Por Federico PONCE ROJAS

Medios locales, nacionales e internacionales daban cuenta de la masacre ocurrida en el penal de la ciudad fronteriza de Matamoros Tamaulipas el 17 de mayo de 1991  en la que habían sido asesinados 18 reos por instrucciones del Zar de la Cocaina  Oliverio Chávez, recluido en el mismo penal.

El control de la prisión estaba en manos del Zar y su gente, dicho control les permitió celebrar el cumpleaños 31 del citado narcotraficante 11 días después de la matanza, con carne asada, cerveza y show privado.

Once días habían pasado y las autoridades del estado no habían logrado avanzar en las investigaciones respectivas y mucho menos recobrar el penal en el que incluso la prensa llegó a publicar que se había construido un túnel secreto para ocultar 500 armas de fuego (Periódico El Norte del 29 de mayo de 1991).

Vergonzantemente el funcionario del estado de Tamaulipas, (estado fronterizo con el estado de Texas EE.UU.)  responsable de la investigación declaraba en esa fecha, que la misma se había suspendido por razones estratégicas, agregando que por las mismas razones no declarará el narcotraficante Oliverio Chávez, quien con su gente armada, está atrincherado en la cárcel…

Eran los días de negociación intensa del TLC ( Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá) y los temas de Derechos Humanos y Narcotrafico estaban en las mesas de los negociadores.

El presidente George Bush había logrado la aprobación de la vía rápida (fast track) para iniciar las negociaciones de cara al TLC con México en la etapa más delicada y difícil.

Bajo este panorama la prensa de ambos países daba amplios espacios para relatar la masacre, la pasividad de las autoridades locales de Tamaulipas y la afrenta de celebrar  la fiesta de cumpleaños del «Zar de la Cocaína».

Ante la pasividad de acciones del gobierno estatal para rescatar el penal e integrar las indagatorias respectivas, el presidente de México Carlos Salinas de Gortari instruyó al Procurador General de la Republica, Ignacio Morales Lechuga para que se restableciera el orden jurídico violentado por la corrupción y la criminalidad del narcotráfico desafiante en la frontera norte de nuestro país.

La responsabilidad de tales acciones recayó en manos de quien hoy esto escribe en mi carácter de Subprocurador General de la Republica.

El 29 de mayo de 1991 me trasladé a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas,  con un grupo de fiscales y un grupo de investigadores especializados al mando de Juan Miguel Ponce (mi hermano).

Obviaré detalles, la prensa fue en su momento prodiga en la información, dando cuenta de todas y cada una de las incidencias.

Agregaré solamente que el 30 de Mayo de 1991, sobre las 05:00 hrs,  el penal de Matamoros, Tamaulipas había sido recuperado y entregado a las autoridades responsables, sin haber disparado un solo tiro, no hubo lesionados y el orden había sido restablecido, el «Zar de la Cocaina» trasladado a la Ciudad de México. 

(Actualmente se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, purgando sentencia judicial, por aquellos hechos)

El Jueves 11 de febrero leíamos en los Diarios: MASACRE EN EL PENAL DE TOPO CHICO. La madrugada de ese día la crisis estalla en el estado de Nuevo León, (estado gobernado por el Bronco Rodríguez Calderón, gobernador independiente) vecino de Tamaulipas, ambos frontera con EE.UU.  la guerra de carteles deja esta vez 49 muertos.

Los encabezados de lo diarios y las noticias del cruento suceso, se leían o escuchaban    con una similitud desesperanzada, pero 25 años después. 

Las expresiones de violencia del crimen organizado alcanzan niveles de la mayor preocupación, las complicidades institucionales y las limitaciones de autoridades que desconocen el tema o simplemente no reaccionan ante el tamaño de esta problemática, hacen dudar en la efectividad de las medidas propuestas en los programas de seguridad.

Detención de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

La rehabilitación social y no se diga la reinsertación, son temas utópicos que se escriben con la pluma de la ignorancia y la fatalidad de una realidad política que nos aqueja como sociedad de manera grave.

La autoridad la ejercen los presos con la llamada fórmula del «autogobierno»  y los responsables de las políticas penitenciarias lo aceptan sin rubor.

Nadie asume la responsabilidad de la tragedia y la «declaracionitis» hace presa cualquier solución razonable como aquellos días de mayo de 1991.

La sociedad sigue esperando respuestas, investigaciones debidamente integradas, medidas que generen la sanción penal inherente.

Reclusorios, penales centros de reclusión, etc. son plazas de control delincuencial en el que secuestros, extorsiones, narcotráfico, trata de personas, etc, se perfeccionan y alcanzan grados de maestría ante la impotencia de las autoridades responsables.

Esta masacre de Topo Chico, es un foco más de alerta que se encuentra encendido en los penales de la mayor parte del país, en los que quienes mandan son los reclusos y hacen del tiempo y el espacio las herramientas de agravio social para la comisión de delitos que vulneran la seguridad interior del país.

Los sistemas penitenciarios son caldo de cultivo para todas las expresiones del crimen, el último eslabón del procedimiento penal se ha vuelto el inicio del mismo en una rotación de 360o al ser uno de los lugares principales del reclutamiento de todo tipo de criminales.

La vulnerabilidad del sistema penitenciario quedó en evidencia ante la fuga del Chapo, pero ¿para que fugarse? si las conductas antisociales encuentran su mejor lugar precisamente en estos penales.

¿Habrá que caer en la resignación social o buscar y encontrar en la ley y la voluntad política que la impunidad ceda ante la ejemplaridad del castigo y la real posibilidad de la rehabilitación?