El presidente del Consejo de la Magistratura de Paraguay, Enrique Riera Escudero

Asunción. Santi CARNERI. Efe/SAH

El presidente del Consejo de la Magistratura de Paraguay, Enrique Riera Escudero, designado por el Gobierno de Horacio Cartes, para renovar la anquilosada Justicia del país, asegura que la corrupción afecta a un 25 por ciento de los jueces del país, a los que no ha podido apartar aún de sus puestos.

«Desde que yo estoy en el cargo hemos tenido un 25 por ciento (de jueces) que a mi criterio jurídico teníamos que haber sancionado», explica Riera, que afirma que muchos de los magistrados cuestionados consiguen salvarse de ser suspendidos gracias a los votos del tribunal del Jurado de Enjuiciamiento.

Según el Consejo de la Magistratura, hay unos 1.300 funcionarios judiciales en Paraguay, entre jueces, fiscales y defensores públicos, de los que unos 500 están denunciados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por casos de corrupción, narcotráfico y otros presuntos delitos.

«Hay que depurar el poder judicial, destituir a los corruptos», sostiene Riera, quien lleva un año y dos meses al cargo del organismo encargado de la selección de funcionarios judiciales en el país.
«El narcotráfico está infectando a todos los poderes, jueces, fiscales, legisladores, funcionarios de todos los poderes del Estado están vinculados y en mi opinión una de las claves es el poder judicial», dice Riera.

El reciente asesinato de un periodista de investigación en la zona fronteriza, atribuido por la Fiscalía a un alcalde fugado del gobernante Partido Colorado vinculado a un clan con lazos comerciales en Brasil, ha abierto un debate sobre los presuntos lazos de políticos, jueces y fiscales con el narcotráfico.

Paraguay es el segundo mayor productor de marihuana de Sudamérica, que se cultiva en las regiones fronterizas con Brasil, receptor del 80 por ciento de la cosecha, según las autoridades antinarcóticos.

Riera acusa a los partidos políticos de financiarse con dinero negro y asegura que el Partido Colorado y el Liberal, las dos principales agrupaciones del país, han convertido al sistema judicial «en un mecanismo prevendario», según el cual se reparten los cargos.
«El poder judicial no funciona», se lamenta Riera. «Este es el poder judicial al que la gente le pide justicia barata y rápida», añade.

Además, el presidente del Consejo de la Magistratura reconoce que la Corte Suprema de Justicia «está desprestigiada, no ahora, sino hace rato y está siendo permanentemente cuestionada por la ciudadanía y los medios de comunicación».

Uno de sus miembros «no aguantó y salió a defenderse y lo que hizo fue comprometer a mucha gente con informaciones que el pueblo desconocía», opina, en referencia a la rueda de prensa ofrecida la semana pasada por Víctor Núñez.
Núñez salió a desmentir durante dos horas las informaciones publicadas por la prensa local que le acusan de presionar para la puesta en libertad en 2011 de Vilmar Acosta, detenido después de que se encontraran restos humanos enterrados en la casa de su padre.
La Fiscalía considera a Acosta el presunto autor intelectual del asesinato el pasado 16 de octubre del periodista de ABC Color Pablo Medina y de una acompañante, Antonia Almada.

«Tenemos juzgados con expedientes hasta el techo y sin juez, funcionarios que han pasado ocho años sin que nadie le haya llamado ni una vez para ser evaluados y dar cuentas de su trabajo», afirma Riera.

Más de 500 plazas de funcionarios judiciales están vacantes debido a la «desidia institucional» arrastrada desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), a su juicio.

En consonancia con una nueva ley impulsada por Cartes que obliga a los entes públicos a transparentar sus cuentas, salarios y nombres de empleados, el Consejo de la Magistratura ha iniciado la renovación de la mitad de los funcionarios superiores del poder judicial, explica Riera.

Ha escogido en un año a unos 300 nuevos empleados y espera llegar a 1.000 en el 2015.
El presidente del Consejo explica que se selecciona a los candidatos por méritos y de forma transparente, para apartar la vieja práctica de las fuerzas políticas de imponer a cualquiera según sus intereses.

«Hay una decisión política que quizá la gente no vea, que es separar el Gobierno y la Justicia del partido», concluye Riera.