Por Hugo COYA, para SudAméricaHoy (SAH)

La gran prensa peruana y sus periodistas se encuentran enfrascados en un debate acerca de la posible concentración de medios de comunicación tras la compra del grupo El Comercio de su otrora rival, el grupo Epensa. Se afirma que dicha transacción otorga a El Comercio el 78 por ciento del mercado de los periódicos del país.

El presidente Ollanta Humala decidió intervenir en el debate, respaldando al escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien asegura que dicha adquisición no solo vulnera la economía de mercado -establecida en la Constitución peruana- sino que amenaza la propia libertad de expresión.

Pero quien pudiera pensar que los propietarios de ambos grupos empresariales saldrían inmediatamente a defender o, al menos explicar, sus posturas detalladamente, se equivoca.

Salvo una que otra tímida declaración, los dueños de los grupos mediáticos en cuestión vienen guardando un pasmoso silencio, observando desde el balcón como los periodistas que ahora forman el conglomerado más importante del país, El Comercio-Epensa, y los de La República -que inició esta disputa cuando intentó sin éxito  la misma compra-, se atacan e insultan mutuamente. Las insinuaciones y diatribas entre periodistas de los dos grupos en pugna han permitido que otros asuntos de relevancia pasen a un segundo plano o, simplemente, desaparezcan de la escena nacional.

El debate se ha encendido a tal punto que, actualmente, es virtualmente imposible encontrar en los medios de ambos grupos alguna opinión distinta a la que cada uno de ellos defiende, olvidando que el lector tiene el derecho a conocer, como corresponde, los dos lados de la noticia por muy desagradable que pueda parecer a sus editores.

Los opositores al gobierno de Humala tampoco han perdido su oportunidad, apostando sus fichas con miras al nuevo perfil mediático que se está trazando de cara a las próximas elecciones nacionales del 2016. Es cierto también que Humala ayudó a encender la pradera al pronunciarse públicamente, reviviendo los temores de un intervencionismo estatal en un tema tan sensible como los medios de comunicación.

Sin embargo, detrás de este debate, surge una gran interrogante: ¿Deben los periodistas defender la posición del dueño del medio -sea cual sea ella- apenas porque laboran allí?

La respuesta puede parecer obvia, pero no lo es en las redacciones peruanas donde desde hace décadas se padece una especie de «Síndrome de Estocolmo» que provoca, al incorporarse a algún medio de comunicación, que los periodistas dejen de lado sus propias convicciones para identificarse con lo que piensa el propietario, algo así como un secuestro virtual de las ideas que cada persona tiene derecho a poseer. ¿Temor a perder al empleo o a desagradar al dueño? Puede ser.

Esta situación alcanzó su cúspide y se convirtió en un escándalo mundial cuando se descubrió que el régimen de Alberto Fujimori había comprado con dinero del Estado la línea editorial de muchos medios de comunicación para perpetuarse en el poder y sus periodistas se habían convertido en meros corifeos remunerados.

Al descubrirse el virtual monopolio informativo tejido por el régimen fujimorista, la mayoría de periodistas que laboraban en esos medios alegaron que desconocían ingenuamente que con cada letra que escribían a favor del gobierno engrosaban también los bolsillos de sus propietarios.  Luego, muchos hicieron mea culpa, escupieron la mano de quien antes estrechaban ávidamente y prometieron no suscribir sin cuestionar nunca más aquellas ordenes que el dueño daba como si fuera una divinidad.

Aunque debate, sin duda, no concluirá en breve, pero está permitiendo demostrar que muchos periodistas no han aprendido de la traumática experiencia pasada ya que vienen dejando de preguntar o interrogar acerca de algo que pudiera colisionar con los intereses del dueño y los pueda dejar sin trabajo así tengan que sacrificar su independencia, objetividad y ética.

Si bien a todas las luces la posición de dominio de un grupo mediático puede ser legal de acuerdo a las leyes peruanas, es válido también indagar si ello no coloca al país ante la posibilidad de formar una opinión pública monocorde que pudiera ser usada en el futuro -como ya ocurrió en el pasado- para imponer o mantener un determinado régimen o gobierno.

Esa disyuntiva que está en manos del Poder Judicial no puede ser soslayada ya que está en juego el tema de la libertad de la gran mayoría de peruanos. Y es que cualquier poder omnímodo -sea estatal o privado-  puede imponer su voluntad o, simplemente, su concepción del bien al resto de la sociedad o de una gran parte.

Sin embargo, para los defensores del nuevo y poderoso conglomerado siempre será muy reconfortante leer a periodistas que lo atribuyen exclusivamente a los enormes méritos desplegados para conseguirlas.

Es cierto que no todo el mundo dispone de ese gran manejo financiero y editorial, aunque observamos entre ambos bandos cierta arrogancia que se sostiene en el conocido “sesgo de la confirmación”, según la cual una información que coincide con nuestras propias convicciones se acepta en forma mucho más favorable que aquella que no está acorde con las mismas. No obstante, se debe recordar que algunos cuestionamientos son mucho más que una explicación simplista vinculada a la envidia.

Lo que debe importar a todos es que un poder  tan inmenso puede imponer su voluntad o su concepción del bien a la gran mayoría. No se trata sólo de una desigualdad que pueda desaparecer de la noche a la mañana, se trata de la libertad de expresión y ese es un autentico «contubernio» (*) que los peruanos deberían tener, si quieren seguir siendo un país que camina al desarrollo con una verdadera democracia.

(*) El Comercio le imputa a Humala de actuar en «contubernio» con una periodista de la televisión estatal para meterse en el debate.