Concentración de indígenas en un tramo de la carretera

Río de Janeiro. Manuel Pérez BELLA/SAH/Efe

El peaje cobrado por los indios brasileños a quienes atraviesan la Transamazónica, la tercera mayor carretera de Brasil, ha abierto viejas heridas con los «blancos» por la construcción de esa vía que atraviesa la selva y que, según los nativos, causó el «genocidio» de varias tribus.

En un brote de furia desencadenado las pasadas Navidades, por la desaparición de tres personas en las inmediaciones de la reserva de los indios tenharims (en el sur del estado de Amazonas), una multitud incendió la garita que la tribu usaba desde hace décadas para cobrar el peaje, cuyo monto varía según el vehículo. Los residentes acusaban a los indígenas de haber secuestrado a los hombres en represalia por la muerte del cacique Ivan Tenharim. El conflicto obligó al Gobierno a desplazar militares a la región para apaciguar los ánimos y negociar con los indios el final del polémico peaje, que los tenharims prometen volver a poner en funcionamiento a partir del próximo 1 de febrero.

En un discurso que sorprendió a los militares por su locuacidad y por la prolijidad de sus argumentos, el jefe Aurelio Tenharim calificó el peaje de «compensación» histórica por los crímenes sufridos durante la construcción de la carretera. «No hablamos de peaje, hablamos de cobro de compensación, que nunca pagará la deuda. Éramos 30.000 tenharims y hoy somos 300. Los indios jeahoys casi fueron extinguidos», manifestó el jefe al comienzo de las negociaciones, la semana pasada, según medios locales. «La Transamazónica tiene una historia de masacre, de violación de nuestras indias, de esclavos, de violación de derechos. ¿Quién va a pagar eso?», prosiguió Aurelio Tenharim.

La carretera, que atraviesa toda la Amazonía brasileña de este a oeste, fue construida en 1972 en un intento de llevar el desarrollo a las regiones más remotas de la selva por parte del régimen militar que entonces gobernaba Brasil con mano de hierro. «Los tenharims fueron forzados a participar en un modelo de desarrollo que no pedían. Su territorio fue invadido de un día para otro y perdieron el derecho de practicar su cultura», explicó el antropólogo indigenista Egydio Schwade.

La Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano que atiende a los pueblos nativos, informó que está elaborando un estudio para calcular cuál fue el «impacto» de la Transamazónica y la correspondiente «indemnización» que los tenharim deberían recibir. El 3 de enero, la Justicia mantuvo la multa diaria  por el incumplimiento de la decisión que obliga al Gobierno, por medio de la Funai, a garantizar la seguridad de los indígenas.

La apertura de carreteras en la selva causó más «genocidios», entre ellos el del pueblo Waimiri-Atroari, del que se exterminaron a cerca de 2.000 de sus miembros entre 1985 y 1986, los dos primeros años de la democracia, con la apertura de la ruta Manaos-Boa Vista, según un reciente informe del Comité de la Verdad del Amazonas.

El cobro de peajes se ha convertido en una práctica habitual para varias etnias, entre ellas de la Xavante, del estado de Mato Grosso (oeste), y la Xerente, de Tocantins (norte), además de la Tenharim, cuyo caso es «el más grave» para los agricultores que consideran «ilegales» todos los peajes.
Fuentes del sector agropecuario admitieron que el cobro de los peajes encarece «poco» el transporte de mercancías, pero sí tiene una pesada carga social, patente en las recientes protestas en el sur del Amazonas. La exigencia de compensaciones pecuniarias por los planes desarrollistas del Gobierno ha llevado a otros pueblos a dañar infraestructuras públicas.

Hace poco los indios krikatis derribaron dos torres de alta tensión y dañaron otras dos, que causaron la interrupción de dos líneas de 500 kilovatios en el estado de Maranhão (noreste), para exigir una contrapartida de la estatal Eletronorte por la instalación de esos postes.  La intervención del Gobierno y de los militares en el conflicto con la tribu Tenharim persigue precisamente evitar nuevos ataques como los ocurridos en los últimos días de 2013, cuando resultaron incendiadas la sede de la Funai en el municipio de Humaitá, un barco y varios vehículos usados para la atención a los indios. En junio, indígenas secuestraron a tres biólogos que hacían estudios ambientales para la implantación de dos hidroeléctricas en el estado de Pará, vecino de Amazonas.

Un grupo técnico interministerial viajó a la zona para negociar alternativas al peaje, que, según fuentes oficiales, podrían incluir la concesión de un subsidio directo por parte del Gobierno, siempre que los indios lo acepten en aras de poner fin al conflicto.