El 27 de noviembre de 2014 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su mensaje a la Nación «Por un México en paz con Justicia y desarrollo» señaló: «Pero la Justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda…Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad. A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas».

Esta exposición motivó que se iniciaron consultas con juristas,académicos y sociedad civil para elaborar una propuesta integral con recomendaciones prácticas y de viable aplicación.

Estos trabajos fueron encomendados al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En la elaboración final del documento, presentado en el Majestuoso patio del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, el día 27 de abril del presente, también participaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de México, las Universidades Autónoma Metropolitana, Autónoma de Aguascalientes, el Colegio de la Frontera Norte, El Tribunal Superior de Justicia del D.F., entre otras instituciones ampliamente reconocidas en el ámbito nacional e internacional.

La Justicia cotidiana es la del día a día, el derecho humano primario para toda persona sin excepción y que obliga al Estado a crear instituciones, a brindar instrumentos y procedimientos para que su acceso sea fácil y pronto.

La convivencia cotidiana exige que los conflictos que de esta surgen, sean resueltos conforme a derecho, propugnando equidad, armonía y justicia.

Los centros de convivencia por excelencia  como las escuelas y universidades necesitan mecanismos ágiles, eficientes y eficaces para resolver diferendos y controversias entre sus miembros, académicos y autoridades.

En este ejercicio consideraron quienes participaron en él, que la justicia penal no forma parte de la justicia cotidiana en la medida que implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que contravienen la vida social. El uso de la fuerza implica lógicas, incentivos y problemas distintos a aquellos que involucran los conflictos derivados de las relaciones cotidianas entre las personas.

En este contexto la justicia cotidiana se distribuye mayormente en la competencia de las entidades federativas y de manera notable muy por encima de los asuntos penales, lo anterior de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2014).

 La falta de instrumentos y mecanismos para que la sociedad resuelva sus conflictos y acceda a la justicia crean en cualquier nación, un sentimiento de impotencia e incertidumbre y se vuelve terreno fértil para la corrupción y la impunidad.

Las reformas recientes al orden jurídico mexicano buscan precisamente modificar esta situación de injusticia y ausencia de legalidad, para establecer una política pública de acceso a la justicia, con objetivos precisos y mensurables.

Reconstruir y rescatar la confianza en la justicia cotidiana es la fortaleza de las instituciones y la certidumbre de la sociedad para recobrar la certeza en la justicia como valor supremo.

Las conclusiones de este estudio podrían resumirse en un universo de desconfianza e inaccesibilidad a una justicia que cuando aparece es larga, costosa e ineficiente.

El conocimiento escaso y malo de los actores de los procedimientos, genera incomprensión de los solicitantes, una descomposición y desigualdad social, normas oscuras o de plano inaplicables.

La vulnerabilidad de ciertos grupos sociales para los cuales se hace necesario una práctica especifica bajo un procedimiento determinado que les permita acceder, mejorar o ampliar su acceso a la justicia.

El resultado derivó en propuestas concretas que van desde una implementación por parte del Ejecutivo Federal, a las entidades federativas y finalmente otras sujetas al debate urgente en el seno de una instancia de diálogo que permita consensuar en el corto plazo acciones para cada una de ellas.

Destacan la creación de una cultura de derechos entre las personas, el desarrollo de una profunda política nacional de mejora regulatoria, facilitar la solución de conflictos con las administraciones, uso de tecnologías e información para el consumidor, acelerar la oralidad en materia de derecho mercantil, crear una Defensoría para los emprendedores de la pequeña y mediana industria, medidas protectoras para las trabajadoras domésticas, medidas de protección para los migrantes.

El mejoramiento de mecanismos de coordinación para impartidores  de justicia y el mejoramiento de las condiciones de operación de la justicia local, reducir la marginación jurídica.

Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, protocolos de actuación para las escuelas.

Crear mecanismos de justicia de barandilla y justicia itinerante, los primeros para la solución de manera inmediata de problemas entre particulares y la segunda acceso a la justicia a través de jueces itinerantes para pequeñas comunidades o rurales.

Crear instancias de diálogo, gobierno, academia y sociedad civil.

Centros de asistencia jurídica, para orientar y canalizar adecuadamente a las personas que enfrentan un conflicto.

Revisar de fondo la justicia laboral.

Crear una entidad responsable de coordinar los temas de justicia en los ámbitos federal y de los Estados para lograr armonía e identidad de procedimientos.

Es fundamental la autonomía integral del poder judicial, elevando su calidad profesional, propugnar que se centre en la función jurisdiccional y se auxilie con apoyos  administrativos, proveyéndole herramientas adecuadas para tal efecto. Rendición de cuentas, cumplimiento cabal de sus resoluciones y certidumbre financiera, son ejes definitorios para alcanzar la justicia que toda democracia merece y anhela.