Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

Tal y como están las cosas en Venezuela, seguimos viviendo un momento político incierto e inestable. Por una parte, la dirigencia opositora (no el pueblo opositor), está cosechando las consecuencias del proceso de particularismo, que ha provocado en su seno una dispersión e incapacidad de sus líderes para trabajar por una causa común o un bien mayor aparentemente compartido. Este fenómeno se nos reveló, entonces, como un quiste socio-psicológico que ha estado siempre allí, instalado en las entrañas de la clase política, pero también de la sociedad civil con su burocracia, su estamento militar y su sistema de justicia, de los gremios y las iglesias, entre otros, compartiendo ese mal.

Así pues, el particularismo dentro de la dirección opositora, borró de la conciencia de sus líderes el concepto de, “En la unión está la fuerza” y nos ha conducido a una situación en la cual se ha puesto en juego la oportunidad de utilizar el evento electoral del 21 de noviembre, como espacio para el logro de avances en el proceso político de transición hacia la democracia. Una oposición dividida, con varios candidatos para un mismo cargo, tiene pocas opciones de triunfo.

Pero, al mismo tiempo, la profundización de la crisis económica y social con la acumulación de problemas estructurales no resueltos que la caracteriza, junto a la difícil situación internacional en que se encuentra, agravada recién por la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI),  ha ido minando la eficacia, y a corto plazo, la legitimidad del régimen y también el apoyo incondicional de sus copartidarios.

Al partido de gobierno las cuentas no le dan, pero a la oposición tampoco.

Eso quizás nos explique la incertidumbre que existe respecto a los resultados del evento electoral. En todo caso, pase lo que pase, no será suficiente para que ocurra un cambio hacia la democracia y para detener el proceso de disolución del país.

Por esa razón la iniciativa en curso para impulsar una campaña de motivación, orientación y organización popular utilizando el recurso de la convocatoria a un Referéndum Revocatorio (RR) del mandato presidencial, establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional, contenido en el Capítulo IV. “De los Derechos Políticos y del Referendo Popular”, del Título III. “De Los Derechos Humanos y Sus Garantías”, parece una inteligente y oportuna táctica política; especialmente en vista de la ausencia de un liderazgo opositor que logre definir una agenda y marcar una ruta fundamentada y políticamente viable, en vez de continuar revolcándose en sus propios lodos.

Apelar a la herramienta del Referéndum Revocatorio significa que se está convocando a la gente, no a los partidos, para recurrir a un instrumento constitucional, para enfrentar al gobierno.

Por supuesto, todos somos conscientes de la naturaleza autoritaria del régimen y su poco respeto el estado de derecho y, también, que la aplicación del RR no es una vía despejada hacia el cambio político. Tenemos la experiencia previa de la tentativa de su activación en el 2016, que fue obstaculizada e impedida, dictando un reglamento írrito que complejiza y dilata su implementación.

Es claro que no faltan los detractores a esta propuesta, pero hay que decir con firmeza que no se renuncia a los espacios políticos ni se entregan porque el gobierno sea autoritario. Al contrario, es cuando con mayor empeño y determinación debemos exigir el cumplimiento de los Derechos, especialmente los derechos políticos, que terminan siendo el eje transversal para garantizar los demás.

Estamos pues, ante la opción de aplicar un instrumento que puede ir progresivamente ganando cuerpo y terreno, activando y movilizando a toda la sociedad democrática venezolana, lo cual requiere iniciar desde ya una tarea educativa sobre su naturaleza y su posibilidad de implementación, de tal manera que le permita al pueblo opositor, conectar con la sociedad, creando conciencia respecto de su potencialidad, sin desestimar el talante del régimen, para acerar el espíritu de lucha y estar en condiciones de lanzar con determinación una acción contundente.

Debemos actuar ya, tomando la fecha del 10 de enero del 2022, que el Consejo Nacional Electoral ha establecido como inicio del proceso para el Revocatorio, como la primera a despejar para marcar la activación del citado instrumento constitucional.  Se trata de aprovechar este espacio político para organizar, unificar, movilizar y relanzar la lucha de la sociedad. Por otra parte, esta propuesta debe ser desarrollada, sin que otras opciones como la Mesa de Negociación, la presión internacional y el cerco legal, dejen de trabajarse. Llegada la hora, la misma se convertirá en una opción para encausar toda la fuerza de la sociedad venezolana y de los países aliados, que desea fervientemente, provocar un cambio político que abra paso a una transición, tomando en cuenta que esta podría ser nuestra última batalla por la democracia.