Sonia Aquino, sindicalista detenida en 1983. Foto. Efe

Asunción. Por César MUÑOZ ACEBES/EFE/SAH
Sobrevivientes de detenciones ilegales y torturas del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay pidieron hoy procesar a sus responsables y el retorno a sus dueños legítimos de los bienes robados por la dictadura, con motivo de la conmemoración de su fin hace 25 años.
Un golpe de estado urdido por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, acabó con la dictadura el 3 de febrero de 1989 y forzó a Stroessner al exilio en Brasil, donde murió en 2006, sin haber respondido ante la justicia por los crímenes cometidos por su régimen.
Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la dictadura quieren que la conmemoración sirva para reavivar las investigaciones sobre los culpables de los abusos.
«Exigimos juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, exigimos que nos digan dónde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos y que el Estado provea los fondos para poder identificar a los restos hallados», declaró Sonia Aquino, una sindicalista.
Aquino estuvo detenida en 1983 en una cárcel con presos comunes acusada de «subversión» bajo las leyes llamadas «de la defensa de la democracia» y «de la defensa de la paz pública y libertad de las personas», que el régimen usó para lo contrario.
La Comisión de la Verdad y Justicia registró 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura. Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.
Hasta ahora solo se han recuperado 27 cuerpos de los desaparecidos, pero no han sido identificados aun por falta de fondos públicos para ello.
Paraguay condenó a un pequeño grupo de policías por violaciones de los derechos humanos y los tres que aún permanecen en prisión saldrán este año, lamentó el Director de Reparación y Memoria Histórica, Rogelio Goiburú, hijo de un desaparecido, Agustín Goiburú.
También hubo una condena a un civil, Francisco Ortiz, cónsul paraguayo en Posadas, por informar a la seguridad stronista de las actividades de Agustín, que fue secuestrado en Argentina y llevado a Asunción, pero sólo cumplió un mes en la cárcel.
«Ningún militar, ningún alto funcionario que estimulaba la tortura, la persecución» fue procesado, se quejó Antonio González Arce, que sufrió esa persecución.
«Las violaciones a los derechos humanos no prescriben, tendrían que estar permanentemente abiertas las causas para los torturadores», aseveró.
González, que pertenecía al Partido Comunista, ilegal durante la dictadura, dijo que durante sus más de cuatro años detenido fue víctima de palizas y ahogamientos, y sufrió dos simulacros de fusilamiento.
«Fue terrible», aseveró González, quien dijo tener aun las marcas físicas de las torturas.

Herminio Stumpfs permanecio  siete años en prisión

Herminio Stumpfs, también un militante comunista, estuvo siete meses esposado y sufrió sesiones de tortura similares a las de González durante sus más de 7 años en prisión.
Fue arrestado en 1971 por la policía argentina en San Justo y entregado a las autoridades paraguayas, una cooperación que se formalizaría cuatro años después en la «Operación Cóndor», un acuerdo de cooperación entre las dictaduras del Cono Sur para eliminar a personas que consideraban «subversivas».
«No hubo voluntad política» para investigar los crímenes, aseveró Stumpfs.
González reclama también que se abra un proceso de recuperación de lo que en Paraguay se llaman «bienes mal habidos», los recursos de los que se apropió el régimen de forma ilegal y de los que se beneficiaron personas con vínculos con Stroessner.
El escritor y economista Aníbal Miranda cifró la fortuna de la familia del dictador en 4.000 millones de dólares.

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