Por Clara RIVEROS

Buenaventura y Chocó hacen parte de la región del Pacífico[1], una región marginada y sin presencia efectiva del Estado, como otras de Colombia. El departamento del Chocó reúne una población de 127.000 habitantes y es el que padece mayor atraso, pobreza y exclusión social del país. También es uno de los tres departamentos con más cultivos ilícitos[2]. Buenaventura tiene 450.000 habitantes, es un distrito del departamento del Valle del Cauca y el principal puerto en el Pacífico. Buenaventura y Chocó han sido escenarios de movilización social -paros cívicos- en el tiempo reciente. La legitimidad de la protesta -pacífica pese a algunas jornadas de disturbios y acciones de vandalismo- fue incuestionable. Esa región ha padecido la violencia de diferentes actores (guerrillas, paramilitares, agentes del Estado, bandas criminales, delincuencia común, narcotráfico, minería ilegal) así como la corrupción de las autoridades locales.

Los organizadores de los paros cívicos salieron a la calle por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos previos que habían apaciguado protestas anteriores. ¿Los reclamos? Salud, educación, vías, agua potable. Nada extraordinario, lo mínimo, lo básico.

Desarrollo de las protestas, excesos de las partes y gestión de la crisis

En Chocó las protestas se corresponden con la realidad alarmante que viven sus ciudadanos: «la mortalidad infantil es de 42.8 por ciento; el déficit de vivienda es del 80.3 por ciento; el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es del 93.1 por ciento y la pobreza extrema es del 37.1 por ciento. El analfabetismo es del 21 por ciento; la desnutrición crónica es del 18.5 por ciento; y la baja asistencia escolar implica que miles de niños y jóvenes están en sus casas, desamparados, o incorporados en la delincuencia». Ese departamento ha tenido que acudir a la protesta en diferentes momentos (1967, 1987, 2000, 2004, 2016) como mecanismo efectivo de presión para lograr compromisos de las autoridades. Este año los habitantes se movilizaron por el incumplimiento del Gobierno al acuerdo firmado en 2016. A finales de mayo, cuando el paro cívico completaba 18 días, se logró una salida a la crisis. Las autoridades se comprometieron con inversiones de 440.000 millones de pesos (una cifra menor a los 150 millones de dólares) para avanzar en la terminación de las vías que comunican a la capital de Chocó con otras ciudades y regiones del país; y, en salud, fijaron 84.726 millones de pesos (unos 28 millones de dólares) para la construcción de nuevos hospitales y el saneamiento y dotación de los existentes.

La investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, Claudia Mosquera, considera que «El Chocó es el departamento donde el posconflicto se pondrá a prueba». Para el académico de la Universidad del Valle, Javier Duque Daza, en la deplorable situación del departamento no solo tiene que ver la ausencia del Estado, también la corrupción de las autoridades locales (clientelismo, nepotismo, ineficiencia administrativa y alianzas con grupos criminales): «la responsabilidad también recae sobre la dirigencia política local patrimonialista, depredadores que se han lucrado y apropiado de los recursos. Entre 2010 y 2015 las transferencias del Presupuesto General de la Nación al Chocó pasaron de 390.846 a 873.179 millones de pesos. Los dos últimos gobiernos del departamento han recibido siete billones de parte de la Nación, ¿a dónde han ido a parar los recursos?».

En lo que respecta al paro cívico de Buenaventura, los organizadores refirieron la situación de emergencia social, económica y ecológica y solicitaron la reapertura del hospital, así como mejoras en el servicio de agua potable, exigieron al Gobierno el cumplimiento de los compromisos pactados en 2014, cuando se realizó la marcha denominada «Para vivir con dignidad».

La protesta inicialmente fue pacífica y llevó a la suspensión de las operaciones portuarias y bancarias, el comercio local cerró sus puertas y el transporte de carga de comercio exterior quedó atascado, los camiones ni entraban ni salían de las sociedades portuarias. Solo en el primer día del paro cívico y según el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, las pérdidas superaron los $10.000 millones de pesos por la suspensión de las ventas de combustibles y de los comercios, las pérdidas del sector hotelero y gastronómico llegaron a los $1.200 millones de pesos y el comercio internacional también se vio afectado al no poder circular ninguno de los 2.600 camiones que se mueven normalmente por Buenaventura. Los manifestantes se ubicaron en más de 10 zonas para bloquear el paso vehicular de la ciudad y unos 300 camiones de carga bloquearon diferentes vías. Las autoridades locales pidieron mantener la calma y el presidente Santos designó una comisión.

La tensión escaló y pronto se agotó la capacidad de negociación. ¿Lo siguiente? Alarmas, excesos y denuncias de las partes. Disturbios, saqueos y un toque de queda decretado por el gobierno local. La respuesta de las autoridades fue la “mano firme”. Excesos y desproporcionalidad en el uso de la fuerza para “garantizar que la delincuencia no se tome a Buenaventura”. Hubo detenciones [al menos 80 personas, según los reportes de prensa] por participar de actos vandálicos, saquear los comercios y causar lesiones a 10 policías. En el contexto de las protestas murió el patrullero Neiver Antonio Enríquez Cruz. Videos e imágenes circularon y se extendieron en redes sociales. El 20 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos señaló desde Washington: «Respeto y defiendo derecho a la protesta. Vandalismo y saqueos no son permitidos. Situación en Buenaventura, bajo control de fuerza pública».

El diario El País de España reseñó los eventos que acaecían en Buenaventura:

«Buenaventura (Valle del Cauca) dispone de una gran riqueza hídrica, pero sus habitantes no tienen agua potable. Es el principal puerto de Colombia sobre el océano Pacífico, pero sus pobladores no tienen trabajo. Desde hace cuatro días lo han gritado en las calles. Exigen la presencia del presidente Juan Manuel Santos en la región, después de que los delegados del gobierno nacional para los diálogos con los líderes de la zona se levantaron de la mesa. Quieren soluciones. Por ahora, se ha decretado toque de queda tras la noche del viernes, cuando la manifestación dejó de ser pacífica. La represión de las autoridades y el levantamiento de los ciudadanos convirtieron al centro de la ciudad en el escenario de una batalla campal. Varias tiendas fueron saqueadas y al menos diez policías y un manifestante resultaron heridos en los disturbios. Después de la violenta jornada, el número de uniformados en la zona aumentó a 1.027 y han sido capturadas 41 personas por vandalismo.

Las 83 organizaciones que han convocado al paro cívico declararon emergencia social y aseguraron que su lucha se mantendrá, a pesar del toque de queda. Piden agua, el restablecimiento del servicio integral del hospital, oportunidades laborales y que alguien se preocupe por la inseguridad en la que viven. Nada nuevo. Lo mismo por lo que llevan esperando durante años y que ha servido para que los políticos hagan campaña, mientras los pobladores sufren las promesas incumplidas».

La Iglesia Católica fungió como mediadora y pidió al Gobierno “hacer sus mejores esfuerzos” y cumplir los acuerdos pactados. «El Gobierno Nacional debe hacer su mejor esfuerzo para cumplir con acuerdos anteriores y responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que exigen derechos fundamentales […] las protestas sociales que reclaman más presencia del Estado en Chocó y Buenaventura son justificadas porque sus habitantes han sufrido el abandono estatal, la violencia de diversos actores armados y la corrupción de muchos líderes a todo nivel». La Iglesia apoyó la legitimidad de las protestas y rechazó las acciones violentas y vandálicas porque “desprestigian la protesta social justa”. También pidió mesura a la fuerza pública: «debe ser moderada y respetuosa en su misión de control social, evitando extralimitarse en el ejercicio de sus funciones».

El director para las Américas de Human Rights Watch -HRW-, José Miguel Vivanco, afirmó haber recibido muchas denuncias de represión y uso desproporcionado de la fuerza. En primera instancia pidió a las autoridades cesar los excesos del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- y, posteriormente, instó a ejercer la moderación y el uso proporcionado de la fuerza de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Vivanco pidió al Gobierno a tomar “medidas serias” para paliar la deplorable situación y el sufrimiento de los habitantes de Buenaventura. Sostuvo que la pobreza y el desempleo de esa zona son superiores al promedio nacional además de considerar los abusos a que se ha visto sometida la población por la acción de los grupos ilegales. En los primeros días de junio la represión se intensificó y Vivanco llegó a cuestionar al presidente Santos a través de Twitter: «[¿] de dónde sacaron peligrosa idea de reprimir el paro de Buenaventura lanzando gases desde helicópteros? [¿] Se la copió a [Nicolás] Maduro?».

Pasados tres días, el seis de junio, el representante de HRW saludó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los organizadores del paro cívico deseando que se refleje en acciones concretas para Buenaventura. Luego de 21 días de protestas y un acuerdo que contempla una inversión de $1.5 billones por dos años (unos 487 millones de dólares) se levantó el paro cívico de Buenaventura. Los acuerdos alcanzados tienen garantes. En el diálogo adelantado hicieron presencia: representantes del Gobierno nacional, organismos de control, autoridades locales y departamentales, la Iglesia Católica y Naciones Unidas. El 28 de junio, el director de HRW para las Américas dio cuenta de su reunión con el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la que el funcionario colombiano comentó los planes para mejorar la situación de Buenaventura y de otras regiones del país.

Para Gustavo Duncan, académico y columnista, el problema en Buenaventura no solo se debe a la ausencia del Estado también a la del mercado. La corrupción política y el clientelismo, elección tras elección, determina quién se queda con el poder político que define la distribución de los recursos públicos hasta una nueva elección. La situación se agrava porque -a diferencia de las grandes ciudades donde el Estado solo es una parte de la economía- en Buenaventura el sector privado es débil y dependiente de los recursos públicos. Duncan consideró que para mejoras sustanciales en el largo plazo «será necesario no sólo llevar el Estado a la periferia, algo que siempre se repite, sino también el mercado».

CPLATAM -Análisis Político en América Latina- 

Julio, 2017

[1] La República de Colombia está divida política y administrativamente en 32 departamentos. El país está compuesto de seis regiones naturales: Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífico. La Región del Pacífico abarca el departamento del Chocó así como las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Pacífico colombiano limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico. Las principales ciudades de la región son: Buenaventura, Tumaco y Quibdó.

[2] Chocó, Nariño y Norte de Santander son los departamentos con mayor cantidad de cultivos ilícitos en el país. Según Naciones Unidas [Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: 2017] Colombia pasó de tener 96 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en 2015 a 146.000 en 2016. Solo en el departamento de Nariño la hoja de coca pasó de estar en 29.000 hectáreas a 46.000. RCN señaló que en todo Perú los cultivos detectados durante 2015 fueron de 40.000 hectáreas; mientras que Tumaco, municipio del departamento de Nariño, tendría más cultivos de hoja de coca que Bolivia.