jueves, 5 de noviembre de 2015
Auditor General denuncia que Gobierno argentino busca frenar investigaciones

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- Las últimas acciones del kirchnerismo, a un mes del final del mandato presidencial, para colocar personas afines en órganos clave constituyen un intento de «frenar investigaciones sobre su gestión», denunció a Efe el titular de la Auditoría General de la Nación de Argentina, Leandro Despouy.
«El Gobierno está intentado frenar cualquier investigación crítica sobre gestión y el manejo de fondos, que se han utilizado con gran discrecionalidad y en muchos casos han dado lugar a escándalos», dijo el titular de la Auditoría (AGN), organismo que controla los manejos de las cuentas públicas en Argentina.
El funcionario se refirió así a los dos últimos escándalos que han sacudido a la Auditoría y a la Justicia después de que este miércoles el kirchnerismo impusiera su mayoría parlamentaria para nombrar dos auditores del Estado afines y recibiera un duro revés de la Corte Suprema, que consideró ilegal la designación de jueces subrogantes (suplentes), lo que podría derivar en la suspensión de decenas de nombramientos de personas afines al Gobierno.
En el caso de los dos auditores nombrados por el Parlamento, en una escandalosa sesión que terminó con la retirada de la oposición del recinto, el kirchnerismo busca afianzar su mayoría -con cuatro de los siete miembros de la Auditoría- y blindarse ante un eventual triunfo del candidato presidencial conservador, Mauricio Macri, explicó Despouy.
Según el funcionario, la precipitada designación de los auditores afines al kirchnerismo «expresa una enorme preocupación por la gravedad de las irregularidades señaladas por la Auditoría».
«Aniquilan la posibilidad de otra visión que no sea el oficialismo» en la Auditoría, denunció su presidente, que subrayó la importancia de los temas que investiga el organismo.
«Lo que va a auditar este equipo de nuevos auditores es la propia gestión que ha llevado adelante la presidenta (Cristina Fernández) en el último año y medio», subrayó.
Uno de los nuevos auditores, recordó, «era presidente del Banco Nación y precisamente la Auditoría audita al banco».
«Es una situación paradojal, van a estar personas que van a auditarse a sí mismas», afirmó.
La Auditoría, insistió Despouy en una entrevista con Efe, «ha sido el único organismo que ha ido marcando las irregularidades en el manejo de los fondos, de la administración, de la gestión de los servicios públicos» a través de informes que «han servido de base para denunciar corrupción en la Justicia».
Es el caso, apuntó, de informes relacionados con el programa «Fútbol para todos», que ha supuesto un millonario desembolso de fondos públicos, o las investigaciones sobre el accidente ferroviario que costó la vida a decenas de personas en la estación Once de Buenos Aires.
«Son investigaciones que ponen en una situación muy delicada a altos funcionarios del Gobierno», añadió Despouy, que se refirió en particular al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, condenado ya por recibir dádivas.
«Es muy importante lo que falta auditar. No hemos podido auditar todavía el 2015, lo auditaremos en el 2016, y es el final del mandato de Cristina Fernández», agregó.
Según Despouy, el Gobierno «ha combatido» a los organismos que podían realizar investigaciones críticas sobre su gestión y «el único que ha quedado en pie es la Auditoría, a otros los han anestesiado».
El organismo que preside, añadió el funcionario -de la opositora Unión Cívica Radical-, «se ha transformado en una enorme fuente de consulta permanente por la Justicia y es el único que aporta elementos de peso sobre esta administración y sobre el desempeño de funcionarios de alta jerarquía, como el jefe de Gabinete o el secretario de Transporte».
Despouy se refirió también al duro revés judicial que ha supuesto la decisión de la Corte sobre los jueces subrogantes y opinó que «se está demostrando un comportamiento muy severo por parte de la Justicia, que es una señal muy clara para el futuro».
Una decisión, subrayó, que se produce en un momento en que «gran parte de los expedientes más delicados, donde están comprometidos los altos funcionarios del Ejecutivo, recién está llegando a la fase de las sentencias».
La AGN depende de las cámaras parlamentarias, seis de sus miembros son designados por el Congreso argentino y su presidente es elegido por la primera fuerza de oposición.