EL VIDEO
Discurso de Gabriel Boric
Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy (SAH)
Las instituciones fueron saqueadas. Lentamente, mientras observábamos algún eclipse lunar, se las despojaba de sentido. Se les arrancaban sus objetivos, sus principios, su razón de ser. En algunos casos las excusas que se esgrimían, cuando se las reducía a su mínima expresión, podían ser compartidas. Las Fuerzas Armadas que se creyeron durante décadas la vara con la que debíamos medir no sólo la moral ciudadana, sino la salud de nuestra democracia, eran aporreadas en lo económico, en lo cultural y hasta en el respeto que se le debía tener. Era a la vista de todos, pero lo vimos con indiferencia. Habían causado mucho daño para que su virtual aniquilamiento nos doliera.
Observábamos cómo la Justicia era infiltrada por falsos valores fogueados desde la cumbre del poder pero sin importar desde qué balcón lo mirábamos, nuestro rol era de meros espectadores. Los organismos de control lentamente, eran convertidos en organizaciones de encubrimientos de las tropelías del poder. La única excepción –la Auditoría General de la Nación– era una voz que declamaba en el desierto, desoída por unos e ignorada por otros. El Poder Legislativo, que no legisla ya que ha perdido la capacidad de debatir y de proponer y sólo homologa aquello que el Ejecutivo le envía, también aparece desdibujado. Sin pudor sus miembros hacen explícita su “obediencia debida” como si, temiendo ser juzgados por algún ilícito, necesitaran esconderse tras una excusa que creen absolutoria.
Cada uno de los espacios pensados por los constituyentes para balancear el poder, para hacer realidad la división que convierte en republicana la forma de gobernarnos, fueron cooptados. Frente a nuestro silencio o nuestra complicidad. No quedaron en pie ni siquiera los organismos de derechos humanos que fueron desnaturalizados con tanta crueldad que, a veces, al referirnos a ellos nos olvidamos de su admirable pasado.
Con su varita mágica el Ejecutivo despierta de la modorra a aquellos a los que les quiere encomendar una tarea que entiende trascendente (habremos algún día de saber si trascendentes para sus fines egoístas o para la Nación).
En estos día ha decido “devolver a la vida” a las Fuerzas Armadas. Las incorporó primero a la tarea de asistencia en emergencias y trabajos sociales. No sorprende, es coherente con que los encargados de cuidar la frontera recorran el conurbano y que algunos jefes policiales sean señalados como jefes de bandas de ladrones. Nadie parece estar en el lugar institucionalmente asignado.
Se designó en la Jefatura del Ejército al Teniente General César Milani. No importaron los cuestionamientos que sobre él se cernían. Dudas sobre su pasado en época de la dictadura y controversias sobre su presente. Los dedos que lo señalan como cómplice en la desaparición de algunas personas, no tienen la misma carga que otros dedos que con el sólo gesto de dirigirse contra alguien, determinaron que los huesos de ese alguien se arrumbarán en un gris calabozo. Su cuestionado enriquecimiento actual, no puede descalificarlo en un gobierno plagado de funcionarios ricos.
Se aumentó el presupuesto de la inteligencia militar. Lógico. Estamos siendo víctimas de una “nueva forma de ataque externo”. Los fondos buitres, que quieren quedarse con el petróleo argentino, nos atacan. Ante esta denuncia presidencial corresponde darle a la inteligencia militar todos los medios. Sin esa “hipótesis de conflicto” ni siquiera se los proveía de alguna munición para que de tanto en tanto practiquen tiro. Ahora gastos en infraestructura e inteligencia son imprescindibles…
La gravedad de la denuncia presidencial coincide con otra denuncia: Los “atacantes” pretenden detectar e investigar las cuentas de personajes cercanos al poder que esconderían dineros saqueados a nuestros País. ¿Será mera coincidencia? La titular del Ejecutivo reclamó frente a las Fuerzas Armadas que nos defienda en todos los frentes, incluso “cuando nos quieren agredir económicamente”. Debió recordarles, tal vez lo hizo en privado, que como no pueden actuar en el frente interno, no deben defendernos de los que nos agreden económicamente dentro de nuestras propias fronteras.
La deuda externa es un tema del Congreso. Durante casi una década fue administrada, no sólo sin su participación sino sin su conocimiento. Las cláusulas ocultas y el secretismo, fueron naves insignias en todas las negociaciones emprendidas. Ahora se le envía al Parlamento el Proyecto de Ley que deberá ser aprobado por quienes no quieran integrar el ejército enemigo que viene por nuestra dignidad.
“Son momentos difíciles en los que el país es agredido no por batallas o navíos. La independencia de un país hoy se juega en ámbitos más sofisticados y sutiles, pero no menos dañinos y más nocivos para la salud de la República. Hay que defender la dignidad del país” agregó la Presidente en su mensaje.
Conforme nuestra Constitución ¿no se debería incluir la participación del Parlamento en el cambio de rol de las Fuerzas Armadas? Tal vez para conmemorar los 20 años de su reforma, sería bueno que intentáramos poner en vigencia algunos de sus mandatos.
¿Debemos pedirle a las Fuerzas Armadas que nos resguarden de la impericia de los diferentes poderes del Estado? ¿Debemos concederle al juez Thomas Griesa la inteligencia de haber previsto “las nuevas riquezas descubiertas por YPF” y en razón de esto actuar para perjudicarnos? ¿Cuándo lo supimos, antes o después de otorgar la jurisdicción para resolver nuestros conflictos a la plaza de Nueva York?
Dentro de este marco de inseguridades y corrimiento de roles, se envía al Congreso el “proyecto de ley de abastecimiento”, tendiente a crear un marco regulatorio en el proceso de formación de precios, endureciendo el control del Estado en materia de abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios.
La discrecionalidad que le otorga a la autoridad de aplicación, la falta de parámetros objetivos, el otorgamiento de la llave para ingresar al corazón de las empresas cuando lo entienda “estrictamente necesario”, la aplicación de sanciones sin intervención judicial -con apelaciones posibles sólo una vez que se deposite la multa determinada por ante el organismo que la decidió-, no solucionará seguramente ninguno de los problemas económicos que padecemos, pero profundizará la brecha entre las normas de convivencia que la Constitución Nacional diseñó y las disposiciones con las que pretenden regir las conductas de todos. Una administración que ha perdido la credibilidad, por tanta fisura entre la realidad narrada y la que los ciudadanos transitan en lo cotidiano, pretende aumentar aún más su cuota de poder.
En caso “de ser necesario” la Secretaria de Comercio podrá intervenir en el proceso económico, “fijar márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios, incautar, consignar e incluso vender bienes o servicios escasos o en infracción sin juicio de expropiación previa”… Y sigue la enumeración de facultades que ya en los hechos y sin ley que respalde esas actitudes, se ejercieron.
“Multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, revalúen existencias, acaparen materias primas y productos, nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados.”
Para obtener el dictamen favorable de la comisión y poder pasar al recinto para que la ley sea sancionada por la mayoría automática regulada por la obediencia debida, se acordaron algunos cambios significativos. Pese a ello, no se logró cambiar la matriz autoritaria que determina que la medida de todo la da el Ejecutivo. Los demás poderes deben refrendar lo que aquel decida, bajo apercibimiento de ser considerado traidor a la patria o agente de los corsarios que ahora etiquetamos como buitres.
¿Cuál es la finalidad de las leyes que se elaboran? ¿Mejorar nuestra convivencia o asegurar la impunidad de quienes ya decidieron cómo actuar? ¿Tienen como objetivo la previsibilidad de las consecuencias de nuestros actos o la liberación de responsabilidad de quienes las proyectan?
Es difícil hablar de leyes o de jurisprudencia en un momento en el cual, lo que importa no es su contenido sino lo que pretenden ocultar tras su letra.