Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy

Ha pasado un año desde el cambio de gobierno. El balance es difícil ya que previamente debemos descorrer el telón de la pandemia y de la cuarentena concebida como la única forma de controlarla. ¿Fue un telón de humo para esconder avances autoritarios sobre la división de poderes o sus fibras fueron tejidas con buenas intenciones que se desmadraron por los empellones de quienes llegaron al poder con una sola finalidad: borrar las huellas que dejaron sus delitos cuando ocuparon la centralidad de las decisiones?

¿El presidente es una víctima?, ¿desconocía las razones por las se le ofrendaba un inmerecido regalo, ofreciéndole un lugar para el que no estaba preparado? ¿Es alguien que no puede desanudar los hilos con los que ataron su voluntad, convirtiéndolo en marioneta o es parte del plan y conocía desde el principio cuál era su misión?

No se si importa la respuesta porque cualquiera sea las huellas que sus acciones dejan en la estela republicana nos acompañaran por décadas. La pobreza que supuestamente intenta combatir siguió aumentando sin escala, es cierto que va creciendo la igualdad, ya que logra que la clase media devenga en pobre. El pobrismo es un valor preciado en sus manuales porque produce sumisión facilitando la gobernabilidad.

El trillado traspaso generacional no se refiere a una generación más joven ocupando los lugares de decisión. Nos habla sólo de un grupo de jóvenes que el dedo índice de la vicepresidenta señala. Los otros jóvenes, no sólo están privados de ocupar un lugar en ese círculo, sino que también se les impide la educación, se les cierran los colegios y son empujados a desechar el esfuerzo y el trabajo como medios para sus objetivos. Se reemplaza el mérito por solidaridad (en rigor por limosna).

Las reglas se cambian constantemente para acomodarlas a las necesidades de los fines inmediatos de quienes manda. Da igual que hablemos de las electorales, la coparticipación, la carga impositiva o las que regulan la actividad económica privada.

El unitarismo fiscal se profundiza (de los catorce impuestos creados o incrementados ninguno es coparticipable). Los gobernadores e intendentes si quieren poder pagar a fin de mes los sueldos de la cada vez más concurrida burocracia estatal, deben doblar su rodilla frente al amo que reparte los dineros públicos. Sus legisladores deben acatar la orden de votar las leyes que señala el oficialismo, si quieren evitar que su territorio se convierta en un infierno.

La política es dinámica, lo único permanente es el interés al que deben servir. Las palabras han cambiado su significado y han perdido su capacidad de simbolización. Se grita “Hemos acabado con el hambre “mientras un pueblo misionero escarba para obtener comida en el pozo en el que Gendarmería enterró los pollos en mal estado y los encargados de comedores comunitarios afirman con tristeza que aumenta constantemente la gente que concurre a ellos, agregando que muchos van con vergüenza porque nunca mendigaron para comer.

En muchas áreas de la vida ciudadana los derechos y las acciones se metieron en una licuadora que, mezclando verdades y mentiras, sueños y necesidades fueron ofreciendo su “batido” carente de sabor. No se vaciló frente a ningún mecanismo que permitiera legalizar la criminalidad siguiendo los pasos dados en el tercer mandato Kirchnerista cuando se sancionó una ley para borrar las huellas del apoderamiento de la empresa que imprimía nuestros billetes o cuando se firmó un Tratado con el Estado que encubre a quienes agredieron a nuestro país y mataron con una bomba asesina a nuestros ciudadanos mintiéndonos que ayudaban a la investigación mientras encubrían a los asesinos.

Ocurrieron muchas cosas en tan breve tiempo. La cuarentena inmovilizó a los ciudadanos, pero no a los funcionarios que tenía un plan de impunidad y de agresión a la institucionalidad. Lo ocurrido en la justicia, porque al final del día es el Poder Judicial nuestra última garantía, merece especial atención sobretodo porque no debemos olvidar que la forma en la que se procesan los crímenes del pasado nos anticipa cómo construiremos nuestro futuro.

Corrieron jueces, acosan fiscales, intentan anular las pruebas que los incriminan. Un afiche convoca a una marcha y acampe para defender a los “patriotas”. En el centro, la foto de nuestra vicepresidenta multiprocesada pero convencida que las pruebas reunidas son generadas por una persecución política y no por los delitos perpetrados. Detrás de ella los exfuncionarios o sindicalistas que están acusados o condenados por robar los dineros del estado, por extorsionar o por lavar los activos ilícitamente adquiridos. Aunque el propio ex funcionario haya reconocidos por ante la justicia el delito por el que se le acusa, el cartel de “law fare”   no se le mezquina a nadie.

Boudou fue claro al definir las cosas: ”Un año en el poder y los temas judiciales no se cerraron”. Evidentemente haber vivido en un médano le robó el pudor. Su condena recorrió todas las instancias. La prueba acumulada no permitió que ninguno de los dieciséis Jueces por los que paso la causa dudara de su culpabilidad. En nuestro país tener una sentencia firme es una excepción que debe valorarse. La Corte, con su decisión, le borró la presunción de inocencia que debe regir durante el proceso y lo declaró una vez más culpable.

Sus compañeros de ruta no lo habían defendido antes de ahora, pero las definiciones judiciales son una alarma para el resto de los imputados en relación con sus propias cuentas sin saldar y entonces, más que nada en defensa propia, salieron muchas voces a denunciar el agravio que significa que se reconozca que cometer delitos merece la respuesta punitiva. Salieron con furia después de la instancia final. Diríamos una defensa extemporánea desde el curso procesal, pero con un contenido agraviante para las instituciones.

Un fallo firme no es reconocido y la Corte- cabeza misma del Poder Judicial- es maltratada e insultada por cometer el agravio de no ser desigual con Boudou, no darle un trato que las leyes no le permiten pero que declaman desde el jefe de Gabinete a los funcionarios más impensados. Coincido que sus derechos no deben ser vulnerados y que debe tratárselo como a cualquier otro ciudadano, pero ¿qué derecho no se le respetó? Se le permitió continuar la detención en la mansión ilegalmente pagada por los contribuyentes de Avellaneda. Se afirmó que se le daba la detención domiciliaria para que pudiera asistir a sus hijos menores y se le sigue pagando una pensión de privilegio pese a la demostrada defraudación al estado. ¿Conocen a muchos ciudadanos que sean tratados así? Tal vez Cafiero habla de desigual por exceso no por defecto.

Aunque tarde, hoy advirtieron que era inocente, era tan sólo un emprendedor que pretendía quedarse con la máquina de hacer billete. ¿será porque hoy esos billetes se parecen bastante a papel pintado que cada día van perdiendo su valor y dejando de ser uno de los símbolos de nuestra soberanía?

Se requiere, con evidente ánimo dilatorio, que en la causa de la obra pública en la que está procesada la vicepresidenta se audite toda la obra pública. Las obras auditadas acreditaron con certeza el desfalco, en la hipótesis (bastante dudosa) que se probara que el resto de las obras no tuvieron sobreprecio, sus concesiones no fueron digitadas y que se concluyeron, ¿restarían estas constancias algo de la criminalidad ya acreditada?

El activismo de las calles contrasta con la falta de respuestas en los expedientes. Movilizan y acampan, pero no indican la causa de los millones que se contaban en la rosadita o que aparecieron en la caja de seguridad de la hija de Cristina Kirchner. No explican por qué Jaime dijo que coimeó o por qué los “arrepentidos” supuestamente extorsionados para confesar crímenes que no cometieron, no se desdicen ni denuncian pese al año transcurrido desde que la Casa Rosada tiene huéspedes que aplaudirían sus manifestaciones.

La política tolera la corrupción y ese afiche además señala a los corruptos como patriotas. Con “law fare” no hay democracia afirman, vaciando a esa expresión de contenido, ya que cuesta etiquetar así a causas en las que se reunió prueba objetiva que reconstruyó la materialidad de los hechos y señaló con certeza a los culpables, además de haber sido comenzadas varias de las que se pretende desarticular durante la presidencia de Cristina Kirchner. ¿Será que ella misma intentó perseguirse haciendo lo propio con alguno de sus socios y funcionarios?

Ya hace un año que ejerce la Presidencia quien nos prometió cerrar la grieta; aumentarle el 20% a los jubilados; reactivar la economía; respetar la independencia del Poder Judicial. Ya hace un año que se pretende que la mayoría debe ignorar al resto de los ciudadanos fundando sus razones sólo en su número. Que nos señalaron que ganar una elección equivale a la absolución por parte de la historia y que desobedecer la ley sólo está castigado si no se tiene el poder.

Ya hace un año, pero cada día de ese año nos señaló que las palabras se las llevó el viento, que los archivos con las declaraciones de los funcionarios deben llenarse de polvo en los estantes más derruidos de los editores, porque después de todo, los funcionarios tienen derecho a cambiar de opinión, aun cuando sea para sostener una postura radicalmente diferente.

Ya hace un año que esos cambios pueden observarse en un mismo discurso y que el presidente no solo se rinde a las propuestas de su vice sino que se adjudica la autoría olvidándose, pese a ser profesor de derecho penal, según afirma, que eso es plagio. Ya hace un año que los derechos humanos se defienden si son agredidos por quienes piensan distinto, pero nada hay para decir cuando la vida misma es arrebatada para las armas de los amigos.

No sabía si merecía la pena este análisis, pero tomando un café con una amiga me aseguró que: “lo que sale, vale” …