues según los datos disponibles, solo entre 2019 y 2020, han muerto 424 presos en centros penitenciarios y celdas de retención de la policía. A ello habría que agregar los centenares de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos (se dice que unas 6 mil) de las cuales se ha acusado a las Fuerzas especiales de seguridad policial, (FAES), según consta en el expediente que “reposa” en la Corte Penal Internacional.  Un ejemplo de la violencia, la negligencia y la tortura, utilizadas como arma política por un gobierno autoritario, frente al cual el mundo se hace la “vista gorda”.