viernes, 7 de junio de 2013
Paraguay: El crimen de un hacendado y el fantasma de la guerrilla
Por Antonio LACATTIVA, para SudAmericaHoy (SAH)
Como lo hacía habitualmente, el hacendado Luis Lindstron dejó su estancia en la zona de San Pedro, unos 500 kilómetros al norte de Asunción, para llevar a un empleado a su puesto de trabajo. Pero ese día, el viernes 31 de mayo, nada fue igual. Al menos cuatro hombres interceptaron su “todo terreno” en el camino de tierra rojiza y dispararon sin dudar. El ganadero perdió el control del vehículo y fue a dar contra un árbol. Allí, un certero disparo de escopeta en su rostro acabó con su vida. Su cuerpo quedó tendido, rodeado de 50 vainas servidas.  Lindstron no era un hacendado más. Era, para el guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el estereotipo del “terrateniente que explota a los campesinos”.
El EPP tenía a Lindstron en la mira casi desde antes de su creación: Había sido secuestrado en el año 2008 y tras 40 días de cautiverio fue liberado el 12 de setiembre del mismo año en una zona descampada de Horqueta, en  el norteño departamento de Concepción, luego de que su familia hubiera abonado los 140.000 dólares exigidos, según la Fiscalía. Otras fuentes, sin embargo, hablaban de al menos 300.000 dólares.
Con el crimen, crecieron los temores en Paraguay.  “Ahora ya no hablamos del EPP como un grupo de apenas 15 personas en las células combatientes y otras diez en el ala logística. Los nuevos datos de inteligencia sostienen que nos estamos enfrentando a una organización que ya tiene cerca de 150 soldados”, dijo al diario Ultima Hora de Asunción  el director de la Segunda Zona Policial, comisario general inspector Oscar Ferreira. El jefe policial, quien posee una amplia experiencia en la lucha contra el EPP en la zona Norte del país, asegura que los nuevos datos recabados por los servicios de inteligencia policial permiten sostener que la organización ha crecido considerablemente en los últimos años reclutando a jóvenes campesinos de la región.
El Ejército del Pueblo Paraguayo se formó el 1° de marzo de 2008, aunque tiene antecedentes directos en el partido Patria Libre, que en 2005 secuestró y asesinó a Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999). Según Carmen Villalba, una de sus fundadoras y actualmente en prisión por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, el EPP es una “organización revolucionaria y político militar”, basado en el marxismo-leninismo, aunque reivindican también a gobiernos nacionalistas paraguayos como los de Gaspar Rodríguez de Francia, y de los López. Aunque sin comprobar, no son pocos los que sostienen que el EPP ha recibido colaboración y entrenamiento de las FARC colombianas.
El contexto en el campo paraguayo sin dudas es un buen caldo de cultivo para el crecimiento del EPP. Paraguay figura entre los países con peor distribución de la riqueza de la región: el 20% más rico concentra el 62,4% de los ingresos y el 10% más pobre apenas el 0,7%. Según el gobierno paraguayo, el 40% de los siete millones de habitantes son pobres, pero para la CEPAL esa cifra trepa al 50%. Y los campesinos figuran al tope, en un país en el que la población rural es casi la mitad del total. En la región en donde fue asesinado Lindstron, un jornalero cobra por día unos 7,5 dólares, cuando el salario mínimo es de poco más de 300 dólares. Y apenas tienen el 15% de las 600.000 hectáreas aptas para la ganadería que hay en la región.
El crecimiento en número de miembros incorporados hace que necesiten mayor cantidad de armas y la manera de obtenerlas es atacando los puestos policiales de la zona, para aumentar su capacidad de combate, destaca el comisario general Ferreira.  Se busca que cada nuevo miembro del EPP tenga su propio fusil de asalto, y los ataques a las comisarías, para obtenerlo, forman parte de las pruebas a las que son sometidos para ir escalando en la organización delictiva. “Quieren armas para tener mayor poder. Ellos ahora lo que necesitan son armas para los militantes, para los combatientes. Por eso es que atacaron la Comisaría de Kurusu de Hierro y pusieron también una bomba”, aseveró el principal encargado de los operativos de búsqueda de los miembros del EPP en el norte.
Humildes jóvenes campesinos y, generalmente, marginales de escasa instrucción escolar son los elegidos para ser adoctrinados y posteriormente incorporados tanto a los equipos de apoyo logístico como a los grupos, según detallan los investigadores de la Policía. El operativo de reclutamiento se realiza generalmente en las comunidades aisladas del norte, a través de los líderes y referentes de las organizaciones campesinas, que combinan charlas de adoctrinamiento político con acciones de asistencia, para proveer recursos económicos ante necesidades concretas. Según la respuesta que obtienen de los jóvenes, los van ingresando a los diversos niveles de la organización, siempre en el sistema de “células compartimentadas”, donde los integrantes de un grupo no conocen a los miembros del otro, para que no haya riesgo de delaciones.
El proceso para ingresar a formar parte de la categoría de “combatientes” implica acceder a diversas “pruebas de fuego”, que consisten en ataques al “enemigo” (policías, militares, ganaderos y agroproductores oligarcas, funcionarios gubernamentales), en muchos casos para obtener armas y recursos económicos. La mayor prueba es someter a la “pena máxima” (asesinato) a personas a las que se considera que han violado las leyes revolucionarias dictadas por el grupo armado.
El jefe de la Segunda Zona Policial dice que los miembros del EPP cuentan además con el apoyo de algunos sectores radicalizados del campesinado. En lugares como Fortuna Guazú, cerca de Kurusu de Hierro, deben existir aproximadamente unas cuarenta personas que les brindan apoyo logístico y les sirven de enlace, así como en algunos núcleos de la comunidad de Arroyito, en Concepción, explicó.
También mencionó otros lugares donde los miembros del EPP estarían encontrando apoyo por parte de algunos pobladores, como en Tacuatí, San Pedro y Jhuguá Ñandú (Colonia Jorge Sebastián Miranda), lo cual les permite poder permanecer ocultos y a salvo de las incursiones policiales. “No solo en el campo tienen combatientes, también en sectores urbanos, como en la ciudad de Horqueta”, contó Ferreira al diario Ultima Hora.