Por Juan RESTREPO @Juan_Restrepo_

Justo al cumplirse dos años del mandato de Enrique Peña Nieto, cientos de manifestantes se lanzaron a la calle en más de medio centenar de localidades del país pidiendo la renuncia del presidente mexicano y reclamando la vuelta de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. La manifestación en Ciudad de México estuvo encabezada por familiares y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la escuela a la que pertenecían los jóvenes desaparecidos.

Manifestaciones callejeras que degeneraron en actos de violencia contra tiendas y otros establecimientos, incendio de vehículos y lectura de un memorial de agravios por parte de alumnos de educación superior en el que exigían la presentación inmediata de los estudiantes desaparecidos, juicio y castigo a los responsables, alto a la represión, libertad inmediata de “presos políticos” y clamor de la calle pidiéndole al presidente que se vaya.

Todo esto mientras las encuestas sitúan a Peña Nieto con uno de los más bajos índices de aceptación para un mandatario mexicano en los últimos veinte años. Los diarios Reforma y El Universal muestran un descenso de la popularidad del presidente, del 50% al 39 y el 41%, respectivamente.

Para tratar de contener la marea de descontento, Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reformas constitucionales en materia de seguridad. En un acto público celebrado de Chiapas al suroriente del país, el gobernante dijo que el caso de los estudiantes «marca un antes y un después» y «exhibió las vulnerabilidades que tienen, particularmente, los Gobiernos municipales».

Ni en la peor de sus pesadillas imaginó el presidente de México un escenario tan desolador cuando no ha llegado siquiera a la mitad del sexenio. Y Peña Nieto que con el retorno del PRI a la presidencia quiso fijarse como objetivo prioritario su programa de reformas, se ha visto empujado por las circunstancias a cambiar de registro y enfocar como su predecesor del PAN, Felipe Calderón, la mira de su gestión en el asunto de la seguridad.

Creyó Peña Nieto que con la captura a comienzos de año de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, símbolo durante dos sexenios tanto del poderío criminal como de la debilidad del Estado mexicano, disipaba las dudas que se cernían sobre su gestión en materia de seguridad, cuando las desapariciones de los 43 estudiantes de Guerrero le estallaron en la cara. Agravadas por un gesto de insensibilidad como fue su viaje a China en medio del clamor contra la barbarie del múltiple crimen.

Peña Nieto prueba ahora de su propia medicina. Vicente Fox y Felipe Calderón sus dos predecesores del conservador Partido de Acción Popular, no consiguieron llevar adelante más reformas gracias en buena medida al bloqueo del PRI en el Legislativo, bloqueo en el que el hoy presidente mexicano participó activamente como gobernador de Estado de México.

Lo que hace bueno el viejo adagio según el cual una cosa es predicar y otra dar trigo. Quienes apoyaron a Enrique Peña Nieto pensando que la vuelta al gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó ininterrumpidamente México durante 70 años, disminuiría la violencia, estarán en estos días rumiando su equivocación. El “pacto de caballeros” con los narcos con el que muchos soñaban debido a las bien probadas mañas del PRI no se ha dado esta vez, o porque alguien no quiere o porque ya no se puede.

El golpe de timón esperado no llegó con la vuelta del PRI y México se encuentra ante la hidra del narcotráfico que como el monstruo de la mitología griega tiene la particularidad de reproducir dos cabezas por cada una de las que le sean cortadas.

Y a la violencia y la inseguridad, primer renglón de las preocupaciones de los mexicanos, se unen la persistencia de los problemas económicos, el descontrol en el alza de los precios y la corrupción de los funcionarios públicos, entre otras asignaturas pendientes tras la vuelta del PRI al poder.

Entre tanto, el gestor y principal responsable del regreso del viejo partido, Enrique Peña Nieto, contempla encima de un volcán la incertidumbre de los cuatro años de gobierno que aun tiene por delante.