Por Marta NERCELLAS, paraSudAméricaHoy (SAH)

Sin importar que los euros se escapen por las ranuras de las cerraduras de cada sociedad comercial que constituyen, para intentar ocultar a los dueños de la fortuna, la orden es: si alguien se anima a preguntar de dónde provienen los dineros fisgoneados, todos contra él.

Hasta hace poco, los hilos se manipulaban desde la Casa Rosada pero eran los muñecos del ventrílocuo los que aparentaban proferir las frases lacerantes que agraviaban al curioso. Ahora, la desesperación, el susto o la soberbia, o tal vez todos ellos juntos, hacen que los gritos surjan desde los escritorios más encumbrados.

Las redes sociales del propio Gobierno pretenden exculpar la incomprensible conducta comercial de empresas privadas donde el nombre de la Presidenta está impreso en letras de molde.  Los tweets de  Cristina Fernández de Kirchner vomitan su enojo contra quien osa preguntarle por su responsabilidad. ¿Cómo se va a cuestionar a quien vino a salvar a la Patria de las redes del Capitalismo y del Imperio?

La orden entonces es: ¡Todos contra él! (ahora le toca el turno al juez Claudio Bonadío) Y los soldados de las huestes oficiales, sin reparo de jerarquía, atacan a como de lugar a los que meten sus narices en la arrugada sábana que intentó tapar negocios incomprensibles. El problemas es que ese “él”, cada vez tiene más nombres propios, cada vez más Jueces, más fiscales, más periodistas, más ciudadanos se desperezan del sopor que daba la bonanza económica y empiezan a descifrar interrogantes y a pedir respuestas.

En Argentina hemos naturalizado hasta lo inconcebible, exabruptos de hechos y de palabras. Parecía que los tilos que abundan en las veredas de nuestras ciudades habían adormecido el espíritu de todos. Escuchamos que un acuerdo político puedo ser calificado como “sedición” por quienes deberían conocer con preciosismo al menos, los delitos que son descriptos en la Constitución y en el Código Penal en forma detallada.

La sedición es un ilícito contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional. No puede el legítimo ejercicio de la oposición política, ser definido como el quehacer delictivo que la norma reclama. Pero, para quienes confunden lo público y lo privado o para mejor decir, para quienes lo público está a su disposición y pueden disponerlo a su antojo, contradecir la voluntad monárquica equivale a intentar destituir a ese poder público e impedir al monarca el libre ejercicio de sus facultades. Convencidos que sólo existen derechos y que el capítulo de las obligaciones fue derogado para quienes ejercen el poder, cualquier intento de control debe ser calificada como criminal.

No importa que el rol sea investigar o controlar. La ira se desatará contra el que lo intente. Los que todavía tienen el poder han construido una pared que no sólo opaca los actos que deberían ser públicos impidiendo que se los conozca, sino que cualquier pedido de información rebota contra una amenaza, una injuria, un agravio o una denuncia exasperada y muchas veces falaz por parte de quienes se creen dueños de la voluntad popular y por eso no tienen que rendir cuentas.

Como en un cuarto de espejos el que denuncia es denunciado. No importa que haya que dibujar (una farsa) para que todo parezca delito. Inclusive se señala al supuesto infractor para decir: él también lo hizo, como si esto restara agravio a la irregularidad cometida por el poderoso que para defenderse, acusa.

En cadena nacional la presidente dice: «No me van a extorsionar» pero, en rigor, debemos “desclasificar” la frase porque lo que parece decir es “no me van a investigar”. Olvida que si es víctima de semejante tentativa lo que debe hacer es la denuncia y no gritar en cadena victimizándose.

Los Jueces deberían aprender de una vez por todas que quienes vinieron a refundar la patria, a salvarnos del caos no pueden ser distraídos con requerimientos de rendición de cuentas o explicaciones de por qué creció desmesuradamente su fortuna, casualmente en la década en la que gobernaron.

Tan seguros estaban que la impunidad sería eterna que, para “blanquear” esos dineros cuya procedencia nunca aclaran, compraron y construyeron hoteles cuyas habitaciones eran “alquiladas” por otro socio. No hacía falta que nadie las ocupara, alcanzaba con que se afirmara que cobraron el alquiler que correspondía. Burda y poco imaginativa la maniobra. Por eso nunca explican cuando se los acusa. Sólo agravian.

La fortuna de quienes nos gobiernan y la de su entorno, aumenta con la misma velocidad que disminuyen los dineros públicos. La torpeza y la angurria los narcotizan y como única explicación a tanto desmadre sólo gritan insultos contra periodistas, jueces y fiscales. Todos son “caranchos” (aves de rapiña) que se animan a escarbar la mugre de sus ilegales negocios.

«Democratizar la Justicia» -según sus palabras- , cambiar el código procesal, inventar que dicha reforma no debe pasar por la comisión Penal de Diputados inventando extravagancias insostenibles… Para ellos, ¡Todo vale para impedir que se investigue!

Edgardo Buscaglia (especialista mexicano en crimen organizado) dijo[1] que la Argentina es un sistema de competencia electoral sin Estado de Derecho y sin controles judiciales. Agregó además que tampoco existían controles patrimoniales ni controles de corrupción política. Advertía sobre lo que significaría esa falta de controles para el país.

La falta de controles primero y el tratar de impedirlos luego, determinaron el deterioro de la red institucional que estamos padeciendo. Cualquier ciudadano cuando cree que una decisión judicial está equivocada, tiene la vía del recurso para que ese error pueda ser subsanado. Cuando una investigación toca alguno de nuestros poderosos funcionarios no puede pensar en la vía legal, en los caminos procesales para ejercer sus legítimos derechos: defenderse, ofrecer prueba, cuestionar.

Sin dar las explicaciones que la denuncia exige, se persigue, se denigra, se cuestiona y se amenaza en forma pública y sin enmascaramiento al funcionario que alzó el dedo acusador. No importa si se trata de un Auditor General de la Nación, un Fiscal, un Juez o un periodista.

Esa denuncia tiene doble valor porque les recuerda que no fueron totalmente efectivos en su propuesta de desarticular todos los organismos de control. Fracasaron en su intento de tomar por asalto la Justicia. Sin embargo, no se desmoralizan. Sólo prometen seguir insistiendo.

[1] Entrevista reproducida en “La Nación”, 19 de octubre del 2014.