Por Marta NERCELLAS, para SudaméricaHoy

El 10 de noviembre del 2014 se realiza la denuncia que da inicio a la investigación que involucra a la familia Kirchner  y a más de una veintena de personajes cercanos a ella. Beneficiarios de negocios que pagamos todos pero que disfrutaron sólo los involucrados.

El país estaba presidido por Cristina. Los señalados como autores del “Law fare”, con el que se victimizan,  tardarían más de un año en ganar las elecciones. La “mesa judicial” y los “grupos de tarea”, que sostienen que articuló Macri para perseguirla intentando desarticular sus políticas populares, no existía cuando las pruebas comenzaron a acumularse.

 La descripción de la maniobra resulta clara: los ex mandatorios – en lenguaje coloquial Néstor y Cristina- idearon un sistema de beneficios y prebendas para  “empresarios” amigos.  En forma irregular le concedieron obra pública por miles de millones de dólares. Obras que, en muchos casos, no se realizaron o sólo se ejecutaron parcialmente pero fueron abonadas íntegramente por el Estado, con importantes sobre precios. Esos empresarios, junto con otros miembros de la organización criminal, retornaban al patrimonio de la familia presidencial parte de esas ilícitas ganancias a través de préstamos, compras de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros o propiedad o mejoras en dichos establecimientos. Los dineros arrebatados a las arcas estatales aparecían blanqueados en operaciones comerciales que tenían irregularidades que nunca intentaron siquiera explicar.

No se ocupaban las habitaciones de los hoteles cuyo alquiler pagaban. No se lavaban sábanas ni toallas, no se compraban medialunas o café, ninguno de los servicios – luz, teléfono , etc- eran utilizados por los imaginarios pasajeros. Pero para que no pensemos que tal vez se olvidaron de guardar las respectivas facturas, los empleados de las empresa de Baez y López, privilegiados “inquilinos “ de esas importantes habitaciones,  trabajaban a no menos de 500 Km. del lugar donde pernoctaba. ¿Compensaría la lujosa comodidad que le brindaban andando y desandando  esas distancias dos veces por día?

 Funcionarios y empresarios se enriquecieron en los doce años del reinado kirchnerista, en idéntica proporción a la que las arcas estatales se empobrecían. Baez sumaba kilómetros de estancias – ninguna de ellas dentro del territorio ancestral Mapuche por lo que las reivindicación de los descendientes de ese pueblo originario ni siquiera lo roza- y López ,con la ayuda de nuestra agencia recaudadora , compraba empresas y medios de comunicación mientras dibujaba un paga dios con las deudas de sus  impuestos y cargas.

 Con fraude en las etiquetas se rotulan los negocios ilícitos descritos en el expediente,  con las etiquetas que  los coloca en el rol de víctimas del hostigamiento y la persecución de los viles agentes del gobierno macrista,  gracias a la ayuda de actuales funcionarios y jueces.

Quienes investigaron las tropelías aparecen cuestionados e imputados por los defraudadores del estado. Quienes intentaron cobrar los impuestos que le debía al erario son acusados y perseguidos por  haber acosado a los contribuyentes deudores.   En ningún caso intentan probar que no debían sino que utilizan el escudo virtual de los votos  para declararse libres de culpa y cargo. Ese dictamen de inocencia fabricado bajo el calor de los gritos, la prepotencia y las amenazas  contra  los jueces que deben emitir su veredicto no cedió siquiera cuando varios millones de los votos en los que se respaldaban le restaron su apoyo en las últimas elecciones legislativas.

 El peronismo ha perdido todas las elecciones de medio término, las legislativas. En el 2009, 2013, 2017, 2021 los votos opositores superaron los de ese espacio. Sin embargo, nunca interpretaron dichos fracasos como una interpelación. Siempre fueron por más: más pobres, más prohibiciones, más cepos, más regulaciones, más impuestos. Lo único que marca rebajas constantes son las libertades, la institucionalidad, el respeto a quienes no piensan como ellos, a la independencia e imparcialidad de la justicia.

Pretenden que no pudo haber lavado porque los dineros que el Estado paga siempre están bancarizados. El banco no actúa como lavandina (lejía) que limpia las manchas del dinero defraudado al erario pero, por añadidura ese dinero “blanco” es negreado para poder convertirse en ganancias espurias y retornos convenidos a los funcionarios. Ese dinero “blanco “ no se usa en maquinarias , salarios y materiales para ejecutar las obras que no hicieron, sino se convierte en sumas líquidas para enriquecer ilícitamente y sobornar. Pero el dinero negro no puede exhibirse comprando nuevas propiedades o bienes de lujo de los involucrados. Entonces, los empresarios completan su tarea y alquilan falsamente los hoteles y los inmuebles a la familia Kirchner  para poder regresárselo.

Con lenguaje barrio bajero intentan confundirnos. El depósito bancario- obligatorio para que salgan los millones de pesos de las cuentas públicas – es contaminado por la causa inexistente y por el fin delictivo.

Nunca dicen, no cometí el delito. Nunca pueden mostrar una actuación legítima. Se esconden en laberintos procesales donde libran su batalla contra la verdad y contra el gobierno que lo sucedió en el 2015. 

 Pretenden que ellos inventaron las causas que los incriminan. Para hacerlo olvida que muchas comenzaron cuando todavía Cristina era presidente, que  fueron filmados sus allegados contando millones de dólares cuya procedencia no pueden explicar, que el impulso que López le dio a bolsones que contenían otros 9 millones de la misma moneda, no perdieron en ese vuelo la suciedad de su procedencia, que el chofer de Baratta anotó a quienes, cuando y dónde se cobraban esos “vueltos” , que su relato fue corroborado por varias decenas de empresarios que se auto inculparon, reconociendo que era cierto lo escrito, que los teléfonos de todos encerraban la prueba objetiva del relato delator, que las obras no se hicieron pero se pagaron, que sus fortunas crecieron y que no existe causa que puedan articular para justificarlo. Podríamos seguir enumerando porque  pese al esfuerzo hecho para destruir las evidencias no  lo lograron .

Muchos funcionarios actuales -todos con un prontuario que  garantiza empatía y fidelidad con  la familia vicepresidencial y sus cómplices – trabajan diariamente con sueldos pagados por el Estado para garantizar la impunidad de los imputados. Ninguno de ellos puede hacer desaparecer los documentos secuestrados por el juez Claudio Bonadío, en sus propios hoteles cuando Cristina era presidente. No era “law fare” eran papeles que ponían al descubierto la maniobra (hasta una carpeta que documentaba el espionaje ilegal cuyos resultados le habían sido entregados).

Retornaron al poder y no pudieron aprobar reformas estructurales que les hubieran permitido aniquilar la independencia judicial, terminar con la división de poderes, hacer realidad la mística revolucionaria que con fe religiosa pretende que repitamos: las pruebas no existen, son víctimas de la persecución malsana. Por eso. van por el archivo de las causas que investigaron las felonías, por el apriete mafioso para que los perseguidos sean quienes los investigaron,  para que el “mundo del revés” con el que Maria Elena Walch nos enamoró se convierta en una realidad que nos desaliente. 

Mutilar  y  destruir las causas que los incriminan no nace espontáneamente, lo han ido preparando.  La debilidad institucional,  las vacilaciones políticas de quienes deberían controlarlos y la justicia desvencijada hacen su aporte. Las pruebas no desaparecen pero se las ridiculiza. Soler nos decía que el orden jurídico  tenía dos topes: hacia arriba la CN  y hacia abajo la cosa juzgada. Se olvidó de contarnos que algunas veces esa cosa juzgada era obtenida en forma espuria, fraudulenta. La prepotencia del poder  se corporiza en  una resolución que no avalan  las normas procesales.

 El  tribunal que debe realizar el juicio desiste de hacerlo. Valora pruebas sin el control que la ley establece. Utiliza miles de palabras para decirnos que no pueden avanzar  y ni una sola contesta nuestras dudas. Dos de los jueces -y uno mientras se apeaba al última escalón del tren que lo sacaba de ese tribunal-   deciden que debe archivarse la causa dejando las preguntas y las dudas sin resolver.  

 Muchas fojas dedicadas a explicarnos que los hechos sucedieron en Santa Cruz por lo que no son competente,  que la asociación ilícita se encuentra siendo analizados en otras  causas por lo que no deben juzgarla ellos, que las acciones sucedieron antes que la ley diga que el auto lavado es delito por lo que  debe aplicarse la ley penal más benigna y sobreseerlos.  Ni los defensores ni los jueces que deciden la medida liberatoria afirman una sola vez que no se cometieron los hechos investigados. Resulta insólito y atípico. Cuanto menos, requería ser discutida en el juicio porque la evidencia que alegan no existe más que en sus deseos.

Tratan de vaciar de contenido a la asociación ilícita afirmando que la rara avis se convirtió en un hecho reiterado porque los medios de prensa  identifican justicia eficiente con esa imputación que es para la prensa el  tipo penal predilecto a la hora de combatir la impunidad.

Adriana Palliotti describe con precisión los planteos que realizan los defensores y afirma que deben inexorablemente ser resueltos en el debate oral publico contradictorio y continuo, que resolver antes del juicio desnaturaliza la instancia del juicio oral, obligando a  valorar el acervo probatorio anticipadamente. Quedó en minoría.

La moneda está en el aire, depende de los fiscales y del Tribunal de Casación si será cara o cruz.  Faltan el respeto a las evidencia pero tal vez lo hacen por economía procesal ya que el mito no puede ser vencido por prueba alguna.