Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

Un tema que ocupa hoy la atención de un importante sector de la sociedad civil venezolana y de varias organizaciones internacionales, es la propuesta de Ley de Cooperación Internacional que la Asamblea Nacional (AN) aspira a aprobar prontamente.

Esta Ley pretende limitar y controlar el financiamiento internacional a prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil como las ONGs, la Fundaciones, la Asociaciones Civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades nacionales y otras organizaciones autónomas.

En su Artículo 2 se establece que esta Ley se aplica a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con ésta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia el país.

Tras más de 15 años pendiendo como una espada de Damocles sobre las cabezas de estas organizaciones, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que tiene el mismo texto que el de 2005,  parece ser, ahora sí, una amenaza de control  más real que nunca para la sociedad civil venezolana.

De este modo, el gobierno desempolva el tema en medio de una arremetida contra la sociedad civil que ha incluido allanamientos y detenciones de activistas sociales, así como la orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por las organizaciones civiles; precisamente, cuando el país aún trata de digerir la decisión de ordenarles a todas las agrupaciones caritativas, humanitarias y de asistencia en derechos humanos que entreguen, entre otras, información sobre sus financistas y beneficiarios a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

Por medio de este proyecto de ley, el gobierno no solo pretende controlar la cooperación extranjera en el país, sino que también le serviría de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que obtienen desde el exterior, a través de la creación de un Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo.

Quizás no resulte coincidencia que en 2015 Rusia haya aprobado una normativa similar que permite al gobierno declarar «indeseables» a las ONG extranjeras, a fin de prohibir su funcionamiento en el país ruso; ni que existan otras parecidas en Nicaragua y algunos otros países con gobiernos populistas de izquierda. 

Ello configura una grave vulneración a la autonomía de estas asociaciones, consagrada en la Constitución y las leyes, dirigida especialmente a las que denuncian violaciones de derechos humanos, a las que dan asistencia humanitaria y a las que defienden el ambiente contra las agresiones oficiales, las cuales requieren ser autónomas del Gobierno para poder hacer su trabajo según los mandatos internacionales en la materia y su propia razón de ser.

De acuerdo con el proyecto, las organizaciones estarían obligadas a inscribirse en un registro especial denominado Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales. Solo las inscritas, o las que el gobierno acepte, serían reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes desde el extranjero en los términos que autorice el Ejecutivo nacional. Pero también, el gobierno se abroga el derecho de auditar sin previo aviso, manejar por cuenta propia los aportes financieros que reciban y hasta la prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva de una organización, de acuerdo a sus propios criterios.

La propuesta remite a un reglamento que establecerá los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben consignar las organizaciones civiles (nacionales y extranjeras), lo cual no genera ninguna seguridad ni certeza jurídica, dado que confiere al Ejecutivo la potestad discrecional de establecer el listado.

En cualquier caso, ambas medidas gubernamentales son formas de hostigamiento, seguramente con el propósito de neutralizar la labor de la sociedad civil organizada y, sobre todo, impedir que siga ejerciendo su trabajo de denuncia y defensa del ambiente, la situación humanitaria, sociopolítica y económica, así como de los derechos humanos ante un gobierno autoritario.

De hecho, representa una grave violación del derecho a la libertad de asociación, contemplada en el artículo 52 de la Constitución que define el tema.

La iniciativa también vulnera normas internacionales, pues la libertad de asociación es un derecho reconocido en tratados internacionales que está consagrado en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Todo lo anterior nos muestra que al gobierno le interesa poco promover la libertad de asociación. Su política es la de dictar medidas cada vez más restrictivas que impidan el ejercicio de esa libertad, una pieza clave en un Estado social de derecho y justicia, sobre todo si se trata de organizaciones defensoras de los derechos humanos, civiles y políticos en el país, proveedoras de asistencia humanitaria y defensoras del ambiente.

Esto además afectará los programas de investigación científica en ciencias sociales y naturales, proyectos de desarrollo social y actividades humanitarias que llevan a cabo, además de que apagará la voz que denuncia la violación de los derechos humanos en el país ante la comunidad internacional.

Con esta acción, creo que estamos ante el fin de las organizaciones de la sociedad civil que dependen de los aportes internacionales, en vista de que ya no hay aportes nacionales públicos y solo escasos aportes privados; pero, más allá, estamos ante el fin de lo que queda de la sociedad civil en Venezuela.