Por Antonio LACATTIVA para SudAméricaHoy (SAH)

Más de 26.000 soldados desertaron entre 2009 y 2013 de las Fuerzas Armadas de Perú, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Los soldados, de entre 18 y 22 años, abandonaron el servicio militar durante los primeros seis meses de revista y fueron procesados por el delito de deserción. En esos datos se apoya la decisión del Gobierno de Ollanta Humala de reimplantar el servicio militar obligatorio. La medida ha generado críticas y una fuerte polémica porque se considera discriminatoria: Hace excepciones que favorecen a los universitarios y a aquellos que tienen mejor situación económica.

La ley, que entró en vigencia esta semana, establece el llamado a los jóvenes de entre 18 y 25 años a fin de que ingresen al servicio militar de manera voluntaria, disponiendo que si la respuesta es insuficiente a las necesidades de las Fuerzas Armadas serán cubiertas con jóvenes que serán incorporados por sorteo. Según una disposición de la ley, quienes resultan convocados por la fuerza pueden eludir esta obligación mediante el pago de una multa de 1.800 soles (unos 660 dólares).

“Eso convierte la norma en discriminatoria porque algunos elegidos podrán librarse del servicio pagando; eso es una gran discriminación”, explica al diario El Comercio el general retirado Roberto Chiabra, ex ministro de Defensa y ex comandante general del Ejército.

Otro punto cuestionado es que los jóvenes que estudian en universidades están exceptuados, pero no aquellos que estudian carreras técnicas en institutos terciarios. “Esto afecta a las clases medias, que no tienen la capacidad de acceder a una instrucción universitaria pero sí a una carrera técnica”, agrega Chiabra.

Los soldados reciben una paga promedio de 300 soles (115 dólares), pero Chiabra estima que allí radica otro de los problemas, ya que cree que la carrera militar debe ser atractiva para que los jóvenes accedan a ella. “Lo menos que puede recibir un soldado es el salario mínimo en Perú que es de 700 soles” (264 dólares), explica. En el mismo sentido se pronunció el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien considera que el reglamento de la Ley del Servicio Militar “tiene un carácter discriminatorio y desnaturaliza su carácter voluntario”. Vega dice que la paga que reciben  “es inferior al sueldo mínimo vital y no les permite contribuir con el mantenimiento de sus hogares. Este es uno de los problemas que conlleva a la deserción de los jóvenes en porcentajes significativos”.

Para Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos, con esta ley “siempre terminan perjudicados los de bajos recursos económicos, como los jóvenes que viven en centros poblados o asentamientos humanos, que no podrán eximirse del pago de la multa”.

Ante las críticas, el primer ministro, Juan Jiménez, defiende la ley, ya que, dice establece “incentivos para que los jóvenes puedan voluntariamente acercarse al servicio militar”. Jiménez argumenta que en el país existen 800.000 jóvenes “que no estudian ni trabajan, no están en las universidades e institutos” y podrían encontrar espacio en las fuerzas armadas.

Otro punto de controversia es la posibilidad de que los voluntarios sean enviados a lugares de conflicto armado contra grupos de extrema izquierda y bandas de narcotraficantes, como el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la selva, pues carecen de formación para afrontar el peligro. En ese punto portavoces del Gobierno y las Fuerzas Armadas no se han puesto de acuerdo, ya que mientras algunos dicen que los voluntarios no irán al VRAEM otros señalan que sí podrían hacerlo.

Pese a las críticas, el gobierno avanza con su plan. El 19 de junio se realizará el sorteo de los jóvenes que cumplirán el servicio militar. Según la norma, el sorteo será público “cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor al requerido por las instituciones armadas para cubrir las necesidades de personal para el servicio militar acuartelado”. En este contexto, el ministro de Defensa Pedro Cateriano informó que saldrán sorteados 12.500 jóvenes, quienes gozarán de todos los beneficios en su servicio a la patria, incluida la educación. “Son 12.500 personas y tampoco hablamos de una cifra estratosférica, no perdamos el sentido de la realidad. Se trata de un requerimiento técnico de las Fuerzas Armadas”.