Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy
La situación económica, social y política del país sigue el mismo rumbo de colisión que describimos en un artículo anterior, en este mismo sitio. Sin embargo, habría que agregar que el panorama es cada vez más oscuro.
La hiperinflación, la escasez de productos alimenticios y medicinas, el deterioro de los servicios básicos (agua, electricidad, salud, transporte, educación e internet), la disminución del tiempo de duplicación de los precios, continúa y se agrava. Ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) predice que la inflación podría alcanzar la cifra de UN MILLÓN por ciento para finales del año; que la economía caerá en un 18 % y que la producción petrolera podría reducirse a cerca de un millón de barriles diarios. Una situación sin precedentes en la historia de Venezuela.
Como si esto no fuera suficiente, se han hecho evidentes algunos signos de consolidación de un proceso de disolución del Estado, entendiendo por “Estado”, la conjunción de gobierno y sociedad.
El elemento más obvio de este proceso, es el hecho de que cerca del 60 % de la actividad económica comercial se realiza ahora, por vías totalmente informales. Es decir: ventas callejeras, ventas privadas por personas que no están registradas legalmente, o por organizaciones promovidas por el gobierno para la distribución de alimentos y enseres del hogar. Por supuesto, estas ventas no generan impuestos a pagar y no dan garantías del producto, en cuanto a origen, sustitución por daño, calidad y permisiones.
Otro signo preocupante es la existencia de extensas zonas del país, que se encuentran bajo el control de grupos irregulares, paramilitares, militares mismos y delincuentes organizados, donde la institucionalidad no funciona y los irregulares imponen las reglas. Allí, ocurren impunemente, robos, asesinatos, extorsiones a comerciantes formales, mineros, campesinos y empresarios o dueños de fincas, así como acciones contra personas, especialmente líderes campesinos, obreros o comunitarios que se atreven a enfrentar la situación.
No parece casual que algunas de esas áreas sin control oficial, se correspondan con las “zonas de paz” que el gobierno decretó hace varios años.
Parece, más bien, que hubiera la intención de disolver la estructura del Estado. De hecho, todo indica que el gobierno gobierna cada vez menos. Los organismos oficiales (ministerios, institutos y otros organismos) no tienen presupuesto para otra cosa que no sea el pago de sueldos y salarios. No hay dinero para proyectos, investigación, capacitación y equipamiento, para citar solo renglones importantes. Al menos, esa es la respuesta del funcionariado cuando se les pide explicación acerca del incumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las competencias que la ley les asigna.
¿Hacia dónde vamos, entonces?
Por ahora, solo se me ocurre pensar en la idea de estar derivando hacia un “Estado Feudal del Siglo XXI”, donde el país habría sido repartido entre modernos señores o grupos feudales que gobiernan a su antojo, que son los nuevos dueños de los medios de producción, que tienen poder sobre la vida de la gente, y todo ello con la anuencia del gobierno central al cual mantendrían con sus aportes.
Un Estado de “lealtades por conveniencia”. ¿El fin del Estado?