Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Fourriel vuelve a tener razón. Nos dijo: “Los actores nos hacemos cargo de que estamos actuando. Los políticos, no.” Y, a veces, son tan poco histriónicos que cuando los escuchamos vemos el hilo de la careta cruzándole indisimuladamente la cara.

Despojado de escrúpulos, el presidente lee un largo discurso deshilachado y contradictorio no sólo con los hechos sino con sus propios dichos, narrándonos el avance sinuoso y subrepticio que planea contra la justicia. La realidad no homologa sus palabras pero no importa, entiende que los votos conceden poder para disfrazarla si lo que ve no le gusta. Las instituciones a los barquinazos intentan adivinar dónde están cavando el próximo pozo para tumbarlas de manera definitiva.

Nos cuenta que llegó a la Presidencia para no ser sordo a las críticas bien intencionadas, pero no se dejará aturdir por las críticas maliciosas. Si debemos transpolar sus dichos a sus acciones deberíamos leer, las críticas de mi vice y su entorno serán escuchadas, la “mala intención” del resto de los ciudadanos no.

 Para curar las “heridas” nacionales y procurar la unidad y seguramente el apoyo de los organismos internacionales, ordena investigar la supuesta “administración fraudulenta “del anterior gobierno y la “malversación de caudales públicos”.  Define como delito el préstamo del FMI y la supuesta fuga de capitales realizadas por los amigos de Macri.

Si ese préstamo es convalidado como una dolosa hipoteca al país, sus importes se asemejarán a las sumas que algunos investigadores consideran que se “evaporaron” en el gobierno Kirchnerista. Sumas parecidas tal vez le permitan proponer una compensación  que pueda cerrar las “heridas”. Si todos somos delincuentes ninguno lo es.

 El anuncio de la iniciación de esta querella apuntando la mala fe de los tomadores del crédito y el desdén de los funcionarios políticos de un organismo multilateral, debió ser festejado en el Ministerio de Economía que intenta negociar con el FMI. No aclaró si considera cómplices o encubridores a los funcionarios del organismo financiero internacional, ni tampoco como concluyó que los dineros “fugados”, por quienes no confían en las seguridades que nuestro país brinda a sus ahorros, son los dólares que el fondo entregó.

Procurando tener objetividad debo reconocerle la eficiencia en la formación de organismos y comisiones.  Suelen ser improductivos, ineficientes, supernumerarios y costosos, pero contagian la sensación que se están ocupando del tema. ¡Salud es Ministerio¡ festejaban y a poco andar  gestionaron la pandemia  logrando la mayor cantidad de muertos cada 100 habitantes, decretando la más larga e ineficaz cuarentena y  determinando un daño económico que no puede revertirse.

Crearon el Ministerio de la Mujer y equidad de género; el presupuesto nacional se sancionó con “perspectiva de género”; organizaron el “Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios”; pero  aumentaron geométricamente  esos delitos. Aumentar gastos no significa necesariamente aumentar eficiencia.

Reconoció que “las grandes organizaciones criminales terminan resquebrajando el tejido social.” Por lo que propuso perseguir con firmeza al crimen organizado. Pero sus palabras se dan de narices con su acción al intentar la impunidad de la asociación ilícita que se está investigando y que, según la justicia, es presidida por su vicepresidenta y organizada por algunos de sus funcionarios o exfuncionarios a los que defiende pública y enfáticamente.

 Sus “errores” se acrecientan cuando se presenta  como  “un hombre que se ha criado en el mundo del derecho” porque desde esa mirada es imperdonable que no recuerde que no debe opinar sobre causas en trámite, que no debe amenazar ni descalificar públicamente a los magistrados, que no debe decir  (menos en el exterior del país ) que una denuncia es una payasada o que no es delito haber privado de vacunas a los agentes de salud y los ancianos para privilegiar a los jóvenes de la Cámpora premiando así su militancia. No parece que esas actitudes enseñen “a respetar la institucionalidad de la República “ni a   respaldar” la vigencia de los valores democráticos.”

Reconoció que pese a que transcurrió más de un año de su presidencia no ha logrado encender la luz en los “sótanos de la democracia”. Lamentablemente no aclaró cuáles son las sombras actuales ya que intervino la Agencia Federal de Inteligencia prohibiéndole actuar en seguridad interior y colaborar con la justicia.

Denunció que el Poder Judicial de la Nación está en crisis.  Que vive “en las márgenes del sistema republicano”. Que las declaraciones de bienes de los miembros de la Corte son inaccesibles. Que los privilegios y los “hechos llamativos” que acontecen en ese ámbito son ocultados por los medios de comunicación.

Teniendo a su lado a la señora vicepresidenta, procesada en múltiples causas, en juicio oral por varias de ellas, levantó su dedo índice para señalar que un “fiscal procesado” sigue en funciones. Omitió decir que el procesamiento dictado por un Juez que se enorgullece mostrando su camiseta partidaria y fue ascendido por ello, fue duramente criticado por la Cámara al revisarlo y nada quedó de la extorsión que menciona.

Criticó el “per saltum” decidido por la Corte para tratar la situación de “dos jueces ignotos”. Si los desconocía podía haberle preguntado a su vice antes de calificarlos de esa manera ya que fueron los que confirmaron varios de los procesamientos y pedidos de prisión que ella tiene vigente.  Olvidó también que era de “gravedad institucional” el recurso no por antojo de los cortesanos sino porque debía resolverse si el poder legislativo y ejecutivo había intervenido en la esfera del judicial para correr a jueces que no podían domesticar.

Habla de “arrepentidos bien pagos” sin decir cuáles son y quién le pagan pese a su obligación de denunciar los delitos como funcionario público y a que la apertura de la asamblea era una excelente oportunidad.

En mérito a esto y “con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República” le pide al Congreso que asuma su rol de “control” sobre el Poder Judicial. El estrés de la función obviamente le está impidiendo recordar lo que dice la Constitución Nacional. El poder judicial es el garante de que el legislativo y el ejecutivo no se extralimiten en sus funciones. También la Constitución define qué debe hacerse si los Jueces incurren en mal desempeño.  No es el control legislativo sino el juicio político lo que corresponde.  La “comisión” para controlar jueces fue prontamente convocada – menos de 24 horas- por el senador Parrilli – quien fue definido en forma desdorosa por la señora Kirchner según debimos escuchar-.

 El estado de derecho exige que no se interfiera con las funciones judiciales. Que se respeten los mecanismos de designación y destitución de los jueces. Que  no se mancille su investidura. No parece que se intente cumplir con lo constitucionalmente ordenado.

La forma de acelerar los procesos es poner en vigencia el Código Procesal Penal Federal que es ley y no crear nuevos Tribunales de revisión. La Corte necesita poder trabajar sin presiones ni agravios y no que se inventen tribunales intermedios que actúen como filtro, impidiendo que en nuestro país exista una sentencia firme antes que todos se olviden de la perpetración del delito.

Insiste en la aprobación de la ley de la “reforma de la justicia”. Proyecto que debería llamarse de multiplicación indefinida de cargos ya que nada modifica. También en el proyecto de reforma en la selección del Procurador. Ninguna de las iniciativas parece apuntar a los objetivos que describe. El proyecto para “reformular” el funcionamiento del Consejo de la Magistratura sólo fue anunciado sin definirlo. Esperemos que despegue a ese organismo esencial de la política partidaria.

Es verdad que la justicia argentina renuncia a veces en forma voluntaria a conocer la verdad  convirtiendo algunos casos en los que se investigan personajes poderosos en recursos políticos; pero ninguna de las propuestas parece dirigida a solucionar este conflicto sino más bien intenta profundizarlo sólo que elegiendo arbitrariamente a quienes les tocará el premio y a quienes el castigo

 Repitiendo constantemente mentiras y diagnósticos errados pretenden convertirlos en realidad.  Olvida que los argumentos que utiliza para atacar a la justicia son vaciados de contenido por  fallos fundados en prueba y razones.

Avanzan sobre  los organismos públicos para desarticular los órganos de control. Ponen militantes en los lugares estratégicos para poder diseñar un trabajo de pinzas que deje sin oxígeno ni independencia  a los jueces. Más de doscientos funcionarios son intimados por la ANSES para que se jubilen con la finalidad de lograr sus espacios para consumar los cambios que no logran normativamente. Es que el problema de la justicia lo encuentran en los jueces que investigan no en los crímenes cometidos.

Afirmó sin ponerse colorado y sin pedir perdón por el “vacunatorio vip” que “un mundo con vacunas para pocos será un mundo más injusto y violento.” Agregando, al lado de una Vice que nunca usa barbijo que “el cuidado individual es cuidado colectivo. Cuidarse es cuidar a otro”.

Se torturan los datos y la verdad para  que “confiesen” lo que necesitan  escuchar . El Ministro del Interior – Wado De Pedro- redondea el concepto: “O los jueces se transforman o se van”

 Están convencidos que si están los votos, las razones sobran.