Por Federico PONCE, para SudAméricaHoy

(Exsubprocurador General de la República,  y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional)

México no sólo protagonizó la primera revolución social del siglo XX, también aportó a la humanidad y al derecho la primera Constitución social del mundo, consagrando los temas del derecho laboral y la previsión, el derecho agrario y a la educación, la autonomía municipal, la independencia del Poder Judicial, el juicio de amparo y sobre todo reconoció las garantía individuales como sustento de un Estado de derecho democrático.

Hoy esas garantías individuales se han traducido en derechos humanos, expresión contemporánea del principio de igualdad, libertad y fraternidad que  se institucionalizara con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, pero que ya nuestra Carta Magna reconocía como derechos individuales y derechos políticos de los ciudadanos desde 1917.

En la década de los 90, México se comprometió con el concierto internacional al crear y darle estatus constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, estableció reformas a los códigos para sancionar penalmente los abusos de autoridad como la tortura. Ello obligó a crear en los servidores públicos una cultura de respeto a los derechos humanos, inclusive en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, así como la Marina-Armada de México tienen la obligación de conducir sus actos con dedicación y disciplina, siempre apegados al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.

Poco a poco el Estado mexicano avanza en su democratización, en un nuevo régimen jurídico-penal, en el mejoramiento del sistema de seguridad pública y procuración de justicia y fortalece una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Prueba de ello es que el propio ombudsman del país reconoció que en 2014 las quejas contra las Fuerzas Armadas descendieron 72 por ciento, respecto de 2012.

Sin embargo, es importante reconocer que frente a la dura penalización que hay para los servidores públicos que violentan las garantías individuales, se ha caído en la denuncia indiscriminada y a ultranza de supuestos excesos del poder público, cuando en realidad no se han fundado ni motivado dichas conductas. Aquí hemos documentado hasta el exceso la intromisión ilegal y desproporcionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Radillo, la cual no sólo contraviene nuestra soberanía y autonomía, sino que pretende defender la “legalidad” con ilegalidad.

En otros ámbitos también vemos que la defensa de los derechos humanos ha provocado que hoy contemos con ciudadanos privilegiados, cuando pretendemos darle un régimen de excepción para sectores o profesiones como es el caso de los periodistas o de los integrantes de las ONG.

En materia de seguridad pública también el litigio de presuntas violaciones a las garantías ha ido en detrimento de la responsabilidad que tiene el Estado de ejercer el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la paz social. En otras latitudes del orbe la policía y en ocasiones el Ejército han reprimido violentamente manifestaciones diversas con muertos y heridos y esas sociedades no condenan a sus gobiernos por represores. Se reconoce así que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado para mantener la estabilidad política y social de un país.

Los uniformados de la Ciudad de México, que el año pasado contuvieron 8.200 manifestaciones y protestas, pueden dar testimonio de que urge una nueva Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal, que contenga nuevas reglas por utilizar la fuerza pública como expresión de autoridad y también contemple el respeto a los derechos humanos de los policías.

Por eso, hoy debemos reconocer que México ha sido pionero y ejemplo de un Estado garantista y de enorme solidaridad social, pero no permitamos que los seudodefensores de los derechos humanos usurpen la función esencial de todo gobierno democrático que es el preservar la vida y bienes de sus gobernados, así como mantener la tranquilidad social.

APOSTILLA: El gobierno federal establece una nueva política pública en materia de narcotráfico al buscar la reducción de la demanda, mantener el control de la oferta, aumentar los programas de prevención y tratamiento y buscar opciones alternativas a las penas privativas de la libertad. Con ello, el presidente Enrique Peña Nieto avanza en la despresurización de las cárceles del país que se habían convertido en caldo de cultivo del crimen organizado.     @fpr_enlinea@hotmail.com