Por Pablo BIFFI, para SudAmericaHoy (SAH)

Los enemigos del proceso de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC tenían motivos para estar tranquilos. Las negociaciones iniciadas en La Habana hace casi un año avanzaban a ritmo lento, acaso contagiado por la cadencia propia del Caribe. Aquellos tiempos que el presidente Juan Manuel Santos deseaba –no más de un puñado de meses para acabar con más de medio siglo de guerra interna– se estiraban (y se estiran) hacia el infinito, sin que los colombianos pudieran palpar grandes avances: apenas el acuerdo en el punto uno de la agenda, referido a la cuestión agraria. La imagen presidencial, de los diálogos y las expectativas de una paz duradera, por el piso. Algunos, como el ex presidente Alvaro Uribe, “tuiteando” su bilis minuto a minuto contra el proceso, llevando agua para su molino de candidato a un cargo de senador en las próximas elecciones de marzo, previas a las presidenciales de mayo. Y celebrando los escasos avances.

Pero el escepticismo, la impaciencia y la incertidumbre que dominaban el diálogo hasta hace unas semanas se evaporó con el anunció del acuerdo sobre la futura participación política de la guerrilla firmado por las partes el miércoles. Y revivió la esperanza de que esta guerra, que se ha cobrado cientos de miles de víctimas, acabé de una vez y para siempre. Tras casi 13 meses de conversaciones en La Habana, ya se firmaron acuerdos sobre dos de los cinco puntos pactados en la agenda de negociaciones y, aunque el tiempo estimado por Santos para firmar la paz era de meses y no de años, la orden por ahora es seguir adelante con el proceso, inclusive durante las elecciones que se avecinan el próximo año en Colombia: en marzo las legislativas y en mayo la primera vuelta de las presidenciales en las que el actual jefe de Estado buscará la reelección .

No son pocos los analistas políticos colombianos que consideran el nuevo acuerdo como un impulso para las conversaciones, aunque todos coinciden en que la firma de la paz está aún “muy lejos”, no sólo en el tiempo sino también por que –dicen algunos- la guerrilla tiene poca voluntad de paz. Las críticas se centran en la persistencia de la confrontación en gran parte del país y en los ataques realizados por miembros de las FARC, que siguen afectando a diversas regiones. En este punto, sin embargo, es la guerrilla la que ha reclamado un “alto el fuego” mientras se realizan los diálogos y el gobierno –fundamentalmente las Fuerzas Armadas- el que se ha opuesto. Con todo, la guerrilla ha dicho en reiteradas oportunidades que no se levantarán de la mesa de negociaciones hasta firmar la paz. Creer o reventar.

Desde el Congreso, pasando por los sindicatos, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad en general, llueven mensajes positivos sobre el paso que dieron gobierno y guerrilla. Los colombianos, aunque cautos y con una cuota de escepticismo sobre la desmovilización total de las FARC, no han dejado de mostrar su respaldo a la salida negociada al conflicto interno: una reciente encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia, de la Universidad de Los Andes de Bogotá, muestra que casi el 60% de los consultados apoya las negociaciones.

Unos de los puntos clave de lo acordado en La Habana es que se garantizará el derecho a la vida y a la opinión para que cientos de personas que no han sido escuchadas en el pasado puedan participar en el Congreso. Dentro de lo acordado por las partes está la creación de un estatuto que dé garantías para la formación de nuevos partidos políticos opositores, entre los que debe estar el que surja de la desmovilización de las FARC, además de una comisión multipartidista que establezca el nuevo Estatuto de la Oposición, entre otros temas.

Como era de esperar, el ex presidente Alvaro Uribe, antecesor de Santos y a quien tuvo de ministro de Defensa en momentos en que las FARC recibían sus más duros golpes, fue el primero en criticar lo acordado en La Habana. En varias ocasiones Uribe se ha referido al proceso como un diálogo “con terroristas que ofrece impunidad, elegibilidad y micrófonos a los responsables de las atrocidades de las FARC”. Su crítica apunta a que no está claro qué guerrilleros podrán participar en política y quién no podrá hacerlo. Para analistas vinculados a Uribe “está claro que los que sean condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no lo podrán hacer, lo que incluye a toda la cúpula del secretariado. Eso es lo primero que debió decirse”. Sin dudas este será en el futuro uno de los temas de debate y experiencias similares en la región (El Salvador o Guatemala, por ejemplo, o el tan cuestionado acuerdo con los grupos paramilitares colombianos impulsado precisamente por Uribe) podrían servir de guía.

Aún quedan pendientes tres puntos de la agenda acordada entre gobierno y FARC: la solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Pero el paso dado el miércoles en La Habana es acaso el más grande que se ha dado en la historia trunca de las negociaciones de paz en Colombia.