El presidente Peña Nieto pasa revista a las Fuerzas Armadas

Por Federico PONCE ROJAS

(Vicepresidente de La Academia Mexicana de Derecho Internacional)

¿Justicia o impunidad? Esa es la cuestión. En un Estado de derecho moderno, el gobierno tiene la obligación de preservar la integridad física y el patrimonio de todos los ciudadanos; sin embargo, el crimen organizado colapsó los esquemas de seguridad pública y eso amenaza la seguridad nacional del país.

Ante esa realidad, el gobierno optó, en uso de sus atribuciones constitucionales, por encargar a las Fuerzas Armadas las tareas de protección y salvaguarda de la sociedad para contener a una delincuencia globalizada y enfrentar las modernas expresiones del crimen organizado.

La controvertida decisión presidencial provocó una campaña sistemática contra el Ejército que, a pesar de ello, mantiene un nivel de aceptación y confianza de la población cercana al 80 por ciento.

Nadie puede negar el esfuerzo castrense para combatir el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas y de personas, sin menoscabo de la defensa de nuestra soberanía, la seguridad de nuestras fronteras y la protección a civiles en casos de desastres. Los soldados han sido eficaces auxiliares de la figura del Ministerio Público.

Pero, desde hace varios años, la propia delincuencia ha financiado y organizado campañas mediáticas y manifestaciones públicas para desorientar y desprestigiar a las Fuerzas Armadas, a ello se han sumado algunas ONG nacionales e internacionales, quienes han pretendido distorsionar la función militar en la seguridad pública.

Las críticas infundadas han llegado hasta la aberración jurídica de solicitar la supresión del fuero militar, por cierto, una de las grandes aportaciones del Constituyente de 1917, amparándose falazmente en una supuesta impunidad que brinda a las Fuerzas Armadas. Nada más alejado de la realidad.

El fuero militar, consagrado en el artículo 13 de nuestra Ley Suprema, no es patente de corso ni pretende justificar las faltas que cometieran los elementos en el desempeño de sus tareas o al margen de ellas.

Por el contrario, los tribunales militares sancionan con mayor severidad y más penalidad a los infractores.

Dentro de los actos ilícitos más punibles en los tribunales castrenses está, aunque no es el delito más recurrente, la violación a los derechos humanos. Cabe señalar que en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se señala que del total de las quejas presentadas contra el Ejército, sólo el seis por ciento, presumiblemente, podrían ser conductas violatorias de las garantías.

Quienes se desgarran las vestimentas exigiendo la supresión del fuero militar no buscan justicia, sino abonar el terreno de la impunidad. Según el último informe del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI) la eficiencia global del sistema de justicia en México es de sólo 3.8 por ciento. Es decir, de cada 100 presuntos responsables sólo se logra sentenciar a menos de cuatro. De cada mil hechos delictivos denunciados sólo se sentencia a 24 personas, pero si incluimos la cifra negra los sentenciados son siete, lo que equivale a 0.7 por ciento de castigo en todo el universo criminal.

¿Ese tipo de justicia civil es el que quieren que sancione a los militares? Esa si es impunidad, ¿Dónde está la justicia para las víctimas?

En los orígenes de una de las democracias más completas que hay en el mundo, la inglesa, Juan Sin Tierra proclamó que los hombres deben tener un juicio legal de sus pares, y eso es lo que hace el derecho militar, los pares juzgan a sus pares.

En un México donde la impunidad es de 98%, el conflicto no debiera ser el fuero castrense, sino romper el paradigma de nuestro vetusto e ineficiente sistema penal y darnos el marco legal que contemple una ley de seguridad nacional moderna, donde se defina la función del Ejército en tareas de seguridad pública, proyecto que por cierto vive el letargo legislativo.