Natalia Kidd
Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Los mercados en Argentina no acusaron hoy recibo a la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa de conminar al país a informar de sus bienes en EE.UU susceptibles de ser embargados, una medida que el Gobierno minimizó y que para expertos consultados por Efe no tendrá efectos a corto plazo.
Mientras crece la batalla judicial, la bolsa de Buenos Aires cerró hoy en positivo y el dólar apenas se apreció un centavo.
En el marco del litigio que fondos especulativos mantienen con Argentina por bonos en mora desde finales de 2001, Griesa le impuso al país un plazo de diez días para que informe si posee activos en Estados Unidos, no diplomáticos ni militares, que puedan ser embargados para pagar una sentencia a favor de los querellantes por 1.330 millones de dólares más intereses.
La defensa argentina sostiene que no hay bienes de este tipo, pese a lo cual el juez insiste en que se presente la información.
El magistrado no se pronunció, sin embargo, sobre la solicitud de los querellantes de considerar como «alter ego» del Estado argentino al Banco Central, a la empresa de energía estatal Enarsa y a la petrolera YPF, controlada por el Estado, para embargar sus activos.
Los mercados en Argentina prácticamente no acusaron recibo, con los principales índices de la Bolsa de Buenos Aires en positivo -el Merval avanzó el 0,35%- y los bonos argentinos con un ligero descenso promedio del -0,2% en sus cotizaciones en dólares.
En el mercado de divisas, el dólar oficial avanzó hoy un centavo, hasta 9,24 pesos para la venta, manteniendo el ritmo de apreciación que viene experimentando.
El Gobierno de Cristina Fernández ha minimizado la decisión de Griesa por considerar que carece de «consecuencias prácticas» y es «un nuevo fracaso» de los demandantes, liderados por el fondo NML.
El ministerio argentino de Economía recordó que «todos estos años los fondos buitres han intentado embargar, sin éxito, los bienes de Argentina».
Según expertos consultados hoy por Efe, si el juez avanzara con órdenes de embargo abriría otro larguísimo capítulo de discusiones jurídicas en esta batalla iniciada hace doce años.
«No es tan sencillo embargar activos de un Estado: el juez tendría que justificar que no existe inmunidad, que la naturaleza de ese activo corresponde al derecho privado y que por eso procede al embargo», señaló Bruno Tondini, experto del Centro Argentino de Estudios Internacionales.
Para este especialista en derecho internacional, en este tema «hay muchos aspectos controvertidos» y, de ordenarse un embargo, «se abriría una batalla judicial como la que se libró con la Fragata Libertad», cuando en 2012 los fondos intentaron sin suerte embargar el buque insignia de la Armada argentina.
Según Tondin, los activos del Banco Central «no serían bienes embargables ya que estarían alcanzados por la inmunidad», y en cuanto a las empresas «hay que indagar cuál es la naturaleza de cada una de ellas».
«Por ejemplo, YPF es una sociedad que su mayoría accionarial está manejada por el Estado argentino, pero no es una empresa del Estado, ya que tiene participación privada», apuntó el experto, quien recordó que tanto los activos de Enarsa como los de YPF «deberían estar alcanzados por la inmunidad porque hay una ley expresa del Estado argentino -la de hidrocarburos- que así lo establece».
Según el experto, «la legislación del Estado argentino de carácter público debería ser reconocida» por la Justicia estadounidense «porque no se podría avasallar el poder reglamentario de un Estado».
El economista Pablo Tigani coincide en que un embargo abriría un nuevo capítulo en la pugna judicial que podría quedar trunco el próximo año pues, a su juicio, el ganador de las presidenciales de octubre en Argentina buscará zanjar el asunto, bien cumpliendo con la sentencia ya dictada por Griesa, o negociando con los litigantes.
«A medida que pasa el tiempo, la cosa se pone más a favor de Argentina, que en algún momento llegará a un acuerdo», consideró Tigani, para quien no hay un «contexto internacional» favorable para los demandantes porque su actuación ha sido cuestionada por el Fondo Monetario y las Naciones Unidas.