Un grupo de manifestantes protesta en Brasil a favor de la memoria y la lucha ante la impunidad de la dictadura

Río de Janeiro. Por Carlos A. MORENO/Efe/SAH

El apoyo logístico y financiero de empresarios a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985  es uno de los objetivos de la Comisión Nacional de la Verdad, empeñada en identificar a los cómplices de los militares al cumplirse 50 años del golpe de Estado. Un grupo de académicos de diferentes universidades, centros de estudios y organizaciones sociales, se ha sumado a esta iniciativa gubernamental. El colectivo se presentó en Río de Janeiro bajo el nombre  «Grupo de Estudios Más Verdad»  y aunará esfuerzos con la Comisión para desentrañar «el papel de grupos económicos en la preparación y la conducción del golpe».

Además de intentar identificar a los empresarios y empresas que apoyaron el golpe, los investigadores, convocados por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), también se proponen realizar un seguimiento de «la variación del patrimonio de estos grupos en los últimos 50 años y sus relaciones históricas con el Estado brasileño».

El asunto se convirtió, desde enero pasado, en blanco de la Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2012 por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. «Queremos identificar a las empresas que apoyaron el golpe, pero también apoyaron el proceso represivo con dinero, armas, carros, gasolina», aseguró recientemente la abogada criminalista Rosa María Cardoso, una de las integrantes de la Comisión.

Martina Spohr

La abogada explicó que el grupo que coordina está intentando identificar a empresarios o empresas que puedan ser responsabilizadas. «Esa búsqueda no es de ahora. Ya hay muchas investigaciones sobre el apoyo civil al golpe. Lo que diferencia los análisis de ahora es la búsqueda específica de empresarios que apoyaron no sólo el golpe sino también la represión», dijo la historiadora Martina Spohr, investigadora del Núcleo de Documentación de la Fundación Getulio Vargas. «Ya se sabía de la participación de políticos y personalidades, pero la intención ahora es identificar la responsabilidad de empresarios en la financiación. Hay una nueva perspectiva de estudios en la que se habla del golpe empresarial-militar», agregó la historiadora, autora de publicaciones académicas sobre el asunto.

Spohr recordó que los primeros estudios que mostraron el dedo de los empresarios en el golpe datan de la década de 1980 cuando el investigador uruguayo René Armand Dreifuss identificó las entidades empresariales que financiaron una campaña contra el presidente, Joao Goulart, derrocado por sus supuestas inclinaciones comunistas. «Los nuevos enfoques pretenden profundizar en algunas de las vías de investigación de Dreifuss, como la participación de empresarios de otros países en el golpe, y el aporte financiero de empresas a operaciones de represión en Brasil», agregó la historiadora.

Los archivos empresariales a los que Dreifuss tuvo acceso le permitieron descubrir que entidades como el Instituto de Investigación y Estudios Sociales (IPES) y el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD), integrados por empresas, fueron ideados por el general Golbery do Couto e Silva, uno de los conspiradores, para buscar apoyo al golpe entre compañías. «Las dos recibieron dinero de empresas extranjeras por mediación del entonces embajador de EE.UU. en Brasilia, Lincoln Gordon«, según Iván Seixas, también integrante de la Comisión de la Verdad. El IDAB financiaba las campañas de políticos opositores de Goulart mientras que el IPES financiaba campañas en los medios de comunicación contra el Gobierno.

La Comisión de la Verdad también quiere poner nombre y apellidos a empresarios que entregaron a los militares listas de empleados que consideraban de izquierda o líderes sindicales, que debían ser vigilados. Cardoso considera que los empresarios aún pueden ser responsabilizados por sus acciones de apoyo a la dictadura. «La legislación sobre eso ha sido perfeccionada. Documentos de la ONU dicen que las empresas pueden ser responsabilizadas si fueron cómplices de dictaduras. Al menos las que apoyaron el proceso represivo tienen una responsabilidad criminal», afirmó. «Estamos intentando identificar empresarios que pueden ser responsabilizados. Si no conseguimos los nombres, podemos responsabilizar a las empresas», agregó. Spohr considera difícil que esos empresarios puedan ser responsabilizados por falta de pruebas. «Además, la Comisión de la Verdad no tiene poder punitivo. Limitada por la Ley de Amnistía, la comisión sólo puede realizar un informe y recomendar que la Procuraduría abra una investigación», afirma la historiadora.