El expresidente de Ecuador Jamil Mahuad durante su participación hace dos años en un Master Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) Foto.J.M.GARCÍA/Efe

Por Ignacio PERALES, para SudAméricaHoy

Era el intelectual, el hombre pensante que llegó a la Presidencia de Ecuador (1997-2000) para tratar de sacar a flote un pequeño país con recursos suficientes pero agobiado por la miseria y los abusos de sucesivos gobiernos. Jamil Mahuad duró poco, un golpe más o menos encubierto, le expulsó del poder después de que las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo. El tiempo pasó y esta semana la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador le condenó en rebeldía a doce años de prisión como «autor» del delito de «peculado» o malversación de fondos. Se desconoce su paradero. Interpol recibió instrucciones y emitió lo que se llama alerta roja con el fin de localizarle, detenerle y entregarle a su país natal.

Mahuad, un democristiano convencido, fue el artífice de la dolarización de la economía ecuatoriana, sistema que sigue vigente pese a las críticas que recibió por el actual presidente Rafael Correa. A Mahuad se le acusó de conducir al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia con su decisión de congelar los depósitos bancarios. En el año 2000 fue, tras diversas operaciones militares, una rebelión de coroneles y la creación de un triunvirato, destituido. El por entonces presidente abandonó Ecuador y se estableció en EE.UU. donde se dedicó a la enseñanza universitaria.

La turbulenta historia de los últimos presidentes de Ecuador -a excepción de Rafael Correa- tiene su antecedente a finales del siglo XX. Abdalá Bucaram (1996-1997), conocido como «El loco», fue condenado por calumnias e injuria en 1998, cuando ya estaba exiliado en Panamá después de espoliar Ecuador.

El ex presidente Lucio Gutiérrez

Lucio Gutiérrez (2002-2005), el coronel golpista que forzó la salida de Mahuad, después llegaría por los votos a la Presidencia de donde también fue expulsado de forma irregular y terminó varios días refugiado en la embajada de Brasil en Quito. Terminó procesado en 2005 por sedición y encarcelado pero cinco meses después fue sobreseído.

OTROS PRESIDENTES, OTROS PAÍSES

En situación similar a la de Mahuad se encuentra Francisco Flores, ex presidente de El Salvador (1999-2004) y prófugo de la Justicia desde el pasado 6 de mayo. Un tribunal de justicia ordenó su captura, aunque su paradero se desconoce desde enero, cuando debía comparecer ante una comisión legislativa y no lo hizo.

El ex-presidente salvadoreño, Francisco Flores en una reunión de la OEA. Foto. ESCOBAR/Efe 

La Fiscalía salvadoreña le acusó el pasado 30 de abril -informa Efe- por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por un total de 15 millones de dólares en ayuda de Taiwán a su Gobierno, y por desobediencia por no comparecer a la cita con la comisión legislativa.

El 26 de mayo el Gobierno salvadoreño envió a Panamá una solicitud de extradición, aunque las autoridades panameñas niegan que Flores esté en su país.
Sin embargo, desde hace varias semanas circulan versiones de políticos panameños y salvadoreños, según las cuales, el prófugo puede estar en Panamá bajo la protección de la expresidenta panameña Mireya Moscoso, quien lo ha negado.
La condena de Mahuad se produce cuando aun resuena el caso del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), el primer expresidente constitucional latinoamericano condenado en el extranjero.
El juez federal James Patterson, de Nueva York, condenó el 22 de mayo a Portillo a cinco años y diez meses de cárcel por el delito de «abuso de la confianza pública» y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó del Gobierno de Taiwán a cambio de reconocer diplomáticamente a ese país asiático.
Portillo fue juzgado en EE.UU., país al que fue extraditado hace un año, porque lavó el dinero de los sobornos en bancos de ese país.

Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex presidente que huyó de Bolivia

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), radicado en EE.UU. desde que en 2003 huyó de su país en medio de una ola de protestas sociales que fueron fuertemente reprimidas, puede llegar también a estar frente a un tribunal estadounidense.
El juez de Miami James Cohn dictaminó la semana pasada en un fallo que ve indicios «convincentes» para que avance una demanda presentada en contra de Sánchez de Lozada en EE.UU. por violaciones de los derechos humanos.
Los demandantes son familiares de ocho de las víctimas de la represión destacada contra los manifestantes en 2003.
El exmandatario fue juzgado en ausencia y condenado por genocidio en su país y actualmente la Fiscalía boliviana tramita una segunda solicitud de extradición a EE.UU. que rechazó la primera en 2012.
El peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue extraditado a Perú desde Chile en 2007 y cumple condenas por más de 30 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y por corrupción, pero además es juzgado actualmente por la acusación de haber «comprado» con dinero del Estado la línea editorial de un grupo de diarios.
El argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado en 2013 a siete años de prisión por un delito de contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, pero no ha ido a la cárcel por sus fueros como senador.
En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009 y 2011, respectivamente, en juicios separados por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel.
Sin embargo, Rodríguez fue absuelto en 2012 por un tribunal de apelaciones de la Corte Suprema, que revocó la condena y anuló la sentencia en su contra.
En el caso de Calderón, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011 y tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos.
El brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992), al que el Senado de su país destituyó e inhabilitó en un juicio político por corrupción, fue juzgado ya siendo expresidente por la Corte Suprema y absuelto por falta de pruebas en 1994.
La Justicia argentina ordenó en 2012 el sobreseimiento de una causa contra el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) por la represión de las protestas que condujeron a su renuncia en 2001.
En 2013, De la Rúa fue absuelto en otro juicio, éste por presuntos sobornos a senadores para que aprobasen una reforma laboral.
El peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), después de su primer mandato, fue procesado por varios casos de corrupción como «reo ausente» y «contumaz», pues se exilió en Colombia, pero fue absuelto de todas las acusaciones después de la salida de Fujimori del Gobierno.