Por Pablo BIFFI, para SudAmericaHoy (SAH)

Nada mejor que un «conflicto externo» para levantar una imagen algo caída. Desde Barack Obama y sus amenazas de guerra a Cristina Kirchner (Malvinas), pasando por el español Mariano Rajoy (Gibraltar), todos suelen recurrir al nacionalismo y a la defensa de la soberanía para subir unos puntos en las encuestas. Por eso, no extraña el anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que días pasados presentó al  país una «estrategia integral» para defender la soberanía y derechos sobre los «ánimos expansionistas de Nicaragua», en respuesta a un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que consideró «inaplicable».

En una mensaje desde la Casa de Nariño, Santos fue enfático al afirmar que el fallo de La Haya tiene vacíos jurídicos que no lo hacen aplicable en Colombia, que el país está «indignado» con la sentencia y que defenderá «hasta sus últimas consecuencias» las posesiones insulares colombianas en el Caribe.

Santos se refirió con dureza al fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012 que, en respuesta a una demanda de Nicaragua, otorgó a ese país derechos económicos sobre 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, al tiempo que confirmó la soberanía de Colombia sobre siete cayos, dos de ellos enclavados, que hacen parte del archipiélago de San Andrés.
«El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable, hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución», manifestó. El mandatario explicó que la Constitución colombiana establece en su artículo 101 que los límites de la nación «sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República». Por lo tanto, subrayó, «sin un tratado, el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable» y más enfático aún dijo: «Los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya».

La decisión de considerar «inaplicable» la sentencia de la CIJ es la primera de cuatro estrategias que Colombia seguirá «en las instancias nacionales e internacionales» para «proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender nuestras fronteras y honrar los tratados» suscritos. En esa estrategia, que fue diseñada después de consultar bufetes de abogados nacionales e internacionales, tiene especial énfasis la territorialidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.

Para ahondar en la soberanía de esos territorios, Santos expidió un decreto que declara «la existencia de una Zona Contigua Integral», que une todos esas posesiones insulares en el Caribe occidental. Esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena (en el continente) sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que nos otorga el derecho internacional», subrayó.

Lo que no explicó Santos es por qué se refiere ahora con tanta dureza a un fallo que se conoció hace casi un año, en noviembre pasado «Lo que está diciendo el presidente Santos es que acata el fallo y lo va a negociar con un gobierno que él mismo denuncia como expansionista», dijo a medios colombianos Vicente Torrijos, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá.

Para que no queden dudas de cuál es la estrategia, fue la canciller colombiana la que la puso en palabras: «Quisiéramos conversar con Nicaragua en camino hacia un tratado, saber cómo ve el presidente (Daniel) Ortega» esta posibilidad, declaró a la radio Caracol. De hecho, la negociación del acuerdo ya había sido propuesta hace una semana por Ortega, quien instó a Santos a crear una comisión binacional para coordinar las operaciones de pesca, patrullaje antidrogas y la administración conjunta de la reserva de la biósfera Seaflower, una parte de la cual pertenece ahora a Managua.

El tercer punto de la estrategia consiste en «reafirmar la protección de la Reserva Seaflower», un área de protección de la biosfera sobre la cual Nicaragua, basada en el fallo de La Haya, pretendió recientemente que la Unesco le reconociera derechos. El presidente no ahorró advertencias a lo que llamó de «expansionismo de Nicaragua en el Caribe» y dijo que el cuarto frente de acción está dirigido a «contener» las pretensiones de ese país en el área, que denunciará en la Asamblea General de la ONU este mes.

La nueva frontera definida por la CIJ dejó la reserva de Seaflower -que abarca el Archipiélago de San Andrés y 349.800 k2 de mar- dividido entre ambos países, aunque la mayor parte está en territorio colombiano. Sin embargo, el gobierno de Ortega anunció en mayo que estudiaba la posibilidad de promover otra demanda contra Colombia ante la CIJ para reclamar la totalidad de las 200 millas de plataforma continental a las que considera que su país tiene derecho en el Caribe. Santos se refirió a esta idea como  «tan absurda» que extendería la jurisdicción de ese país hasta muy cerca de la costa de Cartagena. «Esto es completamente inaceptable y quiero que quede absolutamente claro, ¡no lo vamos a permitir de ninguna manera, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia!», sentenció.

Asimismo, agregó que Colombia tiene el apoyo de países como Panamá, Costa Rica y Jamaica, que también están siendo afectados por las pretensiones nicaragüenses, y que juntos suscribieron una carta de protesta que él entregará personalmente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando intervenga en la Asamblea General, a fines de este mes. «Así, de forma clara, tajante y contundente, cerramos la puerta a los ánimos expansionistas de Nicaragua», aseguró.

Desde Managua, la visión es otra. La postura de Bogotá «está dirigida a borrar del mapa el fallo de la Corte, en un desafío abierto al derecho internacional y en rebeldía a las normas más básicas del derecho internacional», dice Mauricio Herdocia, ex agente de Nicaragua en La Haya y experto en Derecho Internacional. La posición anunciada por Bogotá «viola el derecho internacional, porque lo que pretende es alegar como excusa para incumplir el fallo la necesidad de un tratado», añadió el catedrático. «El fallo es de cumplimiento automático, directo e inmediato. No se requiere de un tratado para su ejecución», anotó.

Lo que no consideran en Nicaragua es que la imagen del presidente Santos está más bien por el piso, producto del prolongado paro campesino y les escasos avances en las negociaciones de paz con las FARC en Cuba, entre otros problemas internos. Tanto es así que el 64% de los colombianos tiene una imagen desfavorable de Santos, frente al 28% que la considera favorable, según una encuesta difundida estos días, que también reveló que el 77% rechaza su eventual reelección y el 63% no está de acuerdo con la forma como conduce el proceso de paz con las FARC.

Más allá de que el gobierno nicaraguense de Daniel Ortega también agita este tema el asunto en función de su política doméstica, en estos números y en la situación colombiana –más que en un reclamo justo, que apoyaron desde la derecha de Alvaro Uribe a los sectores de izquierda colombianos– parece radicar el renovado ímpetu «soberanista» del presidente Santos. Sobre todo cuando en apenas unos meses deberá decidir si en mayo próximo va por un nuevo mandato de cuatro años.