La marcha del silencio bajo la lluvia torrencial

Por Natalia AGUIAR, para SudAméricaHoy

El 18 F hizo visible lo invisible.

Un pueblo que grita en silencio por la impunidad. Un pueblo que reacciona con legitimidad, en ejercicio del poder soberano ante la injusticia y la pérdida de la institucionalidad.

Un pueblo que, atravesado por la corrupción, decide derribarla, decide dar un giro a su destino.

Una cita con la historia se concretó con el 18F, un hecho inédito en Latinoamérica. Un grupo de fiscales federales argentinos salió, junto a la ciudadanía, a honrar la memoria de su colega fallecido, Alberto Nisman. El mismo que denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del supuesto delito de encubrimiento en el atentado a la mutual judía AMIA, perpetrado el 18 de Julio de  1994.

Nisman estaba al frente de la Unidad Especial de Investigaciones por el atentado a la Mutual Judía AMIA, desde 2004, cargo al que arribó con el aval del expresidente Néstor Kirchner.

Primera investidura de Cristina Fernández

Su misión era jerarquizar y destrabar la investigación, aunque al asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, empezaron quiebres en la relación.

Para la actual mandataria argentina, el atentado perpetrado en Julio de 1994 contra la AMIA, estaba relacionado a una “embestida” del gobierno sirio contra el ex presidente Carlos Menem que podría estar vinculado con el atentado en la embajada de Israel, como el homicidio de su hijo, Carlitos Menem junior.

En 2013, Argentina firmó un Memorándum de entendimiento con Irán. Teherán se había negado, sistemáticamente, a cooperar en el caso judicial contra ciudadanos iraníes. Para el gobierno argentino, este acuerdo fue un avance en la causa.

En tanto, en Mayo de 2014, la Cámara Federal revocó un fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral y declaró la “inconstitucionalidad” del Memorándum con la firma de los magistrados, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

De este modo, la Cámara Federal hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por AMIA ( Asociación Mutual Israelita Argentina) y DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que había sido apoyada durante el trámite por el Fiscal General Alberto Nisman.

El 14 de enero de este año, Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner por encubrir a los iraníes en el atentado y  trabó un embargo por 200 millones de pesos.

El Canciller Héctor Timerman

El fiscal que apareció muerto el 18 de enero, un día antes de presentar su denuncia ante el Congreso de la Nación, aseguró que existió una «confabulación criminal» que también incluiría a  Héctor Timerman, Luis D’Elía, Andrés «el Cuervo» Larroque y Fernando Esteche, entre otros presuntos involucrados , para «desvincular en forma definitiva» a Teherán del peor atentado contra la comunidad judía tras la II Guerra Mundial.

En su escrito presentó como pruebas cientos de escuchas telefónicas y los contactos que se mantuvieron con   Mohsen Rabbani, uno de los máximos responsables por el ataque terrorista según la Justicia argentina y con pedido de captura internacional.

Cumplir con el deber

1994 es de suma importancia. Fue el año en el que se perpetró el atentado contra la AMIA con 85 víctimas fatales. Punto de partida de la sensación de impunidad tras 21 años. Los mismos que transcurrieron desde la última reforma constitucional argentina efectuada por una Convención Constituyente convocada al efecto.

La más importante y garantista de las modificaciones que colocó a la Argentina a la par de los países más avanzados del mundo al incorporar instituciones que velan por los de derechos y garantías de los ciudadanos.

Se incorporaron Tratados Internacionales en el artículo 75 inc 22, en el marco de los parámetros más avanzados en la lucha por los Derechos Humanos.

Pero entre las más destacadas modificaciones, se encuentra la creación del Ministerio Público Fiscal, órgano bicéfalo y autónomo.

Esta modificación, de tamaña envergadura para la ciudadanía fue instaurada con la finalidad de proteger al pueblo desde dos instancias.

Por un lado la Procuración General, de la que dependen los fiscales de todo el país, aquellos que deben velar por los intereses y derechos de la gente. Estos funcionarios llevan la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública.

Del otro lado, la Defensoría Pública, encargada de posibilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia a través de defensores públicos, profesionales idóneos que de manera gratuita, representan a toda aquella persona, que carente de recursos, no pueda acceder por si a una defensa jurídica.

El fiscal Campagnoli

En este marco, los fiscales federales que se sumaron a la marcha ciudadana, Ricardo Sáenz, José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Carlos Rivolo, Germán Moldes, Martín López Perrando, Carlos Donoso Castex, Luis Cevasco y Raúl Plé entre otros, marcharon porque los rige un deber, responden a sus funciones de acompañar y defender los intereses de la gente.

Pero entonces, si fiscales y jueces cumplen con su deber, ¿Por qué marchó el ciudadano?

La muerte de Nisman, evidenció un submundo del poder “ilegal” que traficaría influencias y negocios, pero además, puso sobre el tapete la más cruel realidad, una Argentina desbordada, con límites sinuosos, sin garantías, sin derechos para aquellos que piensan distinto o incluso, cumplen su rol.

Los argentinos no se rinden y darán pelea a la incertidumbre y el desasosiego que invadió la vida cotidiana tras la muerte de Nisman.

Un pueblo quebrado por el dolor, pero de pie que honra a un hombre que cumplió con su deber.

Ante la mirada del mundo, Argentina enfrenta el mayor de los desafíos, recuperar su propia voz, la palabra genuina de un pueblo, la credibilidad, la seguridad jurídica, la institucionalidad, la República.

La libertad, igualdad, justicia, identidad, la idiosincrasia, el futuro. Se manifestó por el valor de la verdad.

El 18 F, Argentina cambiará su historia y empieza a forjar un nuevo destino.

Imagen del fiscal Alberto Nisman